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<p>El fiscal general de la nación ha realizado una grave acusación contra el ex gobernador de Sucre, <b>Édgar Enrique Martínez Romero</b>, en relación con irregularidades detectadas en el Plan de Alimentos Escolar (PAE). Este programa, inicialmente valorado en 18,983 millones de pesos, terminó con un presupuesto que ascendió a 27,387 millones de pesos, lo que ha levantado numerosas inquietudes y cuestionamientos sobre la gestión del ex gobernador.</p>
<aside class="c-add c-add-300x300"/><p>La acusación sugiere que Martínez Romero autorizó el contrato del PAE sin llevar a cabo una planificación adecuada y con una serie de inconsistencias que indicaban que el programa de alimentos para estudiantes en 25 municipios del departamento se volvió más costoso de lo previsto. La falta de un control riguroso en la administración de los recursos resulta, a todas luces, preocupante.</p>
<h2>¿Qué establecía el Acuerdo con el PAE?</h2>
<p>Este contrato, que se firmó el 5 de junio de 2017, tenía como objetivo <b>proporcionar suplementos alimentarios a los niños inscritos en las escuelas oficiales de succión</b>. Sin embargo, la fiscalía advierte que el proceso se desarrolló sin realizar las investigaciones previas necesarias, lo que perjudicó la selección de proveedores, ya que <b>las especificaciones del contrato favorecieron ofertas que no cumplían con los requisitos básicos establecidos.</b></p>
<figure class="c-cuerpo__media c-cuerpo__media--imagen"><figcaption class="c-cuerpo__media__info"><p class="c-cuerpo__media__txt"><span class="c-cuerpo__media__subtitulo c-articulo-img-descripcion">La fiscalía ha acusado al ex gobernador por la celebración de un contrato que no cumplía con los requisitos legales necesarios.</span><span class="c-cuerpo__media__creditos"> Foto:</span><span class="c-cuerpo__media__autor">Gobernación</span></p></figcaption></figure>
<p>Las deficiencias en la planificación no se corrigieron antes de la firma del contrato, lo que resultó en una prolongación del periodo de ejecución del PAE de 104 a 146 días. Esto llevó a un <b>aumento significativo en los costos operativos</b>, así como en los gastos relacionados con el personal administrativo y de auditoría. De acuerdo con la fiscalía, el aumento del presupuesto se disparó de 18,983 millones a 27,387 millones de pesos, generando así una gran alarma sobre el uso de los fondos públicos.</p>
<p>Además, <b>la liquidación del contrato tuvo lugar en marzo de 2018 sin que las firmas del supervisor designado o del entonces gobernador estuvieran presentes</b>, lo que, según el décimo delegado de la fiscalía ante la Corte Suprema, demuestra una alarmante falta de rigor en el seguimiento y culminación del proceso administrativo.</p>
<p>Debido a estas circunstancias, Martínez Romero enfrenta la acusación de un delito por <b>"celebrar un acuerdo sin cumplir con los requisitos legales"</b>, lo que implica una clara omisión de pasos esenciales para garantizar la transparencia y un uso adecuado de los recursos públicos invertidos en el bienestar alimentario de los niños escolares.</p>
<figure class="c-cuerpo__media c-cuerpo__media--imagen"><figcaption class="c-cuerpo__media__info"><p class="c-cuerpo__media__txt"><span class="c-cuerpo__media__subtitulo c-articulo-img-descripcion">El valor inicial del contrato fue de 18,983 millones de pesos, una cifra que se amplió considerablemente.</span><span class="c-cuerpo__media__creditos"> Foto:</span><span class="c-cuerpo__media__autor">Archivo/tiempo</span></p></figcaption></figure>
<h2>Martínez Romero tenía un expediente disciplinario previo</h2>
<p>No es la primera vez que el ex gobernador se enfrenta a cuestionamientos relacionados con la contratación pública. <b>En mayo de 2024, la fiscalía general ya había impuesto a Martínez Romero una suspensión de nueve meses por irregularidades durante su gestión</b>, que involucraban consultas para estudios y proyectos orientados a comedores escolares y batería de servicios sanitarios.</p>
<p>En este contexto, se determinó que las especificaciones fueron redactadas de una manera que limitó la participación de posibles proveedores, <b>exigiendo experiencia exclusiva con entidades públicas e instituciones educativas</b>, lo cual resultó en una restricción innecesaria de la competencia que podría haber beneficiado al proceso.</p>
<p>Asimismo, <b>el entonces secretario de infraestructura, Antonio Carlos Peralta Sánchez, también fue suspendido por ocho meses</b> debido a varios fallos en la realización de estudios previos que sirvieron como base para el <b>CM-004-2019 Concurso de mérito.</b></p>
<p>Es importante mencionar que <b>ambas sanciones disciplinarias se encuentran bajo la revisión de recursos de apelación</b> presentados ante la Cámara Disciplinaria de Elecciones Públicas, lo que ha complicado aún más la situación del ex gobernador.</p>
<figure class="c-cuerpo__media c-cuerpo__media--imagen"><figcaption class="c-cuerpo__media__info"><p class="c-cuerpo__media__txt"><span class="c-cuerpo__media__subtitulo c-articulo-img-descripcion">La liquidación del contrato, realizada en marzo de 2018, careció de las firmas necesarias del supervisor y del gobernador en funciones.</span><span class="c-cuerpo__media__creditos"> Foto:</span><span class="c-cuerpo__media__autor">Ayuntamiento</span></p></figcaption></figure>
<h2>Pasos que seguirán en el juicio</h2>
<p>Con la formulación de cargos, <b>será responsabilidad de la Corte Suprema decidir si procederá con el juicio y abrirá el proceso penal contra Martínez Romero</b>. Si se decide promover la causa, el ex gobernador tendrá la oportunidad de presentar pruebas y defenderse ante el tribunal.</p>
<p>En este instante, <b>no hay declaraciones de defensa disponibles por parte del ex gobernador o solicitudes para versiones gratuitas</b> sobre el estado actual de la investigación. Hasta el momento, no se han registrado cautelas por parte de entidades de control que indiquen alguna acción defensiva.</p>
<p>La investigación por parte de la fiscalía busca determinar si hubo dolo o simplemente negligencia en la gestión del PAE, dado que la acusación sugiere que hubo una serie de omisiones y una falta de control que constituyen una violación de procedimiento <b>en la regulación del uso de recursos destinados a la alimentación de los alumnos escolares.</b></p>
<p>Finalmente, la decisión última recae en la Corte Suprema, la cual podrá imponer un juicio y sanciones si se establece la responsabilidad de Martínez Romero en este asunto.</p>
<p><b>También puedes ver:</b></p>
<figure class="c-cuerpo__media c-cuerpo__media--video"><figcaption class="c-cuerpo__media__info"><p class="c-cuerpo__media__txt"><span class="c-cuerpo__media__subtitulo">Juicio Álvaro Uribe<br/></span><span class="c-cuerpo__media__creditos"> Foto:</span><span class="c-cuerpo__media__autor">Tiempo<br/></span></p></figcaption></figure>
<p><b>Danna Valeria Figueroa Rueda</b></p>
<p>Escuela de periodismo multimedia</p></div>
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