En un significativo acto de rendición de cuentas en la región, Perú condenó al ex presidente Ollanta Humala el pasado martes en un tribunal. Esta decisión se produjo tras ser hallado culpable de lavado de dinero, específicamente por haber recibido la impresionante suma de $3 millones en contribuciones ilegales provenientes de la constructora brasileña Odebrecht, dinero supuestamente destinado a respaldar sus campañas presidenciales de 2011 y 2006, respectivamente, en colaboración con el gobierno venezolano.
Humala, ahora de 62 años, fue arrestado en la sala del tribunal al finalizar la lectura del veredicto, que concluyó un proceso judicial que se extendió por más de tres años. Este resultado marca a Humala como el segundo ex presidente peruano en recibir una condena dentro del contexto de la gran trama de corrupción vinculada a Odebrecht, que ha salpicado a un total de cuatro presidentes en el país.
El ex presidente de Perú Ollanta Humala (c) es llevado por la Policía Nacional después de escuchar su castigo. Foto:Efusión
Por su parte, su esposa, Nadine Heredia, quien tiene 48 años, también fue condenada a una larga pena, siendo considerada como el “cerebro” detrás de las decisiones tomadas por Humala. Ella enfrentó una sentencia de 15 años de prisión por su propia implicación en el lavado de dinero.
A pesar de la gravedad de la situación, Heredia había participado de manera virtual en la audiencia, pero antes de su condena, se refugió en la embajada brasileña donde, junto con su hijo menor, recibió asilo diplomático del gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva. El miércoles por la noche, madre e hijo ya se encontraban en São Paulo, Brasil.
A pesar de la condena, el periódico ha resaltado la notable capacidad institucional que ha mostrado Perú para investigar y procesar casos de corrupción. Sin embargo, la combinación de desconfianza institucional y resistencia a los métodos corruptos revela que la lucha contra la corrupción aún enfrenta retos profundos que exigirá reformas estructurales a largo plazo.
Esta es la primera vez que un ex presidente en la región ha sido condenado por el delito específico de financiamiento ilegal de campañas vinculado a Odebrecht.
Eduardo Ruiz, analista en asuntos de control andino, manifestó que en las últimas tres décadas, seis presidentes peruanos han estado bajo investigación o han sido condenados por actividades relacionadas con la corrupción. Esto contrasta con otros países de la región, donde la falta de voluntad política y la debilidad de las instituciones han obstaculizado tanto las indagaciones como la imposición de sanciones efectivas.
El abogado penal y procesal Juan Francisco Navarrete Riveros también comentó que la sentencia de Humala establece un precedente significativo, dado que “esta es la primera vez que un ex presidente en la región ha sido condenado por el delito específico de financiamiento ilegal de campañas vinculado a Odebrecht”.
No obstante, enfatiza que para que este tipo de decisiones judiciales se conviertan en un cambio estructural, sería necesaria una ola de sentencias similares en otros países de la región. “Sin este contexto, la situación podría ser interpretada como un caso aislado, más impulsado por una circunstancia institucional particular en Perú que por un cambio continuado a nivel regional”, agrega.
¿Qué significa la condena de Humala para la percepción de la corrupción en Perú en comparación con América Latina?
Heredia, esposa del ex presidente, Ollanta Humala. Foto:Efusión
La condena de Humala se da en un contexto que contrasta notablemente con la situación en Brasil, donde se origina el escándalo de Odebrecht. Allí, las investigaciones bajo la operación “Lava Jato” han llevado a numerosas condenas, incluyendo ciertos casos que, según la legislación, cuentan con niveles de severidad similares al del caso de Humala.
También han sido juzgados e investigados otros políticos prominentes de América Latina, como el ex presidente de El Salvador, Mauricio Funes (2009-2014); el vicepresidente de Ecuador, Jorge Glas; el ex ministro de Comercio, Juan Temístocles Montás Domínguez; y el ex ministro y aspirante presidencial de Guatemala en las últimas elecciones, Manuel Baldizón, entre otros.
A pesar de esto, en países como Colombia, México y Argentina, los avances han sido más lentos o marcados por la politización de los casos, sostiene Ruiz. La constructora Odebrecht, que reconoció haber repartido cientos de millones en sobornos y donaciones ilegales en diversas naciones de la región desde principios del siglo XXI, sigue siendo un símbolo de corrupción en América Latina y su escándalo ha reverberado en gran parte del continente.
