Las celebraciones del Pacto Histórico por los resultados logrados en las elecciones del 8 de marzo, que aumentaron el número de congresistas tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes -convirtiéndose en el principal partido del país- así como en la fuerza líder dentro del Congreso, continúan evocando un creciente triunfalismo en su militancia. Estamos ante una realidad reforzada por la respuesta disciplinada de su base social al llamado a no votar en la consulta presidencial.
Como enseña la historia de la humanidad, el triunfalismo conduce a conductas de idealización transitoria o temporal, una situación cerebral que impide ver la realidad en todos sus matices, y por tanto facilita la caída en errores por el propio hecho del tamaño excesivo de una parte de la visión, y la reducción o minimización de la otra.
Esta es una realidad que vale la pena considerar y corregir sin demora, porque, aunque los resultados fueron buenos, no son lo suficientemente buenos para asegurar una victoria absoluta en la primera vuelta ni garantizar la continuidad en la gobernancia del país, como resultado de una victoria en la segunda vuelta. Los 4.413.636 votos obtenidos en las elecciones al Senado y 4.338.700 en la Cámara, que garantizan la mayor minoría en la Asamblea Legislativa, aunque superan ampliamente lo logrado en las elecciones de 2022 (2.880.254 para el Senado y 3.099.254 en la Cámara), no rompen el gobierno, ni el gobierno desintegrador de la ciudadanía y las elecciones, un manifiesto en el cuerpo social con una alta abstinencia que continúa en el país (50,65% para el Senado y 52,02% para las Cámaras). Así debía comportarse el comportamiento electoral, aunque sea moderadamente, después de cuatro años de gobierno que prometieron cambios en el país, con avances en la agricultura, el mundo laboral y otros segmentos de la vida social, y específicamente, luego de las medidas económicas y sociales tomadas por el ejecutivo en los últimos meses, con marcado matiz electoral.
A este escenario se llegó luego de una deliberación de largo plazo en el seno del Pacto Histórico, que concluyó con la conformación del partido, resultado de la unidad del conjunto de fuerzas comprometidas por él, y de discusiones y consultas de diversa índole, entre las que destaca la votación de octubre de 2025 en la que se designó a Iván Cepeda como candidato presidencial del cambio. Este es un resultado impuesto a las bases del partido, ya que lo que se proyectó hace unos años en la Cámara de Gobierno fue que, buscando un escenario centrista, que diera espacio a la integración de la alianza lograda en 2022 y que abrió la casa de Nariño al proyecto progresista, la candidatura recaería en Roy Barreras.
De esta manera, el Pacto Histórico cuenta con un candidato con total legitimidad en sus filas, pero con la ‘inria’ de comunistas fuera de ellas. Esta realidad limita su margen de movimiento a favor de formar una alianza presidencial con pico arcoíris: la realidad se ve aún más limitada por el nombramiento de su segunda en el comité, la líder indígena Aida Quilcué, un liderazgo profundo entre su pueblo Nasa-Cauca y otros pueblos indígenas, pero sin suficiente magnetismo para atraer a otros sectores sociales a sumarse a la actual campaña nacional. La fórmula Cepeda-Quilcué refuerza el tono de izquierda radical de la candidatura, algo notable para la militancia, pero no tanto para una amplia franja del electorado colombiano. Esta realidad es aún más pronunciada después de la experiencia vivida con Francia Márquez, la líder del pueblo negro, que también es blanca. ¿Por qué la decisión sobre la fórmula presidencial se tomó sin una discusión amplia entre las fundaciones del Pacto, aunque fuera breve? La explicación de esto, con el impacto que podría tener, sólo se conocerá plenamente si se pierden las elecciones. Y es que en esas circunstancias siempre hay quien sale a cobrar. En poco tiempo todo esto quedará claro.
Mientras tanto, en el bando opuesto, con un sentimiento similar al expresado por el presidente Gustavo Petro y señalando que la sociedad está inconforme con los llamados extremos, el Centro Democrático moderó su lenguaje y sus propuestas, y realizó las primeras consultas internas en las que bloqueó las opciones más extremas, lo que llevó al desgarro de dos pequeños lados de su estructura: uno jefe de José María y otro jefe de José Casé. Félix Lafaurie, y el otro, por el hoy candidato presidencial, Miguel Uribe Londoño. Antes ya estaba concretada la ruptura con Iván Duque, al tiempo que alejaba la propuesta radical de Abelardo de La Esprielle. Todas estas interrupciones, además de la forja en Medellín con Crea, las fuerzas del alcalde Federico Gutiérrez, sumadas a la campaña que se autodenomina El Tigre, a la luz de los resultados electorales, lograron arañar sólo a un pequeño segmento de electores.
Como continuación de esta estrategia electoral, buscando el centro, confecciona un ramo de nueve candidatos para la consulta electoral del próximo 8 de marzo, en el que se distinguen tonalidades azules y grises, lo que abre la puerta al electorado más allá de quienes se identifican con el uribismo. Los resultados de estas consultas refuerzan el giro que experimentó en su discurso y su estrategia electoral, que se vio reforzado por su propuesta de un gobierno de total seguridad, que abre aún más la puerta en esa campaña a opciones no estrictamente derechistas, atreviéndose a incluir líneas programáticas progresistas, como la sustitución de cultivos ilícitos y el aumento de los salarios de los trabajadores. También –y de hecho– la diversidad sexual. Este procedimiento resta fuerza a la campaña de La Espriella, que tendrá que bajar el tono de su retórica beligerante si no quiere verse seriamente mermada en los días que quedan hasta el 31 de mayo, fecha de la primera vuelta presidencial. Otras propuestas que van en esa dirección, como la del señor Uribe Londoño, no escaparán, y todos esos totales de votos se reunirán en un solo cuerpo en junio, antes de la segunda vuelta. Ésta es la lección que deja la reciente experiencia chilena, un espejo que no debe ser ignorado.
