Condenaron al líder de la estructura de Jaime Martínez a los disidentes por 36 asesinatos cometidos en el valle

Después de un largo proceso judicial que se prolongó por tres años tras su captura, el juez penal dictó sentencia y condenó a Jaider Poveda Méndez, conocido en el mundo del crimen como Jhonny Getial, quien fue líder de la estructura llamada Jaime Martínez, vinculada a los disidentes de las FARC. En total, recibió una pena de 27 años de prisión

Este hombre ha sido señalado como el principal autor de una serie de actos violentos que asolaron el Valle del Cauca,

Uno de los episodios más trágicos bajo su mando fue la colaboración con Y Potrerito, que tuvo lugar en Jamundí; así como también las ejecuciones en Dagua, Buenaventura y Restepo, en el Valle del Cauca.

Crímenes de los líderes

Poveda Méndez H. fue capturado el 7 de marzo de 2022 en el distrito de Triana, situado en Buenaventura (Valle del Cauca). En ese momento, enfrentaba cargos por la muerte de seis individuos en áreas rurales de Restepo, hecho ocurrido el 3 de mayo de 2021. Desde su detención, se ha mantenido en prisión.

No obstante, después de su llegada al sistema judicial, se determinó su responsabilidad en un total de 36 homicidios.

El juez de conocimiento penal respaldó las negociaciones judiciales y finalmente impuso una condena en su contra, haciéndolo responsable de múltiples delitos, entre ellos la concertación para cometer crímenes; asesinato; así como la producción, movimiento, tenencia o posesión ilegal de armas de fuego, accesorios, piezas o municiones (tres delitos que fueron considerados graves); y la producción, movimiento, o transferencia de armas y municiones para un uso restringido, destinado al empleo de fuerzas armadas o explosivos.

“En el desarrollo de la investigación, realizado por fiscales de la Dirección de Apoyo Territorial y la Sección del Valle del Cauca, se logró establecer que el alias Jhonny Getial había ordenado varios asesinatos selectivos, bajo un esquema bien definido con el objetivo de que un grupo armado ilegal pudiera controlar flujos de ingresos ilegales en el departamento, intimidad a quienes cooperaban con las autoridades, además de generar miedo en la población civil”, comentó el fiscal.

La sentencia que se le impuso no solo implica la condena a prisión, sino que también implica un estricto rechazo a cualquier beneficio legal y determina su incapacidad para ejercer derechos y funciones públicas durante un período de 20 años.

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María Alejandra González Duarte

Escribiendo la nación