Hace pocos días, el presidente Gustavo Petro abordó un asunto de vital importancia, relacionado con el trauma interno que enfrenta el gobierno en la región de Catatumbo. En su discurso, el presidente anunció que está considerando la posible extensión de la medida que había implementado, en medio de un clima de incertidumbre acerca de su futuro y los progresos reales en los planes de trabajo e intervenciones en un departamento que ha sido inusual en este contexto.
El anuncio fue presentado durante el Consejo de Ministros el 21 de abril, información que fue retransmitida por las estaciones de televisión pública. Este encuentro también abordó otros temas relevantes, como la Fiebre amarilla y la próxima consulta popular. En sus palabras, el presidente fue claro y dijo: “El decreto traumático terminará en dos días. Tengo la intención de evaluar si será renovado. Si el comando oficial nos ataca, entonces tendremos que enviar a los militares de vuelta, aunque espero que eso no ocurra.”
Es relevante recordar que el pasado 24 de enero de 2025, el presidente había proclamado un Choque interno en el noreste de Colombia, afectando la zona de la capital de Cúcuta y dos municipios del César. Esta medida se basó en una norma legal que había estado sin uso por más de una década en el país.
En las afueras de la República. Foto:César Melgarejo/Tiempo
Este instrumento legal otorgó a la comisión Divisiones legislativas inusuales durante 90 días, con la posibilidad de extensión por hasta dos periodos adicionales, como respuesta a la preocupante escalada de violencia que ocurre en Catatumbo, una región estratégica en la frontera con Venezuela.
De acuerdo con fuentes gubernamentales, esta decisión fue adoptada para contrarrestar la confrontación entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las FARC, conflicto que, desde el 14 de abril, ha generado un alarmante desplazamiento de aproximadamente 64,291 personas.
Durante su intervención en el consejo, el presidente convocó a su administración a evaluar en profundidad las obras e intervenciones que debieron realizarse bajo la medida de choque. “No estoy seguro de qué se ha logrado con contratos como los de la Carretera Catatumbo y la universidad, entre otros. Si se pone fin al choque interno, se pierde la oportunidad de ejercer control”, expresó Petro.
Miles de refugiados en Catatumbo han buscado refugio mientras huyen de la guerra. Foto:Andrés Carvajal. Tiempo
hasta el 31 de diciembre, con los nuevos ingresos fiscales, entre los que destacan los correspondientes a “modelos” y el sector petrolero, otros sectores esenciales, como el de infraestructura y el reclutamiento, podrían quedarse en el limbo si la medida no es renovada.
El presidente advirtió, “Si el tiempo se ha perdido, se debe considerar este aspecto. La extensión debe ser una necesidad real y no el resultado de una falta de tiempo”, asegurando que la decisión final dependerá del análisis realizado por sus ministros.
El estudio del choque interno en Catatumbo
Gustavo Petro, presidente de Colombia, durante el Consejo de Ministros. Foto:Presidencia
Paralelamente al debate interno del gobierno, el Tribunal Constitucional se encuentra evaluando la legalidad de la medida. La vicepresidenta de este tribunal, Paola Meneses, debe presentar su propuesta decisiva antes del 28 de abril, y se espera que la decisión final sea anunciada antes del 5 de mayo, en el marco del monitoreo automático que el Tribunal ha solicitado sobre las excepciones presentadas por el gobierno.
Los procedimientos de investigación fueron activados tras la opinión del Ministro de Justicia, Gregorio Eljach, sobre la validez de la medida.
Miles de refugiados en Catatumbo han buscado refugio mientras huyen de la guerra. Foto:Andrés Carvajal. Tiempo
Eljach apoyó la legitimidad de la decisión tomada ante la grave situación que enfrenta Catatumbo, argumentando que se trata de un cambio significativo en las condiciones de seguridad y que, por ende, requiere de medidas excepcionales. En su análisis, también remarcó que desde la mitad del conflicto se han presentado graves violaciones de derechos humanos y del derecho internacional humanitario, añadiendo que el estado ha fallado en cumplir los acuerdos de paz establecidos en 2016 en esta región.
La situación sigue siendo crítica y se espera una pronta resolución por parte de las autoridades competentes.
