El reciente anuncio de la creación de un área de ubicación temporal (ZUT) en el tibetano rural de North-Santander, para 33, está enmarcado en un contexto complejo que incluye la distribución de las FARC, liderada por alias Calarcá. Este evento se produce en medio de un escenario marcado por la sangrienta guerra entre el ELN y el estado en la región de Catatumbo. Sin embargo, este acuerdo también ha sido catalogado por el presidente Gustavo Petro como un paso hacia el “abandono de la violencia”, sugiriendo la posibilidad de una nueva era de paz en la nación.
El documento oficial fue firmado el pasado sábado tras una reunión llevada a cabo en Cucuta, durante la cual se reunieron representantes del gobierno y del grupo armado 33. Esta ZUT se establecerá bajo las condiciones dictadas por la Ley 2272, conocida como la ley de ‘Paz Total’.
Según el gobierno, 104 personas armadas han desistido de continuar en su accionar.
Foto:X Cuenta del presidente Gustavo Petro.
El presidente Petro declaró: “Se establece una zona de paz donde la violencia se ha visto superada en 33 años. Los guerrilleros y sus armamentos se concentrarán allí, marcando el inicio de la paz en Catatumbo”. Este frente está encabezado por los alias Jhon Mechas y Richard, que pertenecen al bloque Magdalena Medio, vinculado al bloque en disputa que incluye a la FARC (Calarcá) y otros actores armados.
Según la ley, en estas ZUT, se suspenderán las órdenes de captura, incluidas aquellas emitidas por extradición, contra los miembros de grupos armados inmersos en el proceso de paz. Además, se prevé que la movilización hacia estas áreas se realice hasta que el gobierno defina claramente el proceso.
El párrafo 3 de la Ley 2272 establece que estas áreas no serán considerados territorios limpios, lo que significa que no se permitirán espacios donde un grupo armado asuma el control militar y político de la población local.
Alias Andrey Avendáño, representante del Frente 33.
Foto:Pensión
El acuerdo también menciona que las partes han presentado diferentes propuestas para la definición del área. “Finalmente, se ha determinado su ubicación con base en factores de seguridad, logística y la supervisión militar de las reservas costeras (ETCR) en la Liga de Guavas, un lugar que ha sido escenario de enfrentar a siete soldados”, se explicó en el documento.
En cuanto a los próximos pasos, la delegación del gobierno ha confirmado que en los días venideros se establecerán los protocolos necesarios para asegurar el funcionamiento y la temporalidad del área. Sin embargo, las fechas específicas para la ejecución, la ubicación exacta y la cantidad exacta de personas que se centrarán en este proceso aún no han sido determinadas, aunque se estima que habría alrededor de 150 miembros involucrados.
La resolución de suspender las acciones ofensivas contra esta estructura armada, firmada por el presidente Petro y vigente hasta el 18 de mayo, está condicionada a la ubicación de estas áreas, con el objetivo de facilitar la transición hacia la vida civil.
Las inquietudes
El presidente Gustavo Petro y el secretario general Otty Patiño.
Foto:Presidencia
Para Ariel Aðila, senador y especialista en conflictos, el acuerdo marca el inicio de lo que él denomina una “paz completa” que busca establecer contratos con estructuras a nivel regional, señalando que “esta es su segunda victoria, tras el acuerdo con los Comuneros de Nariño”. Sin embargo, se precisa que este enfoque no eliminará a otros actores como el Golfo, ELN, o la Primera Línea, lo que podría ser visto como un fracaso en la implementación de la idea original que fue presentada a la sociedad colombiana en su totalidad.
Se muestra que el rendimiento del Frente 33 no se debe a una victoria militar, sino más bien a un triunfo del ELN
Jorge MantillaInvestigador
Expertos consultados por este medio expresan la necesidad de evaluar los cambios sociales que se aplican dentro del contrato, ya que, de lo contrario, se corre el riesgo de que la salida de un actor armado como el ELN se expanda, dejando el control en manos de otros. “La paz no puede ser únicamente el silencio de los rifles; debe implicar cambios tangibles en las comunidades”, afirmó Leonardo González, director del Instituto de Estudios de Desarrollo y Paz (Indepaz).
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Foto:Efe.
El académico Luis Trejo de la Universidad del Norte mencionó que la decisión de retirarse del Frente 33 fue impulsada por conflictos con el ELN. Resaltó que uno de los grandes desafíos que enfrenta el estado es garantizar la seguridad tanto para los miembros del 33 como para las comunidades cercanas a la ZUT, dado que “el ELN ha asesinado a varios integrantes de los acuerdos de paz de la antigua FARC”, lo que obstaculiza la implementación y seguridad de cualquier acuerdo establecido.
La visión de Mantilla coincide con esta preocupación, quien señaló que “el hecho de que el Frente 33 haya decidido no actuar no se puede interpretar como una victoria política, sino más bien como una victoria para el ELN que ha intensificado sus ofensivas en meses previos”.
La situación implica que el estado tiene un desafío monumental en términos de seguridad. “Estamos ante un área que históricamente ha estado dominada por una fuerza hegemónica, y es esencial que las lecciones aprendidas de eventos pasados, como los ETCR de la FARC, donde muchos líderes fueron asesinados —cerca de 500—, no se repitan en esta nueva etapa”, recalcó.
Finalmente, los especialistas advierten que es crucial que todos los miembros del Frente 33 se integren al proceso de paz. En contraste, desde Indepaz se ha subrayado que “este espacio debe contemplar temas como justicia y verdad para las víctimas”. Muchos miembros de este grupo habían firmado el Tratado de Paz de 2016 y, por tanto, tienen la responsabilidad de clarificar su papel en dicho contexto.
Gerson Arias, investigador de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), ha puesto en duda el respaldo del gobierno a este anuncio, señalando que aunque la firma fue realizada por Gloria Quiceno, el coordinador Camilo González Posso no estuvo presente, lo que genera preguntas sobre la cohesión interna dentro de la delegación gubernamental.
“La ausencia de la firma de González plantea interrogantes sobre la solidaridad en la parte gubernamental”, concluyó el investigador, quien además enfatizó que la actual violencia en la región de Catatumbo, donde se han registrado más de 120 asesinatos en lo que va del año, expone la fragilidad de establecer la paz en un territorio marcado por la disputa entre el 33, ELN y otros actores armados.
Las delegaciones trabajarán en los protocolos.
Foto:
Juan Pablo Penagos Ramírez y Camilo Castillo
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