En el actual contexto de Catatumbo, que enfrenta serios desafíos humanitarios y sociales, se ha llevado a cabo un diálogo significativo, especialmente en la reunión del martes con South Comuneros, quien es el jefe del Proyecto de Verificación de las Naciones Unidas, Carlos Ruiz Massieu. La reunión se enfocó en la situación de seguridad y los esfuerzos para implementar iniciativas que contrarresten el auge de las economías ilegales en la región. Este tipo de encuentros se han convertido en una fuente de esperanza y un espacio para la cooperación y diálogo claro sobre los pasos a seguir en el ámbito de la seguridad y el desarrollo sostenible.
“Colombia se encuentra hoy en un estado diferente en comparación con los años previos al acuerdo”, señaló Ruiz Massieu. A pesar de los avances, el funcionario de la ONU compartió que una de las preocupaciones más apremiantes sigue siendo la inseguida de los excombatientes, destacando que, en lo que va del año, se han reportado 23 asesinatos contra antiguos miembros de las fuerzas insurgentes. Este dato revela una triste constante de la violencia que aún persiste en varias áreas del país, lo que pone en riesgo los logros alcanzados desde la firma de los acuerdos de paz.
A lo largo de su intervención, Ruiz Massieu subrayó la importancia de la reintegración y destacó que muchos de los excombatientes que depusieron sus armas continúan involucrados en el proceso de paz. Sin embargo, también fue enfático al incitar a la promoción de reformas fundamentales, como la reforma rural. “A pesar de los avances logrados en el proceso de sustitución de cultivos, la implementación de mejoras en este sentido aún es insuficiente en comparación con lo esperado”, expresó.
Ruiz Massieu también hizo hincapié en que la asistencia a los campesinos que se lleva a cabo tras la firma del acuerdo ha sido bastante limitada, y resaltó un plan de transformación que el gobierno pretende implementar en la región de Catatumbo, en el marco de sus esfuerzos por cambiar la situación social y económica de la zona.
Preocupaciones sobre la seguridad en el país
“Con la salida de las armas de FARC, hubo un momento en el que las comunidades en el país podían disfrutar de oportunidades reales de paz, lo que prometía un aumento en la inversión y el turismo. Sin embargo, muchas de estas regiones han empezado a sufrir nuevamente la influencia de grupos armados”, manifestó Ruiz Massieu, enfatizando que el impacto de esta situación ha sido devastador para las comunidades locales, que ahora enfrentan desplazamientos forzados, reclutamiento de menores y una creciente violencia.
A menudo en Colombia se perpetúa una noción errónea: se debe elegir entre paz o seguridad. Ruiz Massieu argumentó que, en el contexto actual, es fundamental trabajar en ambas áreas, creando un ambiente que propicie el desarrollo y la estabilidad. A su vez, Iilda Molano, representante de una asociación que trabaja para erradicar el reclutamiento de menores en conflictos armados, puntualizó que el uso de redes sociales para reclutar jóvenes ha incrementado, lo cual es alarmante. “El año pasado, hemos registrado un incremento en el reclutamiento de niños impulsado por mensajes que incitan a la participación en conflictos a cambio de recompensas”, informó.
Reacciones de los miembros del Consejo de Seguridad
La intervención de Ruiz Massieu fue bien recibida por los miembros del Consejo de Seguridad, quienes expresaron su agradecimiento por la apertura a la conversación con otros grupos armados en el país. El Reino Unido, en particular, llamó a priorizar el plan de choque para implementar el acuerdo de paz propuesto por el presidente Gustavo Petro el año anterior y instó a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) a acelerar sus procesos para garantizar justicia a las víctimas.
“Valoramos la decisión de abrir el diálogo a otros grupos armados, pero aún es evidente que no se han visto resultados concretos”, indicó el representante del Reino Unido, mostrando su apoyo a los esfuerzos de Colombia en este ámbito.
El representante de Corea del Sur, por su parte, se refirió a la crisis humanitaria en Catatumbo, mencionando la presencia de Eln y otros grupos que continúan afectando la estabilidad de la región. “Esto es resultado de los vacíos dejados tras la desmovilización de FARC, entre otros factores. A pesar de que el gobierno ha decretado una política de mano dura, las comunidades siguen pidiendo al estado respuestas claras y eficientes para sus reclamos”, concluyó.
Camilo A. Castillo
Político
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