El presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, ha declarado un “conflicto armado interno” para combatir al narcotráfico. Sin embargo, las cifras muestran otra batalla: la que enfrenta el Estado contra los campesinos ambientalistas.
23 sep 2025. Los abuelos de Angélica emigraron a Las Pampas, una pequeña parroquia del cantón ecuatoriano de Sigchos, hace casi un siglo. Su clima —“ni frío ni calor”, me cuenta— fue determinante para que se establecieran allí, a 1.600 metros sobre el nivel del mar, abrigados por la cordillera de los Andes. Durante años, su familia sobrevivió vendiendo queroseno, en una época en la que todavía no se había instalado el tendido eléctrico en el pueblo y este combustible era lo único que daba lumbre a las lámparas. Me comparte, también, el recuerdo de su padre abandonando el negocio del diésel para dedicarse al cultivo de los cañaverales, una de las actividades económicas más habituales en la zona.
Aun siendo ella una cría, ayudaba en la molienda de la caña de azúcar, extrayendo el jugo con el que luego producían panela y licor. Lo hacía desde las dos de la mañana, en plena madrugada. Todavía tiene en su mente la vívida imagen de su caballo empujando en círculos el molino. “Toda la vida hemos vivido de la agricultura, de la ganadería. Entonces, ¿por qué no defenderla? ¿Por qué viene una empresa a decirnos que nos va a dar empleo y a pavimentar las vías, pero no que cuando se vaya dejará todo contaminado? La minería nos va a dejar contaminación para toda la vida, y quienes la van a sufrir son nuestros hijos. Yo lo que quiero es dejarles a las siguientes generaciones lo bonito que yo tuve de niña, la tranquilidad”. Hoy, Angélica se dedica a la ganadería de engorde —gallinas, cuyes— y está investigada por terrorismo.
Desde 2021, la multinacional canadiense Atico Mining gestiona la concesión del proyecto minero La Plata, una explotación situada entre las parroquias de Palo Quemado y Las Pampas. Sus más de 2.200 hectáreas albergan un subsuelo rico en oro, plata, cobre y zinc. El artículo 398 de la Constitución ecuatoriana obliga al Estado a “consultar a la comunidad” toda “decisión o autorización estatal que pueda afectar al ambiente”.
Por ello, a comienzos de 2024, el Gobierno de Daniel Noboa anunció la llamada “fase informativa del proceso de consulta ambiental” en Palo Quemado, con el objetivo de dar a conocer un “estudio de impacto ambiental” elaborado por el Ministerio de Ambiente en el que se elogiaba la actividad minera y se ocultaban los riesgos de contaminación. Pero el acto de socialización, planificado para mediados de marzo, fue interrumpido: centenares de comuneros rechazaron las condiciones en las que se pretendía ejecutar la consulta.
Al evento informativo solo habían sido convocados los habitantes de dos recintos de Palo Quemado, a pesar de que las otras tres parroquias que componen el cantón Sigchos —como Las Pampas, situada a solo 14 kilómetros de la explotación— se consideraban a sí mismas afectadas por el proyecto minero.
Además, durante aquellos días, una treintena de paramilitares armados fueron vistos en la región, amedrentando a los campesinos y haciendo campaña a favor del proyecto minero. Finalmente, y tras varias concentraciones pacíficas, el 18 de marzo Daniel Noboa ordenó la militarización de Palo Quemado desplazando, según la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos, a aproximadamente 500 policías y militares. Es decir, a un miembro de la fuerza pública por cada 2,3 habitantes.
El movimiento de tropas recrudeció las protestas. Durante 11 días se produjeron enfrentamientos violentos, en los que militares y policías utilizaron perdigones, granadas aturdidoras, gases lacrimógenos y otros proyectiles antidisturbios. Los comuneros respondieron protegiéndose con escudos artesanales y lanzando piedras. Aquellas jornadas dejaron decenas de campesinos heridos, con laceraciones, quemaduras, fracturas óseas y carnes abiertas.
Mesías Robayo Masapanta, agricultor pampeño, fue alcanzado por un perdigón que le atravesó de la nuca a la mandíbula, rompiéndole varios dientes e inmovilizándole, de paso, su brazo y pierna derechas. Las lesiones fueron de tal calibre que entró en coma, despertando en la quinta semana. Las operaciones quirúrgicas que salvaron su vida tuvieron que ser financiadas con rifas y otros aportes solidarios.
Angélica, la ganadera que añora su infancia entre cañas de azúcar, fue una de las manifestantes que se desplazó a Palo Quemado en marzo de 2024. “Cuando recibí la notificación, no sabía qué era el terrorismo”. Tuvo que consultar en internet y, entonces, comprendió la gravedad de la acusación.
