El reparto de millonarios se anunció tras la reunión del consejo.
La polémica por el sistema de fototicket suma un nuevo capítulo tras conocer en detalle cómo funciona el modelo de distribución de recursos, una revelación que ha causado preocupación y cuestionamientos entre automovilistas y ciudadanos. Durante una reunión reciente del consejo, el asesor legal del consorcio de tránsito amplió la información sobre el contrato y reveló cifras que ahora están en el centro del debate público. Así, el acuerdo estipula que el 75% de los ingresos generados por las cámaras se destinará al consorcio operador, mientras que el 25% restante se destinará al municipio. Esta venta, que abarca todo el objeto del contrato, incluye no sólo la instalación sino también el funcionamiento integral del sistema, lo que supone un esfuerzo técnico, logístico y administrativo continuo. El portavoz aclaró que este porcentaje no debe confundirse con el límite legal del 10% que el operador privado puede recibir como beneficio directo por la instalación y puesta en servicio de los sistemas. Es decir, aunque el consorcio gestiona el 75% de los ingresos, su beneficio real está legalmente limitado hasta que consiga recuperar la inversión original. Para respaldar esta diferencia, explicó que el contrato prevé una “canasta de costos” mucho más amplia que va más allá de la instalación de cámaras. Estos costos incluyen el mantenimiento constante de los dispositivos, la validación y autenticación de los dispositivos, la transmisión de datos a través de servicios de Internet y todo el proceso técnico y operativo que asegura el funcionamiento del sistema. Sin embargo, uno de los puntos más críticos es la incertidumbre sobre cuándo se amortizará la inversión. El propio Consorcio reconoce que no hay una fecha fijada ya que depende directamente del comportamiento de los infractores y del número de citaciones emitidas. En otras palabras, el sistema se mantiene según la frecuencia con la que los conductores infringen las reglas. En este sentido, el consorcio insiste en que el objetivo principal no es recaudar dinero sino salvar vidas. Según explicó, las cámaras fueron homologadas en puntos catalogados como críticos debido al alto índice de accidentabilidad según puntos realizados por el gobierno de la ciudad y aprobados por la Administración Nacional de Seguridad Vial.
Además, se reiteraron las dos razones principales para la introducción del sistema: en primer lugar, la decisión de la administración de solicitar la aprobación de los puntos en función del número real de accidentes; y en segundo lugar, la obligación contractual del consorcio de instalar y operar el equipo una vez recibida la aprobación.
A pesar de estas explicaciones, el debate sigue creciendo. El hecho de que la recuperación de las inversiones dependa del número de multas genera desconfianza entre muchos ciudadanos sobre el verdadero enfoque del sistema.
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