Una propuesta impulsada por Donald Trump busca endurecer los requisitos para votar exigiendo documentos que prueben la nacionalidad, aunque votar sin ser ciudadano ya es ilegal y extremadamente raro en EE.UU. Sobre el papel, la iniciativa parece inofensiva: establece controles similares a los de Colombia y otros países donde es necesario registrarse y presentar un documento de identidad para votar.
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La ley exige prueba de nacionalidad antes de poder registrarse para votar. Foto:EFE
Pero en Estados Unidos, la propuesta ha desatado una verdadera batalla política entre republicanos y demócratas. Para estos últimos, es una solución a un problema inexistente, cuyo verdadero objetivo sería limitar el derecho de voto de los sectores más vulnerables e influir en los resultados de las elecciones del próximo noviembre.
El debate se centra en la Ley SAVE America, una iniciativa que fue aprobada por estrecho margen en la Cámara de Representantes la semana pasada y ahora enfrenta un camino mucho más incierto en el Senado.
Pero el presidente Donald Trump aumentó la presión, calificándola de “prioridad legislativa número uno” y amenazando con no firmar más legislación hasta que llegue a su escritorio.
Incluso va más allá y revela claramente sus intenciones. Según Trump, La ley puede “garantizar” la victoria republicana en las elecciones después de la mitad del tiempo o convertirse en su pena de muerte si no se aprueba.
Eso, cuando todas las encuestas apuntan a una victoria demócrata en las próximas elecciones, lo que les devolvería el control de al menos una de las dos cámaras, algo grave para Trump, ya que complicaría su agenda en los dos últimos años de su mandato.
¿Existe realmente el fraude que Trump quiere frenar?
El argumento central del presidente es que la ley es necesaria para impedir que los inmigrantes indocumentados voten en las elecciones federales. También ha insistido, sin pruebas, en que los demócratas están promoviendo este tipo de fraude para cambiar los resultados.
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Las licencias con documentos de identidad reales o pasaportes serán documentos válidos para votar. Foto:Recaudador de impuestos del condado de Palm Beach
Y su razonamiento tiene grandes fisuras. En Estados Unidos, para empezar, ya es ilegal votar si no se es ciudadano. Es decir, no existe ninguna zona gris o vacío legal que requiera tal claridad.
Se trata de una prohibición vigente desde hace décadas, contra la que ya existen sanciones. Pero también, y lo que es igualmente importante, los casos de voto de no ciudadanos son extremadamente raros en el país.
Los datos recopilados por la propia administración Trump proporcionan una dimensión concreta del fenómeno.
De 49,5 millones de registros de votantes analizados recientemente por un sistema de Seguridad Nacional, sólo unos 10.000 fueron remitidos para revisión debido a una posible falta de ciudadanía.
Esto corresponde a aproximadamente el 0,02 por ciento. Y ni siquiera está claro cuántos de esos casos terminaron siendo votos válidos.
En algunos estados, las cifras son aún más ilustrativas. En Florida, por ejemplo, sólo 15 nombres sospechosos aparecieron en una base de datos de 176.000 votantes, y varios resultaron ser ciudadanos registrados por error. En Luisiana, el sistema identificó 403 posibles no ciudadanos entre 3 millones de inscritoses decir, alrededor del 0,01 por ciento.
E incluso si, como dicen los republicanos, un solo voto ilegal es un problema, no hay evidencia de que sea un fenómeno generalizado o que pueda cambiar los resultados. Más bien, se considera una anomalía típica de todos los sistemas electorales.
La ley podría limitar la capacidad de votar. Foto:iStock
En este contexto, los críticos argumentan que la ley no tiene realmente como objetivo luchar contra el fraude, sino limitar la capacidad de votar. Aquí es donde entra en juego el concepto clave utilizado por los expertos electorales y los demócratas, conocido en Estados Unidos como “privación de derechos”, es decir, privar a los ciudadanos elegibles del derecho al voto a través de barreras administrativas.
De hecho, la ley introduce cambios significativos que podrían cambiar la forma en que millones de estadounidenses participan en las elecciones.
La primera es que endurece los requisitos de identificación a nivel nacional. Actualmente, quienes se registran para votar pueden comprobar su elegibilidad con un número de licencia de conducir, los últimos dígitos de su número de seguro social o mediante verificaciones administrativas.
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El proyecto de ley exigiría la presentación en persona de pruebas documentales de ciudadanía, como pasaporte, certificado de nacimiento o identificación militar. Esto limitaría el registro en línea o por correo y obligaría a los votantes a acudir físicamente a los colegios electorales.
Además, impondría el requisito de presentar una identificación con fotografía emitida por el gobierno en los lugares de votación y requeriría que se adjunten copias de dicha identificación tanto para solicitar como para enviar boletas por correo. También ordena a los estados verificar sus registros con bases de datos federales y establece sanciones penales para los funcionarios electorales que no verifiquen adecuadamente la elegibilidad.
