El Presidente Gustavo Petro llevará a cabo el 1 de mayo una importante Consulta popular en el Congreso, que consistirá en la emisión de 12 preguntas. Esta iniciativa ha suscitado serias inquietudes en torno a la naturaleza y el contexto de las preguntas planteadas, generando críticas tanto desde diversos sectores políticos como de expertos en asuntos electorales. Parte de las preocupaciones se relaciona con el costo que podría acarrear la consulta, así como con sus potenciales repercusiones en el ámbito de la política fiscal, además de cuestiones sobre la redacción de las preguntas y los métodos de socialización previstos.
Tal como se ha reportado, las preguntas constituyen un eje central en relación a la reforma de la fuerza laboral, la cual fracasó el 18 de marzo en la séptima comisión del Senado. Entre las problemáticas debatidas, se abordan aspectos como la duración de la jornada laboral, un incremento del 100% en el pago de horas extras, y la regulación del contrato para los aprendices del Sena, entre otros.
Estas son 12 preguntas sobre la consulta popular del gobierno. Foto: El ministerio del interior
Desde la perspectiva del abogado Andrés Caro, aunque la consulta se entienda como un instrumento legítimo en el marco de la constitucionalidad, su utilización puede resultar problemática, considerando que describe el enfoque del gobierno como “populista”. Caro señala que hay preguntas que parecen innecesarias, dado que ya están claramente estipuladas en la ley, como la duración de una jornada laboral de ocho horas. Otros interrogantes, como la promoción de pequeñas y medianas empresas, son manejables mediante decisiones administrativas y no requieren modificaciones legislativas.
Adicionalmente, Caro indica que ciertas preguntas no cuentan con una formulación precisa y carecen de claridad sobre quién asumiría responsabilidades en caso de aprobación. Un ejemplo de esto es la pregunta 12, que pregunta: “¿Acepta formar un fondo especial para reconocer bonos de pensiones para agricultores y trabajadores agropecuarios?”. Caro enfatiza que, ante esta ambigüedad, no considera que las preguntas estén en condiciones adecuadas para una consulta popular, sugiriendo que será el Parlamento el encargado de decidir sobre su viabilidad.
Por otro lado, Gerán Valencia, profesor en el Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia, coincide en que varias de las preguntas carecen de claridad y, en algunos casos, combinan dos cuestiones diferentes, lo que podría conducir a la confusión entre los votantes. Valencia se refiere, en particular, a la primera pregunta, que parece incorporar en realidad dos interrogantes distintas.
La consulta popular se llevará a cabo en el Congreso el 1 de mayo. Foto: La prensa del Senado
Valencia señala que, aunque algunas preguntas puedan ser atractivas para los ciudadanos, existen otras que podrían resultar confusas y llevar a las personas a votar solo con base en consideraciones políticas. Explica que la primera dificultad radica en lograr que la gente se presente a las urnas, algo que debería manejarse con atención. Después de este punto, cada pregunta debería ser claramente socializada. Menciona que la novena pregunta representa un reto, ya que emplea un lenguaje técnico que no es accesible para la mayoría de la población.
La pregunta en cuestión plantea: “¿Acuerda erradicar la subcontratación y el trabajo a través de contratos que violan derechos laborales?”.
Por su parte, Gonzalo Araujo, un experto en consistencia empresarial, sostiene que el principal inconveniente de las preguntas no radica únicamente en la complejidad de la consulta, sino en que estas no abarcan a una gran proporción de la población colombiana. Araujo expone que, de las doce preguntas, aproximadamente el 46% de los colombianos se encuentran en el desempleo o en condiciones laborales informales, y señala que muchos de ellos no se sentirían representados en esta controversia. Sin embargo, argumenta que, para el gobierno, es más conveniente alinearse con la realidad laboral de los empleados.
Adicionalmente, la propuesta enfrenta críticas acerca de los significativos costos económicos y políticos que podría acarrear, más aún considerando que se percibe como un ensayo del gobierno de cara a las próximas elecciones presidenciales.
Presidente Gustavo Petro en el Consejo de Ministros el lunes. Foto: Presidencia
En lo que respecta al procedimiento legislativo, se prevé que la tramitación de este proyecto en la Asamblea sea prolongada y se reconozca que, según lo indicado por el Ministro Armando Benedetti, actualmente no cuentan con la mayoría necesaria para avanzar con la iniciativa. Una vez aprobada, el Tribunal Constitucional deberá revisar el texto final antes de permitir que el Gobierno exprese públicamente las encuestas de opinión. Esta secuencia tiene una fecha de implementación aún desconocida y, como ha señalado el secretario de tierras, Hernán Penagos, no puede coexistir con ningún tipo de elección.
Benedetti, refiriéndose al proceso de aprobación, indicó que el Parlamento tiene dos períodos para considerar las leyes propuestas en función de lo que se apruebe durante la consulta, o, en caso contrario, el presidente podría proceder mediante directivas ejecutivas.
Camilo A. Castillo
Político
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