Ecuador ha cerrado recientemente dos importantes transacciones de deuda pública, un movimiento que busca preservar la biodiversidad en el país. Sin embargo, diversas organizaciones locales cuestionan la efectividad de los mecanismos y procesos implementados en estas operaciones.
La iniciativa tiene como objetivo mejorar la gestión de 4,6 millones de hectáreas de la selva amazónica, al tiempo que protege otras 1,8 millones de hectáreas de bosques y humedales, y refuerza la conservación de 18,000 kilómetros de ríos. Todo esto a cambio de la reestructuración de más de 1.500 millones de dólares de deuda pública y la creación de un nuevo instrumento financiero, denominado Amazon Fund Biocorredor, que promete $400 millones en financiamiento. Estos son aspectos significativos del último proceso de conversión de deuda por naturaleza que Ecuador ha llevado a cabo, con el respaldo del Banco de Desarrollo Interamericano, Bank America y la Corporación Financiera Internacional, así como de diversas organizaciones no gubernamentales.
Sobre el papel, esta iniciativa parece un paso positivo tanto para la economía ecuatoriana como para la biodiversidad. El nuevo biocorredor se espera que beneficie a un millón de personas y a miles de especies de mamíferos, aves y peces, procedentes de una de las principales regiones de biodiversidad del planeta. Sin embargo, organizaciones locales indican que estas acciones no están siendo conducidas con la debida consideración hacia las comunidades locales e indígenas, y no parecen tener un impacto real ni en la conservación ni en la mejora de la situación económica de un país que enfrenta serios desafíos.
Deuda por naturaleza: el caso de Galápagos
El concepto de deuda por naturaleza fue introducido por primera vez en 1982, durante la gestión de Thomas Lovejoy como vicepresidente de WWF. Sin embargo, esta solución financiera ha cobrado mayor relevancia en años recientes como una forma de fortalecer la conservación de la biodiversidad en naciones con altos niveles de deuda. A pesar de que no existe una base de datos única que recopile todas las operaciones de este tipo, un análisis reciente de Carbon Brief revela que aproximadamente 150 proyectos de este tipo han sido llevados a cabo en todo el mundo, con la mayoría concentrados en América Latina y el Caribe, contribuyendo a un total de aproximadamente $2.4 mil millones en intercambios de deuda.
No obstante, la operación reciente en la Amazonía de Ecuador no es la primera de este tipo en el país. En abril de 2023, Ecuador firmó un acuerdo que involucraba un intercambio de $1,630 millones por un nuevo préstamo de $656 millones, dirigiendo aproximadamente $450 millones a proyectos de conservación en las islas Galápagos y la red de Reservas Marinas. Sin embargo, han pasado dos años desde que se anunció esta operación, considerada como el mayor intercambio de deuda por naturaleza del mundo, y hasta ahora los resultados concretos han sido escasos.
Según Eva Martínez-Acosta, coordinadora de proyectos en el Centro de Derechos Económicos y Sociales (CDE), una organización que defiende los derechos humanos y la justicia social en Ecuador, “no ha habido una mitigación significativa de la deuda pública y los presuntos ahorros son redirigidos hacia los pagos anuales obligatorios al nuevo fondo de protección”. Más aún, los beneficios tangibles para las islas aún no se han materializado. La primera convocatoria para subvenciones y la entrega inicial de fondos no se completaron hasta hace poco.
Otro análisis del caso Galápagos, como se detalla en un informe publicado el año pasado con la colaboración de la red hispano-caribeña para la justicia económica, concluyó que esta operación presentaba serias deficiencias, tales como falta de transparencia, exclusión de las comunidades locales y gestión externa. Estos mismos problemas parecen estar presentes en la nueva transacción de deuda por naturaleza firmada para la Amazonía.
Martínez-Acosta sostiene que “ni el gobierno ni el Fondo Galápagos han proporcionado la información pública requerida sobre los detalles financieros o el impacto de la operación, alimentando sospechas sobre su verdadera efectividad. Además, la supervisión parece ser principalmente realizada desde el exterior, y muchos de los términos de las operaciones son confidenciales. Por ello, otras organizaciones han instado al Banco Interamericano de Desarrollo y al Gobierno de Ecuador a abordar esta falta de transparencia, y el Ministerio de Medio Ambiente ha prometido que el Fondo Galápagos compartirá más información al respecto.
El informe también revela que la estructura del intercambio de deuda fue diseñada sin la participación activa de la población local, que las decisiones del Fondo Galápagos están predominantemente dominadas por organizaciones privadas extranjeras, y que tanto el gobierno como los residentes de las islas tienen una participación minoritaria. Esto indica que la complejidad de la arquitectura financiera puede conducir a costos reales difíciles de evaluar y a riesgos potencialmente peligrosos.
Las repercusiones de estas deficiencias son significativas, tanto para las Galápagos como para el resto del país, ya que las islas podrían no recibir los beneficios esperados en términos de conservación y desarrollo sostenible, y Ecuador puede acabar con serias obligaciones financieras y menos control sobre su propio patrimonio natural. Este modelo mal implementado puede dañar la confianza de la ciudadanía en iniciativas de preservación que son clave para el futuro del país”, expresa Martínez-Acosta.
Además, se ha denunciado que el nuevo intercambio de deuda por naturaleza para el Amazonas presenta paralelismos preocupantes con el caso Galápagos. Aunque los objetivos de conservación son ambiciosos y las cifras económicas parecen atractivas, persisten problemas de falta de participación local, transparencia y una estructura financiera dominada por actores externos.
Martínez-Acosta concluye que “en base al análisis del caso de Ecuador, el concepto de deuda por naturaleza, tal como se está implementando, puede que no se convierta en una herramienta efectiva a nivel global para aliviar significativamente el problema del endeudamiento de los países o para garantizar una protección eficaz de la biodiversidad”. “Estas iniciativas, aunque atractivas en la superficie, son soluciones parciales que dependen excesivamente de la participación del sector privado o de acreedores externos, en lugar de responder realmente a las necesidades soberanas de los países y a la sostenibilidad financiera, que requieren trasformaciones profundas en los modelos económicos y financieros globales para que los intercambios de deuda por naturaleza sean verdaderamente efectivos”.
