Crímenes de la oposición de Calarcá a las negociaciones sobre paz con el gobierno

El asesinato trágico de siete soldados encargados de proteger un Espacio de reinicio costero (ETCR) en la Liga de Guavas representa solo la más reciente de una serie de episodios de violencia provocados por una estructura leal encabezada por Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá. Este hecho ha tenido repercusiones negativas dentro del marco de discusión que se estaba llevando a cabo entre los líderes de la antigua guerrilla de FARC.

Las tensas negociaciones han continuado con el denominado bloque dirigido por Jorge Suárez Briceño, y los cabecillas Gentil Duarte y Raúl Reyes, después de que se rompió el alto al fuego en territorios como Nariño, Valle del Cauca y Cauca. Estas negociaciones comenzaron tras el encuentro pacífico que buscaba poner fin a la violencia en esas regiones.

El gobierno colombiano decidió poner fin al alto el fuego en respuesta a una serie de ataques perpetrados por los faccionarios de Vera, conocido también como Iván de Nestor Gregorio, que han golpeado a las comunidades indígenas en la región de Cauca. Esto también se intensificó tras el asesinato del respetado líder indígena Carmelita Yule Pavi, un crimen que ha alarmado a la sociedad civil y a las autoridades.

Violencia contra los excombatientes

A pesar de las afirmaciones del grupo armado de que su actuación fue en “defensa legítima” tras el ataque en Guavare, la cruda realidad es que el año pasado se han ido amontonando acciones agresivas alrededor de los espacios de ETCR. Estas acciones han puesto de manifiesto una política más sistemática de violencia que se ha traducido en un asedio continua contra los excombatientes.

En junio del año pasado, en el contexto de una disputa territorial con el grupo rival “Segunda Marquetalia”, el frente de Iván Díaz realizó un desplazamiento forzado de 82 personas, incluyendo hombres, mujeres y niños, desde Miravalle, que se encuentra en San Vicente del Caguán. Este desplazamiento forzoso es solo un reflejo del clima de tensión y control que se vive.

El año anterior, esos mismos oponentes se hicieron responsables de más de 200 desplazamientos forzados de firmantes del acuerdo de paz que estaban viviendo en el ETCR Mariana Páez. A pesar de que su papel ha sido señalado en numerosos asesinatos de exguerrilleros desde su reubicación en Catatumbo, los miembros del grupo dirigido por Calarcá y Bite se han consolidado como los principales actores armados que continúan amenazando a quienes firmaron los acuerdos, habiéndose registrado 460 crímenes desde la firma de la paz.

Monopolio de extorsión

En julio, se denunciaron prácticas de extorsión en el sur del Meta, especialmente en lugares como Uribe y Platea, donde comerciantes, finqueros y desarrolladores han sido objeto de constantes amenazas y extorsiones por parte de grupos armados. Estos han elaborado folletos y han establecido multas para aquellos que no cumplan con sus demandas.

“Los extorsionadores cobran 10,000 pesos por cada hectárea de tierra y 10,000 pesos por cada cabeza de ganado. Incluso llegan a exigir hasta 3,000 pesos por cada pollo”, comentó un agricultor de la zona, que se ha visto forzado a pagar estas exorbitantes tarifas para poder seguir operando.

Para sembrar el terror, los grupos han convocado reuniones obligatorias a través de folletos que portan el sello del Comité de Finanzas de Castro, donde se mencionan multas severas por inasistencia. Se estima que más de 3,200 personas se han visto obligadas a participar en estas reuniones para exigir “contribuciones” irregulares destinadas a la construcción de puentes y otras obras públicas.

Armados y en camiones improvisados

El 23 de julio, durante una operación de vigilancia militar en la carretera entre Medellín y Anorí (Antioquia), las autoridades interrumpieron un grupo de miembros de la oposición que se desplazaban dentro de camiones del Departamento de Protección Nacional (UNP).

A pesar de que algunos de los miembros involucrados estaban autorizados a usar vehículos UNP como parte de las medidas que el gobierno había implementado para los encargados de verificar la suspensión de fuego, la autorización no cubría a aquellos que no formaban parte del proceso.

¿Cuántos son?

En la actualidad, Calarcá, quien se desempeñó como comandante del 40° frente de las FARC, dirige el bloque de Jorge Suárez Briceño, una de las estructuras que se ha formado por el personal general de los bloques y los frentes.

Su área de influencia abarca regiones en Meta, Caquetá y Guavare, donde mantiene una significativa guerra por el control de las economías ilegales contra otros grupos. Según datos de inteligencia militar, estas organizaciones armadas cuentan con aproximadamente 1.160 miembros, que incluyen tanto combatientes como redes de apoyo.

El bloque está compuesto por ocho estructuras diferentes, entre ellas el frente Rodrigo Cadeto, dirigido por Juan Agudelo Salazar, conocido como Uriah Perdomo, con presencia en Caquetá, y el frente de Raúl Reyes, que es dirigido por Yeison Alexis Ojeda, también llamado Danilo Alvizú, y que tiene bases en Amazonas, Caquetá y Putumayo.

Camilo A. Castillo
Político
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