El gobernador del departamento de Bolívar, Yamil Arana Paduí, ha lanzado una severa advertencia durante el reciente Congreso Nacional de Municipios que tuvo lugar esta semana en Cartagena. Desde el 30 de junio, los líderes territoriales se verán obligados a asumir una carga financiera, la cual evidenció ser considerablemente desequilibrada, según las palabras del funcionario. Esta situación es consecuencia de una decisión judicial que ha adquirido un peso legal significativo. Según esta resolución, los gobernadores y alcaldes están obligados a financiar la alimentación de las personas privadas de libertad que se encuentran en reacciones inmediatas (URI) y en estaciones de policía.
Durante su discurso, Arana expresó su frustración al señalar: “Nos obligan a elegir entre alimentar a las personas privadas de libertad o garantizar la comida escolar para nuestros hijos”. Estas palabras resonaron en el evento, donde dejó claro su reconocimiento del aspecto humanitario del asunto, pero enfatizó que no debería ser una responsabilidad de los entes territoriales. La normativa en cuestión surge de una sentencia del Tribunal Constitucional de 2022, que fue posteriormente adoptada en su totalidad por el Congreso. Esta decisión transfiere a las entidades territoriales la responsabilidad de garantizar condiciones dignas para los detenidos en centros de separación, en respuesta a la crítica situación de sobrepoblación y a múltiples denuncias sobre violaciones de derechos humanos.
Yamil Arana, gobernador Bolívar. Foto:Juan David Camacho. Tiempo
Por otro lado, muchos de los líderes locales han manifestado que la transferencia de estas responsabilidades, sin la entrega de recursos necesarios, representa un duro golpe a sus finanzas. En Bolívar, por ejemplo, alrededor de 3.000 personas se encuentran actualmente en la policía y en estaciones de URI, lo que implica una carga millonaria para el presupuesto departamental, que ya enfrenta numerosas limitaciones para poder atender áreas críticas como salud, educación y servicios sanitarios básicos.
Arana Paduí también criticó abiertamente el silencio del gobierno nacional respecto a la provisión de fondos necesarios para abordar esta situación. “Lo mínimo que se espera es que se realice una evaluación de los efectos fiscales”, enfatizó. Resaltó que no se pueden imponer cargas desde el centro del país sin considerar la capacidad real de los territorios para asumirlas. Las palabras del gobernador reflejan una creciente preocupación en el ámbito local.
Es evidente que el gobernador de Bolívar no se encuentra solo en esta lucha. En las últimas semanas, varios líderes regionales han alzado la voz para advertir que esta decisión estrecha el desarrollo sostenible de los planes en sus localidades. Algunos incluso han solicitado medidas inmediatas para detener su implementación hasta que se garanticen los recursos necesarios.
Detenido en Cartagena. Foto:Vanessa Romero, Tiempo
La controversia que se ha suscitado se centra en una cuestión fundamental: ¿Quién debería financiar el sistema penitenciario y el mantenimiento de las prisiones, especialmente en las regiones más débiles? Los gobernadores tienen una respuesta clara; afirman que históricamente, la responsabilidad ha recaído en el gobierno nacional y que así debe seguir siendo. Con la fecha límite del 30 de junio aproximándose, el debate permanece abierto y las entidades territoriales urgen a establecer un diálogo con el ejecutivo y el Congreso para revisar el alcance de esta medida. De no ser así, advierten, “serán los niños, los jóvenes y las comunidades más vulnerables quienes pagarán el precio de decisiones tomadas sin el respaldo presupuestario adecuado”.
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Documento del periodista Jineth Bedoy. Foto:
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