“¿Terrorista? ¿Llamarle a una campesina terrorista cuando en este país hay gente que secuestra, extorsiona, asesina?”. Hace una pausa. “Aquí en mi pueblito nadie es delincuente”, concluye, con un hilo de voz indignado. En lo que llevamos de año, Ecuador ha sufrido más de 4.600 homicidios, récord histórico y que le sitúa entre los diez países más violentos del mundo. En Palo Quemado, en cambio, las autoridades informaron de 14 agentes heridos leves y dos vehículos calcinados; cifras que han sido discutidas por los campesinos.
Clara también vive en Las Pampas y, como su vecina, subsiste gracias a la ganadería de engorde. Me explica que la extracción de minerales no es una novedad en el cantón y que, desde que tiene uso de razón, el río San Pablo —que atraviesa la explotación de La Plata— está por ello contaminado. Lo ilustra diciendo que aún hoy en su ribera no crece ni la mala hierba. “Es por eso que no podemos permitir que se venga a hacer una minería a gran escala acá. Queremos conservar nuestro medio ambiente y cuidar nuestra ‘agüita’, porque eso de que hay minería responsable no es cierto”. Clara es otra de las campesinas investigadas por terrorismo. “La denuncia fue fatal. Afectó psicológicamente a las familias. No podíamos ni dormir”.
Me cuenta que en muchos hogares esta situación ha causado un cisma y que, en algunos casos, hay matrimonios cuyos miembros han reñido por haberse expuesto a la criminalización. Angélica, por su parte, ha reducido sus visitas a Palo Quemado, donde vive su hermana. Reconoce que se ha roto la relación con quienes han encontrado trabajo en Atico Mining. “A cualquier evento que había [en Palo Quemado] nos invitaban. Pero desde el año pasado ha cambiado todo porque la empresa minera tiene a su gente allá. Nos intimidan llamándonos ‘atrasapueblos’. Y para estar en problemas, mejor no visitarles”.
A Marcelo, Lucía, Juan Carlos o Fausto también les han denunciado. Sus nombres figuran en una lista de más de 70 supuestos terroristas, que viven con miedo a perder su empleo, a ser estigmatizados en la universidad o que sufren de ansiedad crónica.
Terrorismo sin terroristas
El 9 de enero de 2024, dos meses antes de los sucesos de Palo Quemado, el presidente Daniel Noboa firmó el Decreto 111, que declara el país en “conflicto armado interno”. En este, se enumeran 22 grupos de delincuencia organizada (GDO) que pasaron a ser considerados “organizaciones terroristas y actores no estatales beligerantes”. Ecuador se sumaba, así, a la “guerra contra las drogas” del siglo XXI, donde la palabra “cártel” ha sido sustituida por “narcoterrorismo”.
“Existe un discurso oficial que dice que hay grupos terroristas en el país y que, por eso, está justificado vivir bajo las leyes de la guerra. Sin embargo, tampoco es que esté habiendo grandes avances contra los GDO, sino que se está usando la figura de ‘terrorismo’ para perseguir a la oposición al extractivismo”. Para Erika Escorza, abogada del Frente Nacional Antiminero, una coordinadora de colectivos por la defensa de la naturaleza, el gobierno ecuatoriano está recurriendo al “terrorismo” en sus alocuciones para equiparar el narcotráfico a la defensa del medio ambiente. “Lo que están tratando de posicionar en el imaginario social es que quienes resisten a los proyectos mineros son terroristas, que tienen un fin oculto o vínculos con la delincuencia organizada”.
En este sentido, y según datos proporcionados por el Consejo de la Judicatura, en 2024 se registraron 122 denuncias de terrorismo, un 6.000% más que en 2020. De ellas, al menos 72 fueron interpuestas contra los campesinos de Palo Quemado por Raúl Bayas, “cabecilla” de los civiles armados que aparecieron en Sigchos en los días previos a la consulta ambiental. Una vez revisadas por los tribunales, muchas de estas imputaciones han cambiado su tipo penal al de “delincuencia organizada”, lo que también reviste controversia jurídica.
Pablo Narváez, penalista defensor de los encausados, discute su pertinencia: “la delincuencia organizada es un delito medio, no un delito fin. A través de ella se cometen otros delitos. [La acusación] debe probar que un grupo de personas se organiza para delinquir” lo que, en su opinión, jamás ocurrió en Palo Quemado. “Lo que sucede —continúa el abogado— es la manipulación de los hechos para que estos se asemejen a lo que establece el Código Penal”. Hechos que, continúa Escorza, bien podrían ser la “tergiversación forzada” de considerar armas a los machetes que carga la población campesina montubia, herramientas tradicionales del agro ecuatoriano y que —como los cascos en las movilizaciones de bomberos o las batas en las protestas por la sanidad pública— son frecuentes en las marchas campesinas.
