Tras las elecciones presidenciales que tuvieron lugar el 28 de julio de 2024 en Venezuela, la situación de las disidencias ha empeorado drásticamente, reduciendo considerablemente el espacio para la participación ciudadana y evidenciando una continua violación de los derechos humanos. Esta crisis se ve agravada por la compleja emergencia humanitaria que enfrenta el país. Estos son algunos de los hallazgos destacados en el último informe de Amnistía Internacional.
El uso excesivo de la violencia se ha vuelto un patrón común, con abusos severos como detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales y el encarcelamiento de menores que marcaron la segunda mitad del año 2024, todo esto a pesar de las investigaciones en curso por parte del Tribunal Penal Internacional (ICC) sobre la situación en el país.
Se han documentado casos de tortura que ocurren en los centros de detención, afectando incluso a mujeres y niños. Además, se han reportado varios casos de desapariciones forzadas, lo que contribuye a un clima de tensión generalizado en el país”, comentó Nastassja Rojas, subdirectora del Capítulo Internacional de Amnistía Venezuela en una entrevista con .
Entre el 28 de julio y el 1 de agosto, inmediatamente después de las elecciones presidenciales, al menos 24 personas perdieron la vida como consecuencia de la represión estatal en respuesta a protestas contra el gobierno de Nicolás Maduro.
Amnistía Internacional señala que todas las muertes, excepto una, fueron el resultado de disparos y los organismos de derechos humanos atribuyeron estas violencias a la Guardia Nacional Bolivariana, la Policía Nacional Bolivariana, el Ejército y los grupos civiles armados del gobierno, conocidos como “colectivos”.
Foto:Mauricio Moreno. Tiempo
Datos recopilados por la organización muestran que hubo 2,000 arrestos en el contexto electoral, de los cuales 129 eran menores de edad. En diciembre de 2024, el movimiento Vente Venezuela registró 160 miembros detenidos y 34 personas desaparecidas, la mayoría por causas relacionadas con detenciones arbitrarias.
Rojas enfatizó: “La situación de Venezuela se ha deteriorado bajo condiciones críticas de derechos humanos, económicos, sociales y culturales, lo que ha llevado a un empeoramiento general”.
Entre el 29 y 30 de julio, se documentaron 915 protestas, de las cuales 138 fueron reprimidas violentamente. Asimismo, el año pasado documentó 979 ataques contra defensores de los derechos humanos, lo que representa un aumento significativo en comparación con los 524 incidentes reportados en 2023.
Estas alarmantes circunstancias han posicionado a Venezuela en el último lugar (142) en el índice global de estado de derecho 2024.
Los casos de tortura han sido reportados en los centros de detención, incluyendo a mujeres y niños entre los afectados. También han sido notificados múltiples casos de desaparición forzada, generando un ambiente de gran tensión.
Nastassja RojasSubdirectora Amnistía Internacional, Capítulo Venezuela
El informe advierte que “la crisis multifactorial de Venezuela provoca un flujo migratorio continuo, siendo Colombia su principal destino”, lo que implica que la región debe coordinar esfuerzos para prevenir un mayor deterioro del estado de derecho, no solo en Venezuela, sino en el continente en su conjunto.
Amnistía Internacional subraya que la crisis de derechos humanos en Venezuela no solo compromete las condiciones de vida y la dignidad de su población, sino que también actúa como un “factor de expulsión”, impulsando la migración forzada, lo cual explica que 7,8 millones de venezolanos se encuentren en el exilio actualmente.
Continuas demandas por la liberación de colombianos encarcelados en Venezuela Foto:Ana Rodríguez Brazón/
Respuesta migratoria en América Latina
La crisis en Venezuela impacta de manera significativa a América Latina, que también ha visto un notable descenso en la defensa de los derechos y la protección de los defensores, tal como señalan Nastassja Rojas y Camilo Vargas, responsable de las campañas internacionales de Amnistía en Colombia.
Ambos destacaron el deterioro global en la situación de los derechos humanos, con un enfoque especial en el aumento de la movilidad humana que va acompañada de medidas restrictivas, “lo que pone en riesgo la dignidad de los migrantes”.
El informe indica una situación alarmante en Colombia en cuanto a la garantía de los derechos de la población migrante venezolana, a pesar de que se han puesto en marcha programas iniciales de recepción.
Vargas subrayó que ha habido una clara reducción en el acceso a servicios de salud, educación, justicia y derechos de identificación para los migrantes, lo que se atribuye a “la falta de coordinación institucional, la normalización de la crisis migratoria y la desatención hacia las necesidades de esta población vulnerable”, comentó.
Esto se agrava aún más por una grave crisis de derechos humanos, caracterizada por la desplazamiento forzado, amenazas y asesinatos de defensores de derechos, todo con altos índices de impunidad.
Vargas agregó que “la ausencia del estado de derecho se intensifica en varias regiones del país, que se encuentran bajo el control de actores armados, exacerbando así la situación de vulnerabilidad”.
El informe de los expertos concluye que, especialmente respecto a Venezuela, existe la necesidad de un mejor funcionamiento del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, que se ha mostrado robusto, pero que enfrenta un marked deterioration en la garantía de derechos, especialmente tras la pandemia, lo que genera preocupación en la Red.
Una de las reflexiones de Amnistía es sobre el llamado a la institucionalidad y a aquellos en el poder. “Estamos instando al estado a asumir su responsabilidad internacional, pero en estos contextos difíciles, es evidente que existe una renuencia por parte del estado a facilitar diálogos y garantías de derechos para sus ciudadanos”, concluyó Rojas.
Ana María Rodríguez Brazón
Corresponsal
Caracas
