En medio de la creciente inquietud respecto a la posibilidad de una inminente crisis energética, las Facultades de Atlantic, Magdalena y La Guajira han manifestado su posición a través de la Asociación Nacional de Empresas Generales (Andeg), lo cual es un reflejo claro de las preocupaciones que surgen a partir de la propuesta formulada por el presidente del Congreso
De manera precisa, Cepeda ha señalado que los $700,000 destinados a la implementación de una consulta popular podrían reorientarse para cubrir una deuda de hasta $1.5 mil millones que Air-E tiene actualmente con sus generadores. Esto es crucial para prevenir un colapso en el suministro de energía en esta región del país. A pesar de la naturaleza controvertida de dicha iniciativa, ha sido recibida de manera positiva por parte del Gremio de Energía.
No podemos ver la propuesta del senador Cepeda como algo malvado. Debemos empezar a observarla con otros ojos
Alejandro CastañedaDirector Ejecutivo de Andeg
Según Castañeda, el estado actual del panorama es preocupante. Si no se logra un acuerdo respecto a las deudas limpias antes de que comience el segundo semestre del año, especialmente antes de septiembre, es probable que el sistema enfrente serias dificultades. “Los bancos ya están contactando a los generadores para averiguar si tienen la intención de cumplir con sus pagos, y las respuestas son inciertas. Esta falta de claridad genera desconfianza y afecta la operación de las plantas generadoras,” advirtió.
La falta de pago limita la capacidad de los generadores
Air-E anuncia redes en varios sectores. Foto:Gracias a la amabilidad de Air-E
Uno de los temores más significativos en el sector es que la falta de pago restrinja la capacidad de los generadores para cubrir los costos esenciales del servicio, tales como combustible, gas o carbón. En este sentido, Castañeda recalca que, a pesar de que hay diversas maneras de conseguir recursos, es cuanto menos urgente garantizar la liquidez necesaria para mantener el sistema eléctrico en operación.
“Es primordial que los generadores no lleguen a una situación en la que no puedan adquirir los insumos necesarios. Si eso sucede, las consecuencias no solo afectarán a las empresas, sino a millones de usuarios en toda la región del Caribe,” expresó el director de Andeg con preocupación.
Sin embargo, la crítica hacia el gremio no se detuvo ahí, ya que Castañeda también puso en tela de juicio el rol del superintendente público, Yanod Márquez, en relación con la intervención de Air-E.
Sus declaraciones se produjeron poco después de que el fiscal general de la nación emitiera un fuerte llamado de atención, condenando las irregularidades relacionadas con el proceso de intervención, y se lamentaba la falta de acciones concretas para corregir el rumbo de la empresa.
La falta de coordinación entre el gobierno contribuyó a la profundización de la crisis:
Air-E funcionará en la subestación eléctrica Las Flores. Foto:Gracias a la amabilidad de Air-E
“Parece que el superintendente no tiene claridad acerca de sus responsabilidades en este proceso. Estamos observando una mala gestión, carente de resultados y estrategias claras. Las únicas respuestas que ofrecen son excusas sobre los recursos limitados en el fondo empresarial,” criticó Castañeda de manera contundente.
Desde la perspectiva del líder sindical, la falta de coordinación entre el auditor, el Ministerio de Minas y el Ministerio de Finanzas ha contribuido a agravar la crisis. “Hay un trastorno administrativo evidente. Es imprescindible una intervención que se guíe por la capacidad de liderazgo, habilidades de gestión y decisiones efectivas. No podemos esperar mientras la situación empeora,” concluyó.
El gobierno nacional ha optado por la intervención de Air-E con el objetivo de estabilizar el servicio eléctrico en la región del Caribe. No obstante, hasta el momento, en vez de mejorar, los indicadores financieros y operativos de la empresa siguen generando alarma.
A medida que se acerca el riesgo de un apagón masivo en el norte del país, es esencial iniciar un debate sobre el uso alternativo de los recursos de la consulta popular, y el gobierno debe determinar si se requieren medidas extraordinarias para prevenir una crisis energética de gran magnitud.