Santiago. Durante la última década, se ha documentado un alarmante incremento en la violencia contra los activistas ambientales a nivel mundial, con al menos dos mil personas asesinadas en su lucha por la protección de sus territorios. Este fenómeno es especialmente crítico en América Latina, que ha sufrido el 85 por ciento de estos crímenes. Esta situación ha sido destacada por diversas organizaciones de derechos humanos y la Comisión Económica para América Latina y América del Caribe, subrayando la grave amenaza que enfrentan los defensores de los derechos ambientales en la región.
En el año 2023, se reportaron 196 asesinatos de activistas, donde casi la mitad de las víctimas eran indígenas o afrodescendientes, lo que revela la particular vulnerabilidad de estos grupos en el contexto latinoamericano. Esta parte del mundo ha sido identificada como la región más peligrosa para quienes defienden el medio ambiente, una realidad que se agrava con la falta de regulación efectiva en actividades extractivas y otras violaciones a los derechos humanos.
Los datos fueron presentados en la capital chilena y reflejan la investigación contenida en el informe global 2023/24 de una ONG con sede en Inglaterra. Este documento expone de manera contundente los vínculos alarmantes entre la destrucción del medio ambiente, la corrupción sistémica y las graves violaciones a los derechos humanos en la región. “América Latina, que concentra el 85 por ciento de estos crímenes, se consolida como la región más peligrosa para quienes defienden el medio ambiente, lo cual ocurre en el contexto de una creciente proliferación de actividades extractivas e ilegales que operan sin un marco regulatorio eficaz”, afirmaron los investigadores.
Recientemente, el tercer foro sobre el tema se celebró en Saint Kitts y Nevis, donde se reunieron delegados estatales, líderes comunitarios y organizaciones sociales con el objetivo de fortalecer el plan de acción impulsado por el Acuerdo de Escazú, que busca proteger los derechos de los defensores ambientales en la región. El informe global 2023/24 también destaca la gravedad de la situación en Colombia, donde se registraron 79 asesinatos; Brasil, con 25; y México y Honduras, cada uno con 18, así como Filipinas con 17. De los 18 países en los que se produjeron estos crímenes, 11 pertenecen a América Latina, lo que subraya la urgencia de abordar esta crisis.
Además, el líder guatemalteco del JUC, una organización dedicada a defender los derechos ambientales en la región, enfatizó la necesidad de proporcionar apoyo psicológico y legal a las familias y sobrevivientes de defensores asesinados. “A menudo son mujeres viudas y con niños e hijas menores que no cuentan con ninguna protección ante posibles represalias”, afirmó con preocupación.
Jamner Manehuari, coordinador de organizaciones indígenas, también comentó sobre la situación, subrayando que “debemos organizarnos, porque existe una marcada falta del Estado en la aplicación de las normativas de protección”. Es evidente que los líderes locales no reciben la misma protección que los artistas o figuras públicas en sus luchas sociales.
El Acuerdo de Escazú, firmado en 2018 y vigente desde 2021, representa el primer acuerdo regional que establece medidas para garantizar la protección del medio ambiente, priorizando la seguridad de mujeres, jóvenes y comunidades indígenas en este ámbito. Sin embargo, a pesar de su importancia, solo 17 países han ratificado el acuerdo. Countries como Brasil, Guatemala, Costa Rica y Perú, que enfrentan altos niveles de conflicto, aún no se han sumado a la ratificación, limitando así el alcance de las protecciones que el acuerdo podría ofrecer.
