En septiembre de 2022 se producía el ataque submarino a Nord Stream, el gasoducto que unía a Rusia y Alemania. Tres años después, un sospechoso permanece en prisión, pero el caso sigue ejemplificando las contradicciones entre países europeos.
“Si tus olas en alguna parte están furiosas, más lejos, en alguna otra zona, están en la calma más completa”. Ésta es una de las frases que, en pleno arrebato romántico, Isidore Ducasse dedicaba al océano en el primero de Los cantos de Maldoror. Si algún día, dentro de muchos años, cuando los investigadores puedan acceder libremente a la información clasificada, alguien se decide a escribir un libro sobre el sabotaje al Nord Stream, podría usarla como cita al comienzo del mismo y añadir inmediatamente su continuación: “No eres como el hombre que se detiene en la calle para ver a dos bulldogs agarrándose del cuello, pero que no se detiene cuando pasa un entierro”.
A día de hoy la responsabilidad por la cadena de explosiones que el 22 de septiembre de 2022 inutilizó Nord Stream 1 (NS1) y Nord Stream 2 (NS2) sigue siendo objeto de especulación. Las investigaciones que pusieron en marcha las autoridades de Suecia y Dinamarca se cerraron en febrero de 2024 sin identificar al culpable. Un muy controvertido artículo de febrero de 2023 del periodista Seymour Hersh lo atribuyó a los servicios secretos estadounidenses.
Myhaylo Podolyak, asesor del presidente ucraniano, Volodímir Zelensky, acusó en su día a Rusia de estar detrás de las explosiones y calificó lo sucedido de “un acto de agresión” contra la Unión Europea. El responsable de los servicios secretos rusos para el exterior (SVR), Serguéi Narishkin, apuntó a finales de octubre, sin mencionar el caso explícitamente, a los servicios de inteligencia británicos y europeos, los cuales, dijo, “en su impunidad han puesto a prueba los límites de lo permisible”, y agregó que Rusia espera otras provocaciones y acciones de sabotaje por su parte en el Mar Báltico y en el Mar Negro.
Varios estados europeos son, en efecto, como el hombre que se detiene en la calle para ver a dos bulldogs agarrándose del cuello, pero que no se detiene cuando pasa un entierro. El sabotaje contra el Nord Stream ha tenido un impacto colosal para Alemania: aunque en el momento de las explosiones Alemania había dejado de importar gas natural ruso, el daño a Nord Stream hace muy difícil que el gasoducto —construido como una conexión directa que evitaba los países de tránsito que habían de cruzar gasoductos como Druzhbá y Yamal-Europa y que en el pasado habían sido fuente de disputas que afectaban la circulación del gas hasta su llegada a territorio alemán— pueda volver a funcionar a corto plazo incluso en el escenario, hoy poco probable, de que Berlín y Moscú normalicen sus relaciones diplomáticas, una cuestión que a pesar de todo reaparece periódicamente en los medios alemanes por la presión creciente de una situación económica que no parece mejorar.
Y si bien no es el único motivo de la crisis que atraviesa en la actualidad el modelo industrial alemán —algunos medios hablan de “desindustrialización”, sin cortapisas—, el fin de la importación de gas natural ruso y su sustitución por otras fuentes —sobre todo gas natural licuado (GNL) procedente de EEUU y obtenido mediante fracturación hidráulica (fracking) o de países cuyas credenciales democráticas no son precisamente mejores que las de Rusia, como Qatar o Azerbaiyán— sí que ha sido un factor determinante en la pérdida de competitividad. El eurodiputado alemán Fabio De Masi (Alianza Sahra Wagenknecht) ha definido “la espiral sancionadora” como un “suicidio a plazos de Europa”: “Los Estados Unidos hace tiempo que siguen importando uranio de Rusia mientras que al mismo tiempo, con el encarecimiento de la energía, se destruye nuestra industria y hemos estrangulado los salarios reales.”
Cui prodest?
El arresto el pasado mes de agosto de Serhiy K., un ciudadano ucraniano de 49 años, en el municipio italiano de San Clemente, mientras se encontraba de vacaciones con su esposa y dos hijos, es el último episodio en la investigación alemana sobre el sabotaje a NordStream, que se inició en octubre de 2022 y se ha llevado a cabo entre un considerable (y acaso necesario) secretismo: las preguntas de la entonces diputada de La Izquierda Sahra Wagenknecht en octubre de 2022 –al Ministerio de Economía y el Ministerio de Asuntos Exteriores– o de Alternativa para Alemania (AfD) en julio de este año –al gobierno federal– quedaron sin respuesta.
