El sábado, la Cámara de Representantes decidió acoger nuevamente el texto aprobado por el Senado para la reforma pensional, tras su devolución por la Corte Constitucional por vicios procedimentales. En entrevista con EL TIEMPO, Carolina Hoyos Villamil, directora encargada de Prosperidad Social, detalló cómo piensa realizar la implementación del pilar solidario -si la Corte Constitucional declara exequibilidad de la ley- y aseguró que la entidad está lista para su puesta en marcha.
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Aunque el pilar solidario no fue incluido en el Presupuesto General de 2025, Hoyos afirma que los recursos están asegurados y que esperan comenzar con la implementación plena entre agosto y septiembre. La meta es cubrir a 3,1 millones de adultos mayores antes de finalizar 2025.
¿Cuál es el cambio más significativo del pilar solidario frente a lo que hoy ofrece el programa Colombia Mayor?
En Colombia hay más de 3,1 millones de personas mayores; actualmente, el 63 % son mujeres y el 37 % son hombres. También nos han informado que el 98 % de estas personas está afiliado al sistema de salud y el 79 % al sistema de subsidios. Es muy importante destacar que el 32 % de estos 3.100.000 adultos mayores no cuenta con ninguna fuente de ingreso. Por eso, este pilar solidario representa una esperanza para ellos, ya que al menos les permitirá cubrir sus necesidades básicas: alimentación, arriendo, transporte y acceso a medicamentos, porque hoy en día no tienen ningún tipo de ingreso. En Colombia, la atención a las personas mayores no es un tema nuevo.
Hoyos asegurá que los recursos para el pilar solidario están asegurados. Foto:DPS
Actualmente estamos cobijados por la Ley 100, la cual establece, única y exclusivamente, una cobertura para aquellas personas que se encuentran —como lo señala la misma ley— en situación de indigencia o pobreza extrema. Esa ley, hoy, nos permite atender únicamente a 1.727.000 personas mayores. Lo que busca el pilar solidario es que esa garantía y atención se vuelva universal, extendiéndose no solo a quienes están en situación de pobreza extrema, sino también a quienes se encuentran en pobreza y vulnerabilidad. Según los registros del Sisbén, este grupo supera los 3.100.000 adultos mayores.
¿Y en términos del bono?
Con el pilar solidario, podríamos estabilizar el monto de la transferencia monetaria. Actualmente, los adultos mayores de 80 años reciben $225.000 mensuales, mientras que los menores de 80 solo reciben $80.000. Con la reforma pensional y el pilar solidario, todos recibirían una transferencia mensual de $230.000, garantizando así una cobertura más equitativa.
Esto es fundamental, porque nos permite brindar igualdad en la atención. Con el pilar solidario, se avanzaría hacia una vinculación masiva de personas mayores, ya que hoy vivimos una verdadera tragedia: debemos esperar a que un adulto mayor fallezca para poder ingresar a otro al programa. La actual capacidad, limitada por la focalización, no nos permite vincular a quienes están en pobreza y vulnerabilidad.
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Este es un tema de humanidad. Es reconocer que todos, eventualmente, llegaremos a esa etapa de la vida, y lo mínimo que esperamos es que se nos cuide. Esa es precisamente la labor que realiza Prosperidad Social, una entidad cuya misión es atender a la población en situación de pobreza extrema y vulnerabilidad. Hoy, nuestro foco está centrado especialmente en las personas mayores.
La representante Catherine Juvinao advirtió que el Gobierno no incluyó los recursos para el bono solidario en el presupuesto de 2025, lo que dejaría desfinanciado este pilar. ¿De dónde saldrán entonces los recursos para garantizar esas transferencias a más de 3 millones de personas mayores?
Cuando se aprobó la reforma pensional, ya se había aprobado el plan anual del Presupuesto General de la Nación para 2025. Prosperidad Social ya había radicado el anteproyecto de presupuesto para ese mismo año y, al momento de aprobarse dicho plan operativo, el Marco Fiscal de Mediano Plazo ya establecía unos montos definidos.
Por eso, lo que se acordó con el Gobierno Nacional fue radicar el proyecto de ley sin incluir el pilar solidario, ya que, además, la ley aún no había sido sancionada al momento de aprobarse el POAI (Plan Operativo Anual de Inversiones).
Entonces, el POAI no incluía el pilar solidario, y no podíamos incluirlo porque la ley aún no había sido sancionada por el presidente. La sanción se dio hasta el 19 de julio, por lo tanto, legalmente no era posible incorporar el pilar solidario en el presupuesto de 2025 en ese momento.
Catherine Juvinao, representante a la Cámara. Foto:Prensa Cámara.
