El Presidente Gustavo Petro ha establecido un ultimátum dirigido a la FARC Anti-Farc, a través de Alexander Mendoza, conocido como Callarcá, exigiéndoles que transfieran las zonas del Magdalena Medio controladas por el grupo a áreas donde opere la fuerza militar, específicamente en la región de Catatumbo. Esta decisión fue inicialmente presentada por el Secretario General, Otty Patiño.
Este mensaje se enmarca dentro de lo que se establece en la Directiva 448 de 2025, una disposición del gobierno que busca cancelar las acciones militares y policiales hasta el 18 de mayo de este año contra estas estructuras armadas. Esto incluye otras agrupaciones que forman parte de las fuerzas independientes de los bloques y frentes (FMI), específicamente el bloque de Jorge Suárez Briceño y el frente de Raúl Reyes.
En el documento se sugiere también que esta extensión de la suspensión de operaciones de disparo, aunque no se denomine explícitamente de esa manera, busca crear un contexto favorable para que los remanentes del FMI avancen hacia el desarrollo del proceso de paz, facilitando su traslado a ubicaciones consideradas seguras.
Se contempla un total de 16 frentes en esta propuesta, pero el texto no proporciona información detallada sobre las condiciones, ubicaciones o logística del proceso. Para comprender este enfoque, es esencial referirse a la Ley 2272 sobre “Paz Total”. En su Artículo 8, se establece que el gobierno, a través de sus representantes, puede llegar a acuerdos con voceros de organizaciones armadas ilegales, en el contexto de un estado de paz, relativo a su ubicación temporal en determinadas áreas.
En tales áreas, según la legislación, se detendrían las órdenes de arresto, incluidas aquellas de extradición, contra los miembros de estas agrupaciones que se encuentren involucradas en el proceso de paz. Esta medida también es aplicable para su transferencia a estas zonas, hasta que el gobierno evalúe y declare la finalización del proceso.
Otty Patiño, Secretario General de Paz, fue el primer en abordar la propuesta. Foto:Sergio Acero Yate. Tiempo
Además, este modelo también podría aplicarse a métodos, diálogos o procesos destinados a proporcionar justicia a estructuras armadas organizadas que se dedican a actividades delictivas y que carecen de un respaldo político definido.
“Asimismo, si las partes llegan a un entendimiento, a solicitud del gobierno y de manera temporal, la aplicación de órdenes de arresto podría suspendirse para ciertos miembros de grupos armados organizados ilegales o estructuras armadas que se dedican a delitos de gran envergadura, incluso fuera de las áreas designadas, a fin de potenciar las actividades del proceso en desarrollo,” indican los marcos normativos sobre “paz”.
¿Cuáles son las áreas posibles para estos traslados?
En marzo, se propuso un plan de transferencia para los ciudadanos, presentado por la oficina del Secretario General. Durante esta discusión, y en la presencia de Gloria Quiceno como parte del equipo del gobierno, Patiño mencionó la necesidad de buscar espacios seguros para garantizar la desmovilización de miembros de este grupo armado ilegal.
La ley puntualiza que estas áreas no deben estar ubicadas dentro de zonas urbanas y deben asegurar la aplicación completa del estado de derecho. “El gobierno definirá cómo operarán las agencias estatales para garantizar los derechos de la población”, asegura el documento.
Asimismo, el gobierno podrá definir otros factores, basados en los acuerdos logrados en la mesa de negociaciones, incluyendo: demarcación geográfica, la intervención de actores nacionales e internacionales en el proceso de dejación de armas y la legitimación de condiciones y obligaciones para la región, así como el impacto de las acciones en dicha área.
Finalmente, esta normativa aclara que estas áreas no se considerarán zonas autorizadas, es decir, no serán espacios donde se renuncie a la autoridad pública y se permita que un grupo armado recupere el control militar y político.
El presidente Petro decretó la situación de emergencia en Catatumbo. Foto:Andrés Carvajal
La región de Catatumbo ha enfrentado, durante los últimos 90 días, una violenta confrontación entre la FARC y el ELN. Según el balance más reciente del PMU creado en la zona, se reportan 64,397 desplazados, 12,887 personas refugiadas y al menos 106 muertos. Estas cifras han sembrado dudas sobre la viabilidad de la propuesta presentada por el gobierno.
Expertos en conflictos y procesos de paz han manifestado sus preocupaciones al respecto. Por ejemplo, el domingo pasado, en una plataforma social, Leonardo González Peraf, director del Instituto de Desarrollo y Estudios de Paz (Indepaz), expresó su inquietud sobre si los opositores de Callarcá aceptarían la propuesta para avanzar en el proceso.
“No se trata solo de una estrategia. Esta es una decisión que coloca a las comunidades en una situación complicada, afectando el control social y las dinámicas de poder. ¿Quién asumirá las consecuencias de las transferencias, el reclutamiento o la extorsión que puedan surgir?” concluyó.
Camilo A. Castillo
Político
X: (@camiloandres894)