De acuerdo con la orden de arresto de la justicia italiana, el detenido, con vínculos con las Fuerzas Armadas de Ucrania, supuestamente habría dirigido un equipo de al menos seis personas –un marino encargado de pilotar el barco, cuatro submarinistas y un expertos en explosivos– que habría detonado cuatro cargas explosivas con un peso de entre 14 y 27 kilogramos cada una. Como ha afirmado Wolfgang Münchau en EuroIntelligence, los autores del sabotaje “emplearon casi una tonelada de explosivos, algo que no puedes conseguir en la armería local”. Para Münchau, con la revelación de esta información, “de inmediato estaba claro que ésta era la obra de un actor estatal” y que la cuestión pasaba a ser “¿Qué estado?”. La idea, continuaba, “de que ésta fue una especie de empresa financiada de manera privada es para los ilusos”.
El 17 de octubre un tribunal de Varsovia denegó la extradición de otro sospechoso –un procedimiento por lo general rutinario y sin complicaciones entre estados miembro de la Unión– en las investigaciones, un ciudadano ucraniano residente en Polonia, Volodymyr Zhuravlev, y que había sido solicitada por las autoridades alemanas en agosto. Según el tribunal, la justicia alemana no proporcionó pruebas suficientes, sino “información muy general”, y, en cualquier caso, el sabotaje se produjo en el marco de una “guerra justa”, de tal modo que lo que en tiempos de paz podría considerarse un acto de sabotaje, en el contexto “del genocidio ruso en Ucrania” era “una acción bélica con carácter de sabotaje” plenamente justificada.
Como ha observado agudamente Reinhard Lauterbach, a las autoridades alemanas no les quedó otra opción que aceptar a regañadientes el alegato de las polacas, remitiéndose formalmente al respeto a la independencia judicial –el portavoz del canciller, Stefan Kornelius, se limitó a decir que Berlín “había tomado nota”– y a sabiendas que la propia Alemania ha recurrido en el pasado al argumento de la “inmunidad de los estados” para evitar tener que pagar las reparaciones de guerra reclamadas por los tribunales griegos o italianos por las acciones de sus soldados durante la Segunda Guerra Mundial.
El profesor de derecho penal internacional de la Universidad de Gotinga Kai Ambos ha cuestionado la justificación de los jueces polacos en declaraciones al diario británico The Guardian, afirmando que se basa en “un razonamiento que no es de tipo legal” y presenta tintes políticos: “Se trata de una página diciendo que es una guerra justa de Ucrania contra Rusia. No es convincente por varios motivos. No es realmente un razonamiento, es sólo una afirmación. Si quiere argumentarse que éste fue un acto de guerra, ha de establecerse que el gasoducto era un objetivo militar, lo que no es el caso. Es un objetivo civil, no puede atacarse sin más.” Para Ambos, Alemania, en contra de la opinión de los jueces polacos, sí que tiene jurisdicción en el caso, ya que el Andromeda, el yate que supuestamente se utilizó en el ataque, fue alquilado en Alemania.
La decisión venía precedida, diez días antes, por unas polémicas declaraciones del primer ministro de Polonia, Donald Tusk, en la red social X: “El problema con North Stream (sic) no es que explotase. El problema es que fuese construido.” Conviene recordar que el actual ministro de Exteriores polaco, Radoslaw Sikorski, publicó y luego borró un tuit en 2022 con una fotografía del escape de gas resultante de la explosión del Nord Stream y el mensaje: “Gracias, EEUU”.
El ministro de Exteriores de Hungría, Péter Szijjártó, respondió con un dardo contra Tusk al día siguiente empleando su cuenta en esa misma red social: “De acuerdo con Donald Tusk, hacer explotar un gasoducto es aceptable. Es tan chocante que le hace a uno preguntarse qué otra cosa podría explotarse e incluso considerarse olvidable o digna de elogio. Algo es claro: no queremos una Europa en la que los primeros ministros defiendan a terroristas”. Frente a las críticas, Tusk dobló la apuesta, y, durante una visita de la primera ministra lituana Inga Ruginiene, declaró que “ciertamente no está en el interés de Polonia, ni en el interés de la decencia y la justicia, perseguir a este ciudadano o extraditarlo a otro país”.
Aunque las declaraciones de Tusk se han interpretado también en clave interna —como una demostración de fuerza ante Alemania frente a las críticas de sumisión al país vecino realizadas por el partido Ley y Justicia (PiS) de Jarosław Kaczyński (que tras recuperar la presidencia del país en junio aspira a volver al gobierno), y, al mismo tiempo, como una manera de reforzar su posición negociadora hacia Ucrania, de acuerdo con el think tank conservador Klub Jagiellonski—, sus declaraciones, como era de prever, escaparon rápidamente de control. Sławomir Cenckiewicz, asesor del presidente Karol Nawrocki, pidió directamente a Alemania en declaraciones al Financial Times que pusiese fin a las investigaciones. “Si Alemania está investigando a alguien que reside en Polonia que destruyó la fuente de ingresos de la maquinaria de guerra rusa, entonces vemos una clara contradicción entre Polonia y Alemania, especialmente en lo que se refieren a cómo percibimos la realidad después de 2022”, afirmó Cenckiewicz.