Lo que nosotros esperábamos era que el Congreso debatiera el Presupuesto General de la Nación y que, durante ese proceso, se pudiera incluir el rubro correspondiente al pilar solidario en la ponencia para primer debate, ya que en julio la ley ya estaría sancionada. Sin embargo, el Congreso se negó a debatir el presupuesto y, ante esa negativa, el Gobierno tuvo que expedirlo por decreto. Por eso los recursos no aparecen hoy reflejados en el presupuesto, pero eso no significa que el Gobierno Nacional no los tenga. De hecho, ya contamos con los recursos necesarios para comenzar a implementar el pilar solidario.
¿Qué pasará con el programa Colombia Mayor ahora que se aprobó la reforma pensional?
Ambos programas se mantienen vigentes. Lo que se hará es que, durante este semestre, todas las personas que ya cumplen los requisitos harán tránsito al pilar solidario.Hay algunas personas que aún no alcanzan la edad requerida, menores de 60 años en el caso de las mujeres y menores de 65 en el caso de los hombres, y esas se mantendrán en el programa Colombia Mayor. Sin embargo, se tratará de un número muy reducido, ya que la gran mayoría hará el paso al pilar solidario.
Entonces, estas personas harán el tránsito al pilar solidario, y el programa Colombia Mayor irá manteniendo, de forma gradual, un número reducido de beneficiarios que no superará las 200.000 personas en todo el país. A medida que estas personas vayan cumpliendo los requisitos de edad, también pasarán al pilar solidario, ya que la reforma pensional contempla la permanencia de ambos programas.
¿En cuánto tiempo se espera alcanzar la cobertura total de los adultos mayores contemplados en el pilar solidario?
Nosotros ya estamos listos. De hecho, comenzamos a prepararnos incluso antes de que la reforma entrara en vigencia el 1 de julio. En nuestra página web está publicada la resolución con la cual se implementará toda la operación. Estábamos esperando los ajustes finales para actualizarla y volver a publicarla. Aunque los recursos aún no estaban disponibles, ya estamos adelantando toda la operación presupuestal para que los fondos que hoy tiene Colpensiones sean trasladados a Prosperidad Social, a través del Ministerio de Hacienda. Este ministerio hará el giro correspondiente a Prosperidad Social, con el fin de complementar los recursos que actualmente tenemos y garantizar que, al 31 de diciembre, logremos atender a los 3.100.000 adultos mayores, tanto en el pilar solidario como en el programa Colombia Mayor.
Estimamos que la norma entrará en plena vigencia entre agosto y septiembre. Recordemos que, una vez el presidente de la Cámara informe a la Corte Constitucional, esta contará con todos los elementos necesarios para tomar una decisión sobre la exequibilidad o no de la reforma pensional. Independientemente de si la decisión de la Corte se da en julio o en agosto, nosotros ya estamos listos para iniciar. Avanzaremos con el tránsito de las personas que actualmente hacen parte de Colombia Mayor hacia el pilar solidario, y también con la vinculación de nuevos beneficiarios a este nuevo esquema. Nuestra meta es que, para diciembre de 2025, logremos una cobertura del 100 % de la población adulta mayor elegible.
Así celebró el oficialismo la aprobación de la reforma pensional. Foto:Ministerio del Trabajo.
¿Qué ocurrirá si la revisión de la Corte Constitucional no se da en los tiempos que ustedes esperan?
Mantendremos el programa Colombia Mayor. El presidente ha reiterado que esta es una prioridad del Gobierno Nacional, y por eso estamos explorando todos los caminos jurídicos posibles para, al menos, aumentar el monto de la transferencia, ya que actualmente el Gobierno cuenta con los recursos para hacerlo. Además, hemos comenzado a evaluar el tema de la cobertura, que es precisamente uno de los objetivos centrales de la reforma pensional. Lo que sí es claro es que hoy mantenemos firme la apuesta del presidente Gustavo Petro por garantizar la protección de las personas mayores en Colombia.
Hubo una reducción en el presupuesto de Prosperidad Social: pasó de 10 billones a 5 para 2025. ¿Cómo priorizan los programas y manejan ese ajuste presupuestal sin afectar a los beneficiarios?
La instrucción del presidente Gustavo Petro ha sido clara en dos sentidos. En primer lugar, las transferencias monetarias deben mantenerse para aquellas personas que no tienen condiciones ni capacidad para trabajar. Por esa razón, la priorización se orientó, por instrucción directa del presidente, hacia las madres cabeza de hogar con niños menores de 6 años, ya que ellas se dedican al cuidado de sus hijos y, por lo tanto, no pueden acceder al mercado laboral. La segunda línea de priorización está dirigida a las personas mayores que no pueden trabajar ni generar sus propios ingresos. Por eso, el programa Colombia Mayor no ha sufrido ninguna disminución, recorte ni desmejora en sus condiciones.