Es imperativo llevar a cabo reformas profundas que aseguren la transparencia en las subvenciones, establezcan límites reales para las donaciones privadas, creen mecanismos de control independientes y efectivos, y apliquen sanciones ejemplares a quienes infrinjan la ley.
En el contexto concreto de Perú, el escándalo Odebrecht también salpicó a otros ex presidentes como Alan García (2006-2011), quien se suicidó en 2019 antes de ser arrestado; Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), quien continúa estando bajo investigación; y Alejandro Toledo (2001-2006), quien fue sentenciado en 2024 a más de 20 años de prisión por haber recibido pagos millonarios a cambio de proyectos de infraestructura durante su mandato.
No obstante, “mientras que otros ex presidentes peruanos han sido investigados principalmente por corrupción directa, como recibir sobornos a cambio de contratos, el caso de Humala se centra en el financiamiento ilegal de campañas, financiadas con fondos de Odebrecht”, argumenta Navarrete.
“Este es un aspecto legal fundamental: no se trata solo del uso del poder público para enriquecerse, sino cómo acceder a dicho poder a través de recursos de origen ilegal”, añade el abogado.
¿Qué tipo de cambios deberían considerar los países luego del caso Odebrecht? La economía es la más afectada
El presidente de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva. Foto:AFP
De acuerdo con Ruiz, el caso Odebrecht también pone de manifiesto la necesidad urgente de fortalecer los marcos regulatorios y de control. “Se requieren reformas profundas que aseguren la trazabilidad en las subvenciones, establezcan límites reales en las donaciones privadas, implementen mecanismos de control eficientes y autónomos, y apliquen sanciones ejemplares a aquellos que infrinjan la ley”, señala.
A pesar de que el escándalo ha generado una mayor conciencia sobre la corrupción en el ámbito de la contratación pública, las reformas estructurales han sido limitadas y desiguales en la región.
“En ciertos países, se han adoptado reformas y mejoras normativas, como licitaciones electrónicas más transparentes y requisitos de cumplimiento más estrictos. Sin embargo, en muchos otros el enfoque sigue siendo opaco y discrecional, especialmente en las relaciones entre la política y las grandes corporaciones que trabajan con el estado, creando un área de alto riesgo”, explica Ruiz.
Ex presidente peruano Alejandro Toledo. Foto:AFP
Los expertos alertan sobre el impacto severo que estos escándalos tienen, especialmente en la percepción pública y la confianza en las instituciones de los diferentes países afectados.
En Brasil, por ejemplo, se estima que el escándalo causó una pérdida de más de $250,000 millones en el valor de mercado de Petrobras y la cancelación de proyectos de infraestructura valorados en $16 mil millones en seis países, los cuales estaban relacionados con Odebrecht, lo que resalta cómo los gobiernos han enfrentado pérdidas económicas colosales mientras que los resultados legales han sido limitados, con pocas recuperaciones significativas.
Adicionalmente, los costos de las investigaciones se han elevado, sin que se observan avances significativos.
Es poco probable que en el corto plazo se vean procesos legales similares en otros países latinos, dado diversos factores, como la falta de independencia del poder judicial, la corrupción en las instituciones gubernamentales y la debilidad de los sistemas de control interno.
Si bien el escándalo tuvo un efecto disuasorio temporal, los incentivos para la corrupción aún permanecen, y la dinámica entre las élites políticas y comerciales no ha cambiado sustancialmente. Esta combinación de factores reduce significativamente la probabilidad de que se repitan casos como el de Humala en el resto de la región”, concluye Navarrete.
Por su parte, Ruiz hace énfasis en que es poco probable que se repliquen procesos legales similares en otros países en el corto plazo. “Esto se debe a varios factores: la falta de independencia del poder judicial, la corrupción en las instituciones públicas y la debilidad de los sistemas de control interno. Además, el caso Odebrecht ha sido obstaculizado o ralentizado por presiones políticas, situaciones de impunidad y la falta de interés genuino en asumir alta responsabilidad ante la justicia”.
Stephany Echavarría Niño – Editor internacional – @Spephavaria
Este artículo tuvo la colaboración en Geera de Juliana Castellano y Carlos José Reyes García de Bogotá.