“¿Qué es lo que intentan ocultar?”, se preguntaba el ya citado Münchau en otro artículo. En efecto, y como apunta este autor, los obstáculos a la investigación por el sabotaje contra el Nord Stream amenazan con tensar las relaciones entre Alemania y Polonia y producir una nueva grieta en la arquitectura del edificio europeo, que no anda sobrado precisamente de ellas. Como ha escrito este analista, independientemente de lo que uno piense sobre Nord Stream, “la destrucción fue, inequívocamente, un acto criminal”: “Los gasoductos fueron comisionados y construidos de manera legal. Eran propiedad privada. Y ahora sabemos, gracias al fiscal alemán, que un grupo de operativos con vínculos con el ejército y los servicios secretos ucranianos son sospechosos de haber llevado a cabo el sabotaje. Fue, sin ninguna duda, la operación militar de un Estado. Por el comentario de Tusk, pues, uno pensaría que Polonia ahora oficialmente condona un acto de terrorismo.”
Un silencio más terrorífico de una bomba atómica
Cuando se celebre el juicio en Alemania se harán públicos, siguiendo a Münchau, “una buena cantidad de detalles desagradables sobre la operación” y “habrá un considerable énfasis en los vínculos entre quienes lo perpetraron y las potencias que estaban detrás suyo”, por lo que este proceso podría llegar a tener “un profundo impacto en la opinión pública alemana”.
En efecto, de revelarse una participación de Ucrania en el sabotaje a Nord Stream, la paradoja podría condensarse en una sola frase: Alemania ha estado los últimos tres años entregando ayuda financiera y armas, así como cobertura diplomática, al país mismo que ha atentado contra una de sus infraestructuras energéticas clave y precipitado una crisis económica, con todas las repercusiones políticas y sociales que ello comporta. La presidenta de la Comisión Europea, la alemana Ursula von der Leyen, advirtió en 2022 que “cualquier disrupción deliberada de una infraestructura energética europea en activo es inaceptable y conducirá a la respuesta más contundente posible”.
La ironía, en este escenario, podría, incluso, ir más lejos todavía: si, como sostuvo el exdirector de los servicios secretos alemanes (BND) Bruno Kahl, la ‘guerra híbrida’ y el sabotaje ofrecen una base jurídica lo suficientemente sólida como para reclamar activar el artículo 5 del Tratado de la OTAN de defensa colectiva, ¿significaría eso que, en buena lógica, si las investigaciones revelan una participación de las fuerzas y cuerpos de seguridad ucranianos debería entonces el gobierno alemán solicitarlo contra Ucrania, y que, además —y siguiendo en todo momento la lógica y los textos de la Alianza Atlántica— el resto de estados miembro de la OTAN debería aceptar la solicitud alemana y, en consecuencia, dar una respuesta armada contra el mismo Estado al que han estado ofreciendo ayuda económica y militar todos estos años? ¿Qué pasará llegado el caso con las perspectivas de Ucrania de acceder como miembro de pleno derecho a la Unión Europea? ¿Se mantendrá la amenaza de Von der Leyen de 2022 de aplicar “la respuesta más contundente posible”?
Llegado este caso, es claro que el estamento político alemán preferirá correr un tupido velo. Pero incluso si cuenta con la colaboración decidida o involuntaria de los medios de comunicación —cuya influencia, en cualquier caso, va disminuyendo en favor de los medios digitales, más pequeños y ágiles, y de las redes sociales— no hay tela lo suficientemente densa como para encubrirlo: recuérdese que en mayo de 2021, de acuerdo con un sondeo de Forsa, hasta un 75% de los alemanes estaba a favor de la construcción de Nord Stream 2, y que, por partidos, incluso los votantes de Los Verdes eran favorables a la ampliación del gasoducto —Los Verdes (92%), AfD (84%), los liberales del FDP (82%), la Unión Demócrata Cristiana (CDU) (81%) y el Partido Socialdemócrata de Alemania (SPD) (75%)—.
“Cuando acontecimientos públicos de grandes consecuencias –como la explosión del gasoducto Nord Stream– son recibidos con silencio tanto por el gobierno como los medios de comunicación, el silencio mismo se convierte en algo más terrorífico que cualquier bomba atómica”, escribía el artista chino Ai Weiwei –que reside en Berlín– en un texto que el diario Die Zeit se negó a publicar. Al dejar morir por inanición al viejo topo, el partido mejor posicionado por ahora para sacar rédito de este nuevo fracaso alemán será, una vez más, AfD, que ya supera a la CDU del canciller Friedrich Merz en algunas encuestas de intención de voto.
Por, Àngel Ferrero
6 nov 2025