Ninguna entidad internacional reconoce la existencia de organizaciones terroristas radicadas en Ecuador. Ni en la Lista consolidada del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, ni en la Posición Común 2001/931/PESC sobre la aplicación de medidas específicas de lucha contra el terrorismo (UE) hay rastro de ellas. Solo tras la reciente visita de su secretario de Estado a Quito, Estados Unidos ha anunciado que añadirá a los GDO “Choneros” y “Los Lobos” a su catálogo particular; bandas que, como sostiene Narváez, no persiguen fines políticos, por lo que su actividad tampoco tendría encaje en el delito de terrorismo. Por si fuera poco, y en una maniobra sorprendente, Daniel Noboa firmó el pasado 10 de septiembre el Decreto Ejecutivo 118, que “condena y rechaza la influencia e incidencia de las organizaciones denominadas Hamás y Hezbolá en su vinculación con actos terroristas o ataques que puedan cometer en el territorio ecuatoriano”, a pesar de que ningún especialista en seguridad ha señalado interés alguno en el país andino por parte de las insurgencias palestina y libanesa.
Las asociaciones que incomodan al Gobierno
Desde que asumió su segundo mandato, el presidente Daniel Noboa ha remitido a la Asamblea Nacional cuatro “leyes económicas urgentes” destinadas a combatir la delincuencia organizada que, sin embargo, han despertado recelos entre las asociaciones ambientalistas. Aunque este paquete legislativo está siendo analizado por la Corte Constitucional, sus artículos legalizan el espionaje sin orden judicial, la deportación de inmigrantes o el indulto a policías y militares que comentan delitos en el marco del “conflicto armado interno”. Y también, según la conocida como “Ley de fundaciones”, un estricto control económico para las asociaciones sin ánimo de lucro (ONG).
La Corporación para la Investigación y Protección de los Bosques de los Andes Tropicales (CIPBAT), creada en 2021, actúa como representación legal de la estación científica Los Cedros, una reserva de 6.000 hectáreas en el noroeste de Ecuador. Entre sus labores están la impartición de cursos de educación ambiental, el monitoreo del área protegida y sus especies, la formación de guardabosques y la promoción de la conservación del bosque entre las comunidades. Su presidente, José Cueva, me cuenta que ha conversado sobre esta ley con otras fundaciones, y que la valoración es clara y compartida: “se trata de un intento del gobierno de controlar a las organizaciones, antes que de promover el cabal cumplimiento de su rol”. Días antes de que esta norma fuese tramitada en la Asamblea Nacional, el ya extinto Ministerio de Ambiente envió el memorando MAATE-DAJ-2025-0364-O a más de 400 fundaciones, solicitando tres informes económicos distintos en el reducido plazo de 48 horas.
Pero no a todas las ONG serán objeto de escrutinio. Como advierte Cueva, solo se pretende “perseguir a las que resulten incómodas al gGobierno, ya lo han anunciado. Les molestan aquellas que, de una u otra manera, generan acciones contra el modelo extractivista”. Aunque no lo menciona, sobrevuelan en sus palabras unas declaraciones del exministro de Gobierno, José de la Gasca, realizadas el 28 de julio de 2025 en Radio i99, que insistían en la estrategia de emparentar la lucha contra la minería y el “narcoterrorismo”. Decía así: “existen fundaciones, entre comillas fundaciones o fundaciones ‘truchas’, que sirven para traer divisas para financiar frentes antimineros, economías irregulares…”. Frente a ello, el presidente del CIPBAT se muestra calmado o, al menos, así lo refleja su voz, porque “al final del día nunca han podido probar nada, los montos que manejamos las fundaciones son irrisorios comparados con los del narcotráfico”. De hecho, los procesos judiciales más conocidos de corrupción, como el llamado “caso Metástasis”, han evidenciado la circulación de millones de dólares entre los GDO y alcaldes, asambleístas, policías, empresarios, jueces o periodistas. Nunca, por cierto, ha aparecido involucrado personal de las ONG.
A pesar de esa tranquilidad, la situación es potencialmente delicada. “Existe un sufrimiento innecesario entre las comunidades rurales —continúa Cueva—, algunos de sus dirigentes han sido criminalizados, encarcelados o incluso asesinados”, como el dirigente indígena Eduardo Mendúa. “Si arraiga este discurso del terrorismo, quienes nos oponemos a la megaminería quedamos en riesgo de acabar como ‘falsos positivos’, algo de lo que, por desgracia, sabemos mucho en Latinoamérica”, completa la abogada Erika Escorza. El 2 de febrero de 2024, a menos de un mes de la declaratoria de “conflicto armado interno”, un joven de 19 años, Carlos Vega, colisionó su vehículo contra un carro militar. Se puso nervioso al ver el despliegue armado. La respuesta de uno Ecuadorde los soldados fue asesinarle a tiros. Horas después, las Fuerzas Armadas publicaron en redes sociales la fotografía del cadáver de Carlos bajo el título: “terroristas aprehendidos ante intento de ataque a retén militar”.
