En la ciudad de Bogotá, el miércoles 23 de abril de 2025, el representante de las Naciones Unidas (ONU), Carlos Ruiz Massie, anunció que se están implementando de manera más eficaz los términos del acuerdo de paz histórico que fue firmado en 2016 con las extintas fuerzas armadas revolucionarias de Colombia (FARC). Este importante acuerdo fue considerado un hito en el proceso de paz del país suramericano, y su adecuada ejecución es crucial para garantizar la estabilidad y el desarrollo de la nación.

“Estoy convencido de que, durante los últimos ocho años, hemos visto progresos significativos. Sin embargo, aún hay mucho por hacer, especialmente en regiones como Catatumbo y Cauca, que han sido afectadas por la violencia de manera desproporcionada”, expresó el Secretario de Seguridad de la ONU mientras se encontraba en una reunión en Nueva York. Allí, subrayó la importancia de la colaboración internacional y el compromiso local para asegurar que los beneficios del acuerdo de paz lleguen a quienes más lo necesitan.

A pesar de los avances logrados, Colombia aún enfrenta desafíos significativos. El país ha sido testigo de varios incidentes violentos en su territorio, particularmente en áreas que son consideradas puntos focales para la actividad guerrillera. Desde el comienzo del año, más de 90 ciudadanos han sido asesinados, un escenario alarmante que se ha intensificado a medida que algunos grupos disidentes de las FARC han rechazado el proceso de paz de 2016 y han reanudado sus actividades armadas.

Recientemente, se han reportado ataques en la región de Cauca, siendo el más reciente un ataque contra una patrulla de la Policía que resultó en un agente herido, aunque su vida no corre peligro, según informes de las autoridades. En Nariño, una región fronteriza con Ecuador, se registraron incidentes similares donde explosivos fueron detonados mientras un vehículo militar transitaba por la zona. Este ataque dejó un civil muerto y también cinco soldados heridos, lo que indica que la violencia y los enfrentamientos siguen siendo una realidad desafiante en el país. Ambos ataques han sido atribuidos a disidentes de las FARC, lo que refleja la continua inestabilidad en las áreas que deberían estar disfrutando de los beneficios de la paz.

El gobierno de Gustavo Petro ha admitido que los retrasos en la implementación del acuerdo de paz son en parte atribuibles a administraciones anteriores, lo que ha complicado aún más los esfuerzos por establecer una base sólida para una paz duradera. En respuesta a esta situación, el año pasado se introdujo un plan de respuesta rápida que se enfoca principalmente en las reformas agrarias, un componente esencial del acuerdo que busca promover una distribución más equitativa de la tierra y mejorar las condiciones de vida en las regiones más vulnerables del país.

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