El escenario opcional no está cerrado para estas opciones. Está por ver cuánto poder ha logrado Sergio Fajardo, jefe de la agenda tradicional de centro, quien no ha aceptado sumarse a ninguna de las consultas y sólo llega al 31 de mayo, con una apuesta inicial de 897.225 votos, que lograron el 8 de marzo los partidos que lo apoyan. Una docena más de candidatos registrados para la primera vuelta presidencial tendrá poco impacto y aportará poco a las alianzas electorales que definirán la presidencia 2026-2030.
Además, está por ver cómo se comportará Estados Unidos ante esta situación, siempre a la sombra de nuestra realidad, pero siempre activo. Su decisión por el control total de la región espera lo peor, pero, en esta cruzada, como lo demuestran los acontecimientos en Venezuela, no les importa quién esté al frente del país, siempre y cuando acepten cumplir con las exigencias de otro orden que les sean planteadas. Son posibles filtraciones de diferente tono y potencial, facilitadas por la acumulación de inteligencia que siempre tienen sobre el país y sus líderes, y pueden inclinar la balanza electoral en una dirección u otra. Pasarán los días y podremos concretar plenamente cuál es tu decisión. Y para ellos, al parecer, está claro que la fórmula del modelo Miley no tiene cabida en Colombia, tal vez porque aquí ya se vive, y mucho más, desde hace décadas, por lo que malas réplicas de Trump, como Noboa o Kasto, nacen muertas.
Finalmente, como determinaron los ciudadanos el 21 de junio en la segunda vuelta presidencial, la pregunta sigue abierta: ¿cómo asumir el control de la oposición en caso de derrota? Pero, también, ¿cómo dar continuidad al mandato progresista en caso de victoria? Quizás esto último sea el más difícil de determinar, ya que no está claro qué podría significar continuar el curso del cambio, dado el giro de 180 grados que el gobierno de Petro ha dado en su última fase en algunas de sus políticas, como dar rienda suelta a un continuo de conflictos que incluye bombardeos. Considerando la composición de la Cámara y el Senado, donde no hay mayoría, no es pesimista pensar que las reformas que fueron interrumpidas en la actual convocatoria tampoco tendrán más suerte en las próximas. ¿Qué hacer entonces? ¿Jugar a dar los cánones que permitan su aprobación, y arriesgarse a que, como en el caso de las acusaciones de los ministros Bonilla y Velasco, conduzca a los funcionarios a la ilegalidad? Está claro que incluso las reformas más limitadas son inaceptables para los grupos dominantes, por lo que dejar claro lo que se puede y lo que no se puede hacer debe ser imperativo si se quiere que el Pacto Histórico continúe en el gobierno.
En ambos escenarios está presente la agenda constitutiva, que deberá superar una serie de obstáculos para su realización y que, en caso de perder el poder, enfrentará un escenario mucho más desfavorable para su realización. Las fuerzas de la tradición han mostrado repetidamente su oposición a esta iniciativa. En cualquier caso, un escenario reformista que implique cambiar la Constitución puede servir como tema de conversación para activar una agenda social politizada, pero su resultado es incierto en todos los campos, y también podría servir para abrir espacios para una contrarreforma en derechos sociales, algo posible si se pierden las actuales elecciones, y por tanto las mayorías nacionales. Es decir, cuando se conozca el voto de los ciudadanos el próximo mes de junio, se deberá tomar una decisión imprescindible sobre este tema. El riesgo no es pequeño y aquí hay que tomar como ejemplo el caso de Chile, además de que la corrección que se debe buscar en la legislación será obviamente la mejora de las condiciones del poder de decisión de la mayoría, algo que normalmente se deja de lado.
El debate, procesamiento y síntesis de la experiencia de gobierno, vivida en el período de 2022 a 2026, debe ser un tema en cualquiera de los dos escenarios que se derivan de estas elecciones. En caso de victoria, para fortalecer los éxitos, evitar repetir errores y profundizar en la agenda de reformas, cada día con mayor participación y más oportunidades de toma de decisiones, no sólo de opiniones, por parte de la población. En otro escenario posible, para evitar el desaliento, la atomización y la dispersión de la acumulación social, concentrar energías para crear una oposición que supere al Congreso y estimule el protagonismo social para defender e incluso ampliar los logros sociales alcanzados con el Gobierno de cambios.
El desafío está siempre presente: ¿cómo evitar que el aspecto institucional/electoral acabe sofocando el referente de la lucha por el “otro” Estado, que va más allá del actual estado de cosas, algo que es imposible de materializar por simples medios legislativos? Y eso comienza, en las circunstancias actuales del país, por impedir que la mentalidad de los funcionarios imponga una agenda de izquierda, estén o no al frente del gobierno.