Andrea Padilla y su agenda para animales

Durante el mes de abril, el presidente Castó promulgó cuatro leyes significativas enfocadas en el bienestar animal, un esfuerzo liderado por la diputada del Senado de la Alianza Verde, Andrea Padilla. Estas leyes incluyen la implementación de un programa estatal de infertilidad para perros y gatos, medidas de sanción y gestión contra el abuso animal, así como regulaciones sobre guarderías de mascotas y un plan para la eliminación progresiva del uso de perros en el sector de seguridad privada.

Mientras tanto, Padilla también ha estado promoviendo discusiones para acelerar la implementación de un sistema de protección para la vida silvestre, la creación de centros regionales de bienestar animal, y mejorar la enseñanza sobre la protección animal en el currículum escolar. Este movimiento enfrenta objeciones relacionadas con las implicaciones fiscales, así como la presión proveniente de sectores centrados en la seguridad y los servicios veterinarios. En una serie de conversaciones mantenidas, los miembros del Senado han discutido los avances logrados en el ámbito del bienestar animal y las diversas dificultades que han surgido en el proceso legislativo.

¿Cuáles son los aspectos clave de la Ley de Animales que fueron aprobados el mes pasado?

En un maratón legislativo, el 23 de abril, se aprobó un total de cuatro normas fundamentales en el ámbito del bienestar animal:

• La ley desinfecta salva, que establece una política de infertilidad para gatos y perros mediante financiamiento estatal.
• La ley de ángeles, que incluye penas criminales y sanciones a la administración y la policía por acciones de crueldad animal, además de programas de capacitación para jueces que buscan prevenir estos delitos.
• La Ley Lorenzo, que promueve la transición a tecnologías que reemplazan gradualmente a los perros en el ámbito de seguridad y supervisión, mientras se aplica una regulación estricta en el bienestar animal.
• Las leyes Kiara, que controlan por primera vez el sector de servicios de mascotas, incluyendo guarderías, hoteles, peluquerías, campamentos y servicios veterinarios —un mercado que ha recaudado tres mil millones de pesos en los últimos tres años sin una regulación precedente.

¿Qué propone la Ley Lorenzo para eliminar gradualmente el uso de perros en seguridad y vigilancia?

La Ley Lorenzo reconoce que actualmente hay más de 6,000 perros en seguridad privada, siendo utilizados de dos maneras: protección controlada (35% de eficacia mediante bozal y asustar) y análisis de olores (medicamentos, armas, monedas). Se confía en que el ministerio desarrolle tecnología que reemplace, principalmente, a los perros de defensa controlada. Además, el Ministerio del Medio Ambiente, junto con el área de seguridad, coordinará el sistema nacional de bienestar animal.

Una de las mejoras más notables es la reducción de la edad máxima de jubilación de los perros de ocho a seis años. A su vez, se incrementará la edad mínima de ingreso a los planes de servicio de ocho a doce meses, evitando así la eutanasia y promoviendo la adopción de perros sanos y entrenados.

Además de esto, se reforzarán las normativas de bienestar: los caniles deberán contar con ventilación, luz natural, camas adecuadas y un aumento en las horas de recreación, que actualmente son solo una por día, así como acceso a atención veterinaria las 24 horas. Igualmente, los contratistas que empleen a estos perros deben garantizar condiciones adecuadas que permitan un contacto humano positivo durante su trabajo, asegurando así un entorno digno y estable para los animales.

¿Cuáles han sido los principales retos políticos y técnicos para la implementación de cada una de estas leyes?

Se han identificado tres retos fundamentales en el tratamiento de estas leyes:

1. Impacto de la política fiscal: Todas estas leyes implican costos para el estado, y hay competencia por los fondos limitados disponibles para áreas críticas como la seguridad, la salud y el empleo. La Ley de Esterilización, en particular, fue notablemente interesante, ya que se acordó financiar el programa de esterilización en los municipios de las clases 4, 5 y 6 (que abarcan el 90 % del país), al mismo tiempo que se incluye a los municipios de clases 2 y 3, asegurando así una mejor planificación del presupuesto.
2. Sector de lobbismo: Grupos empresariales han ejercido presión para moderar o bloquear ciertas cláusulas de estas legislaciones. En el caso de la Ley Kiara, se produjeron modificaciones en la instalación de cámaras de vigilancia y en la formulación de contratos, así como registros. En el contexto de la Ley Lorenzo, la resistencia provino de una empresa de seguridad privada.
3. Dinámica en el Congreso: Algunos parlamentarios se mostraron reticentes a asumir más responsabilidad relacionada con los alcaldes, considerando que el bienestar animal es un tema menor, lo que ha conducido a una falta de atención y tiempo para debater este asunto. Sin embargo, la presión de las comunidades locales facilitó la aprobación de la Ley de Esterilización y la Ley de Ángeles.

– ¿Qué otras iniciativas relacionadas con la protección de animales salvajes y domésticos están planeadas para el resto del año y el siguiente?

El resto del año y el próximo, el programa incluye varias iniciativas diseñadas para fortalecer la protección de la vida silvestre y el manejo de empresas relacionadas. Algunas leyes ya en vigor permiten la rápida movilización de animales salvajes, por ejemplo, permitiendo el traslado de ejemplares desde la parte sur hasta el Caribe. También está en discusión un proyecto que apoya a miles de mujeres que, sin recursos, rescatan y albergan a decenas o cientos de gatos y perros en sus hogares.

Además, se está trabajando en la “Ley de simpatía”, que está a la espera de un tercer debate y obligará a las escuelas, tanto públicas como privadas, a integrar actividades sobre el bienestar animal en su currículum, buscando cultivar una cultura de respeto desde la infancia. Complementariamente, se prevé la aprobación de la Ley sobre el Centro Regional de Bienestar Animal, para conectar a algunos municipios con instalaciones construidas y administradas por el Ministerio del Medio Ambiente, las cuales se encargarán de responder ante situaciones de emergencia y casos de abuso animal sin dolor. Otras iniciativas incluyen la preparación de la Ley Zopolis, que adaptará las regulaciones del sector inmobiliario para evitar conflictos relacionados con mascotas en propiedades residenciales; la iniciativa Corralegas, destinada a regular interacciones con ganado, prohibiendo ciertos métodos y instrumentación; y finalmente, la Ley de Yoko, que busca establecer a Colombia como un país libre de primates en cautiverio, prohibiendo la importación de animales exóticos y promoviendo esfuerzos para proteger la fauna terrestre.

¿Qué sistema de control o supervisión se implementará en el Parlamento para asegurar que se cumplan estas leyes?

Cada ley será supervisada por un organismo específico. Por ejemplo, la Ley Lorenzo estará bajo la supervisión del Jefe de Policía de Monitoreo y Seguridad Privada; la Ley Ángel será revisada por el Departamento de Policía a través de inspectores municipales, además del juez fiscal correspondiente; y la Ley Kiara estará supervisada por el jefe de industria y negocios, aunque su regulación se conecta al Ministerio del Medio Ambiente.

En lo que concierne a la Ley de Esterilización, el Ministerio del Medio Ambiente debe establecer de manera rápida regulaciones e iniciar el fondo necesario para manejar los recursos desde el 12 de enero, un asunto que aún no se ha resuelto, lo que ha generado una presión considerable para que el ministerio actúe. Este deber de vigilancia es esencial para la creación de verdaderas agencias estatales que trabajen en beneficio de los animales. Hasta este momento, se han presentado desafíos significativos en torno a los métodos efectivos de gestión y financiamiento de estos programas.

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Danna Valeria Figueroa Rueda

La escuela de la Gaceta Multimedia