¿A quién puede afectar más esta reforma electoral?
El segundo punto es quizás el más controvertido. Millones de votantes elegibles hoy no cumplen con esos requisitos o tendrían dificultades para hacerlo.
21,3 millones de personas en Estados Unidos no tienen documentos que acrediten fácilmente su ciudadanía. Foto:Embajada de Estados Unidos
Un estudio del Centro Brennan y la Universidad de Maryland estima que alrededor del 9 por ciento de los votantes, unos 21,3 millones de personas, no tienen documentos que prueben fácilmente su ciudadanía o no pueden obtenerlos rápidamente.
Además, en 45 estados, las licencias de conducir no indican el estado de ciudadanía, lo que complica su uso como prueba.
Los efectos potenciales ya tienen precedentes. En Kansas, una ley similar aprobada en 2011 logró que casi 31.000 votantes fueran elegibles, alrededor del 12 por ciento de los solicitantes, fue rechazado en el proceso de verificación. Posteriormente, la norma fue anulada por un juez federal.
El efecto tampoco sería uniforme. Las mujeres que cambiaron su apellido después del matrimonio, las ciudadanas naturalizadas, las personas con bajos ingresos o las personas con menos acceso a documentos oficiales pueden enfrentar barreras adicionales para registrarse o votar.
El tercer eje del debate está relacionado con la capacidad de los estados para aplicar la ley. La propuesta exige que los cambios entren en vigor rápidamente, incluso en medio de un ciclo electoral que ya está en marcha, y no proporciona financiación adicional. Las oficinas electorales locales, muchas de ellas con recursos limitados, tendrían que crear sistemas para verificar la ciudadanía, gestionar documentos y adaptar los procedimientos en unos meses.
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En Estados Unidos no existe un documento o documento nacional de identidad único. Foto:EFE
Los expertos advierten que esto podría generar un caos administrativo. David Becker, director del Centro para la Innovación e Investigación Electoral, lo resumió poderosamente para el New York Times al señalar que la ley parece diseñada para “crear caos” en el sistema electoral y no para abordar sus debilidades.
En paralelo, varios estados han advertido que no cuentan con la infraestructura para cumplir con requisitos como la recolección y verificación de copias de identificación para el voto por correo, lo que podría limitar ese mecanismo en la práctica.
El cuarto elemento es el contexto político en el que surge la iniciativa. Trump ha mantenido la narrativa de que las elecciones están llenas de fraude durante años, especialmente desde su derrota en 2020. pese a que varias investigaciones, tribunales y autoridades electorales han concluido que no hubo irregularidades.
Para sus críticos, la Ley SAVE America es parte de una estrategia más amplia para sembrar dudas sobre el sistema electoral y preparar el escenario para cuestionar los resultados negativos.
También existen preocupaciones sobre la gestión de datos. La ley obligaría a los estados a compartir información de los votantes con el gobierno federal, lo que algunos expertos ven como un riesgo. Temen que errores administrativos comunes, como registros duplicados o inconsistencias en los nombres, puedan usarse para presentar reclamos fraudulentos inexistentes.
¿Podrá prosperar la iniciativa?
Más allá de la controversia, el debate revela una característica estructural del sistema electoral estadounidense. A diferencia de muchos países, no existe un documento o documento nacional de identidad único.
Trump ha mantenido durante años la narrativa de que las elecciones están llenas de fraude. Foto:Archivo
Es decir, los votantes utilizan una combinación de documentos, desde licencias de conducir hasta números de seguridad social, y los estados tienen amplia autonomía para definir los requisitos. Esta diversidad es precisamente lo que, según los críticos, hace que imponer una norma federal rígida tenga efectos desproporcionados.
En el frente legislativo, las perspectivas son inciertas. Los republicanos no tienen los 60 votos necesarios en el Senado para superar un obstruccionismo demócrata, que normalmente bloquearía la ley.
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Sin embargo, Trump ha planteado la posibilidad de eliminar ese mecanismo, una medida drástica que permitiría aprobar la legislación por mayoría simple pero que cambiaría profundamente las reglas del juego en el Congreso.
Algunos republicanos han expresado reservas sobre ese camino, conscientes de que poner fin al obstruccionismo podría resultar contraproducente si pierden el control de la Cámara.
Pero la presión que ejerce Trump es tan grande que nadie descarta que pueda aprobarse.
Elecciones en Estados Unidos Foto:AFP
Lo que comenzó como una propuesta aparentemente técnica de identificación de votantes se ha convertido en uno de los debates más intensos sobre la democracia en el país.
En el centro del debate no sólo está la seguridad electoral, sino también el acceso al voto y el equilibrio entre la prevención del fraude y la participación ciudadana.
SERGIO GÓMEZ MASERI – Corresponsal de EL TIEMPO – Washington