Al norte de Cauca, sangran con ataques, y en el Este 47,000 personas tienen restricciones de movilidad

Un informe difundido recientemente por la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU, conocida como OCHA, destaca una situación alarmante que afecta a al menos 47,000 personas en las comunidades de Inzá y Páez. En la región oriental del departamento de Cauca, estas comunidades se enfrentan a serias restricciones de movilidad debido a las disputas entre grupos armados, lo que agrava aún más su vulnerabilidad ante situaciones de riesgo y violencia.

En el mismo contexto, se han intensificado los ataques tanto a las fuerzas públicas como a los civiles, lo que se refleja en incidentes recientes en Santander de Qilichao, en el norte de Cauca. Estos ataques, que tuvieron lugar durante las fechas del miércoles y jueves santo, es decir, el 16 y 17 de abril, han afectado gravemente a las áreas urbanas y a Corregimiento Mondomo, contribuyendo a un ambiente de miedo e incertidumbre.

El informe de OCHA subraya que “en las comunidades afrocolombianas, indígenas y campesinas de Inzá y Páez, las restricciones de movilidad están afectando de manera crítica la seguridad alimentaria, el desarrollo comunitario y la autonomía económica, además de limitar seriamente sus prácticas culturales tradicionales”. Estas restricciones son aún más severas en el contexto de control y disputa de los grupos armados no estatales (NSAG) sobre la población infantil, lo que dificulta el acceso a servicios esenciales.

El panorama es particularmente triste considerando que, a pesar del aumento en los reportes de reclutamiento de menores, existe una subnotificación significativa por parte de las familias y comunidades. Esto se debe a una baja respuesta institucional en términos de prevención y atención ante el reclutamiento forzado, además de la amenaza constante de los NSAG, que crea un clima de impunidad que dificulta la denuncia formal de estos crímenes.

Ante esta gravedad, las comunidades han solicitado la intervención de las Naciones Unidas para establecer medidas efectivas que prevengan el reclutamiento infantil, así como para proporcionar protección adecuada a la comunidad.

“Es fundamental fortalecer una protección integral para las comunidades, asegurando el acceso a recursos que resguardan los derechos de niños, adolescentes, líderes sociales y comunitarios. Además, es clave promover el acceso a información sobre derechos sexuales y reproductivos, igualdad de género y prevención de violencia”, señala el informe de OCHA.

En Inzá y Páez

Entre el 26 de febrero y el 7 de marzo del presente año, se realizaron jornadas de Prioridades de la Comunidad (EPC) en los municipios de Inzá y Páez, organizadas por UNICEF en conjunto con OCHA. Esta evaluación permitió recopilar las prioridades humanitarias y recomendaciones que expresaron las comunidades para mejorar la respuesta institucional ante sus necesidades. Se realizaron diálogos con grupos compuestos por dos a cinco personas, integrando tanto a nativos como a campesinos en el proceso.

“Los hallazgos más significativos de estas jornadas revelan que la comunidad ha notado un aumento alarmante en el reclutamiento de niños y jóvenes, así como el establecimiento de códigos de conducta, extorsiones y amenazas de muerte. La situación se complica con el retiro forzado de otros jóvenes por parte de los NSAG en el área, lo que ha derivado en un entorno de confrontaciones”, se detalla en el informe.

Más de 800,000 personas se enfrentan a una crisis humanitaria

Un informe adicional de la situación humanitaria en el país (EHP) indica que Cauca atraviesa actualmente una crisis severa. Más de 800,000 personas se encuentran en una situación de vulnerabilidad extrema, con graves limitaciones de movilidad y acceso a servicios básicos como educación, atención de salud mental, servicios de salud sexual y alimentación, todo esto agravado por los conflictos armados que se han intensificado en la región.

“Nos preocupa profundamente la situación de crisis humanitaria y la violación sistemática del derecho humanitario internacional, que está afectando la vida de miles de civiles”, expresó EHP, subrayando los ataques directos contra la comunidad civil y las víctimas de minas antipersonal y otras explosiones de guerra.

Esta realidad impacta de manera particular a niños, adolescentes, embarazadas, personas con discapacidad y ancianos, quienes son los más vulnerables en medio de esta compleja crisis.

Los líderes sociales, defensores de derechos humanos y firmantes del proceso de paz enfrentan amenazas constantes que ponen en riesgo su integridad y seguridad.

En el año 2024, se han reportado 47 incidentes que han afectado el acceso humanitario y han limitado los esfuerzos en asistencia médica, lo que ha impactado gravemente la capacidad de las organizaciones para brindar ayuda a quienes más lo necesitan.

Michel Romolaux

Especial para el tiempo

Popayán

Puede interesarle