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¿Dónde sí hubo cambios concretos en los programas sociales?
El cambio se dio en la línea de Colombia Sin Hambre. ¿Por qué? Porque esta línea atiende a hogares no monoparentales, es decir, hogares conformados por mamá, papá e hijos, donde los adultos están en edad de trabajar y generar sus propios ingresos. Prosperidad Social no ha abandonado a estos hogares. Lo que se hizo fue modificar la modalidad de acompañamiento, con el objetivo de fortalecer su capacidad productiva. Ahora, el enfoque está en impulsar iniciativas que les permitan generar ingresos de manera autónoma, a través de proyectos productivos y créditos asociativos. Un ejemplo de esto son las cooperativas que actualmente existen en el país, integradas por mujeres confeccionistas, agricultores o trabajadores del sector turismo, entre otros.
Antes de salir del cargo, Gustavo Bolívar planteó la necesidad de replantear el enfoque de los subsidios. Argumentaba que generaban dependencia y que mantenían a la gente en una especie de estatus que les impedía buscar ingresos propios. ¿Ese planteamiento sigue vigente en la estrategia actual?
Nuestra apuesta es fortalecer la línea del cooperativismo a través del impulso a la economía popular. Necesitamos que, en los municipios, los hogares se asocien, y para ello estamos creando una cooperativa multiactiva de orden nacional que responda a las diversas necesidades productivas de la economía popular. En ese sentido, nuestra dedicación está enfocada, por un lado, en entregar la transferencia monetaria a quienes más la necesitan, es decir, las personas mayores y las madres cuidadoras de niños menores de 6 años;, y por otro, en fortalecer con asistencia técnica, créditos e insumos las iniciativas de economía popular. Estas iniciativas son, en realidad, las que dinamizan la economía y las finanzas locales en los municipios.
Un cambio estructural que estamos impulsando tiene que ver con la forma en que tradicionalmente se ha gestionado la seguridad alimentaria. Hasta ahora, la política social ha consistido en entregar paquetes de alimentos en los territorios más vulnerables, con hasta tres entregas por hogar de productos con alto valor nutricional. Este año, nuestra apuesta no es solo garantizar el acceso a los alimentos, sino también fortalecer la economía local. Por eso firmamos un convenio con la Federación Nacional de Tenderos (Fenaltiendas), con el objetivo de convertir esos paquetes en bonos canjeables en las tiendas de barrio, ubicadas en las mismas comunidades donde viven las personas en situación de pobreza extrema.
La visión que impulsa esta estrategia, y que ya venía siendo planteada por nuestro anterior director, es transitar de una política puramente asistencial a una política de fortalecimiento productivo. En lugar de limitarse a entregar subsidios, buscamos acompañar a quienes tienen capacidad de generar ingresos, ofreciéndoles herramientas reales: créditos, bonos de alimentos, capacitación e insumos. Porque es más eficaz, y más justo, ayudarlos a fortalecer sus negocios y su autonomía económica.
Gustavo Bolivar renunció a Prosperidad Social para aspirar a la presidencia. Foto: Foto: César Melgarejo.
Estamos en medio de una nueva campaña electoral. ¿Cómo se blindan para evitar que los subsidios y recursos que entrega Prosperidad Social sean utilizados con fines políticos?
Aquí, internamente, hemos sostenido una conversación sistemática sobre este tema, porque esta entidad, al tener la capacidad y el alcance para llegar a todos los territorios, también debe garantizar que los recursos lleguen de manera transparente a quienes realmente los necesitan. Por eso, hemos creado varias líneas de garantía para evitar posibles irregularidades. Lo primero ha sido el fortalecimiento de nuestra estrategia antifraudes. Hemos desarrollado un sistema de información robusto que nos permite identificar con precisión quiénes están recibiendo los beneficios. Esto es fundamental, ya que en los registros históricos de la entidad se han encontrado casos en los que se hicieron pagos a personas que no estaban en condición de pobreza.
Ese es nuestro primer filtro: activar el cruce de información entre todas las bases de datos, no solo las de Prosperidad Social, sino también las de otros sectores, con el fin de asegurarnos de que los recursos lleguen a quienes realmente los necesitan. Lo segundo es que los programas que actualmente está desarrollando Prosperidad Social en los territorios se están ejecutando de manera directa con organizaciones sociales y comunitarias. Esto nos permite garantizar que sean las propias comunidades quienes cuiden sus recursos y vigilen su correcta distribución, evitando así que estos programas se utilicen con fines políticos. Porque, en efecto, no faltan los casos, y ya lo hemos evidenciado, en los que programas financiados por el Gobierno Nacional, como Colombia Mayor, son apropiados por algunos alcaldes para sacar provecho político, pese a que son iniciativas del nivel nacional.
CAMILO A. CASTILLO
Redacción Política
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