El gobierno adapta los criterios para recolectar valorización entre Barranquilla y Cartaagen

Es fundamental hacer todos los esfuerzos necesarios para asegurar la justicia y equidad en la contribución por valorización del trabajo, lo cual está siendo abordado por el gobierno nacional, que ha declarado que se encuentra en proceso de llevar a cabo una “revisión exhaustiva” de las capacidades económicas relacionadas con estos beneficios. Este proceso se realiza en conjunto con el llamado a la acción del presidente Gustavo Petro para garantizar que todos los aspectos sean considerados.

La información relevante fue proporcionada por María Fernanda Rojas, la Ministra de Transporte, quien ha estado a cargo de la coordinación de esta importante solicitud. Rojas subrayó que, aunque la investigación sobre cómo se implementarán estas tarifas en la región ha avanzado de manera considerable, la prioridad inmediata es asegurarse de que ningún propietario que carezca de los recursos económicos adecuados sea notificado para efectuar el pago de tales contribuciones.

“Es vital garantizar que ningún propietario de tierras que no pueda realizar el pago sea notificado acerca de la recolección. Esto implica que todos los propietarios que vayan a ser notificados deben poder cumplir con sus obligaciones para poder realizar esta contribución de forma efectiva”, enfatizó Rojas en su intervención.

Esta decisión marca un cambio significativo en el cronograma previamente establecido por el Ministerio de Transporte, que el año pasado había proyectado comenzar a emitir facturas a los contribuyentes a partir de marzo. Las nuevas políticas que está implementando el gobierno están dirigidas a asegurar que la recolección por valorización se realice de manera justa y en proporción a la situación económica de cada propietario, evitando así que las cargas financieras sean desmesuradas para aquellos que no tienen los recursos suficientes.

La contribución de valorización por su parte se prevé que afectará un total estimado de 248,656 bienes raíces, distribuidos entre el Atlántico (180,633) y Bolívar.

Los municipios que se verán afectados, y por ende sujetos a impuestos, incluyen Barranquilla, Soledad, Puerto Colombia, Malambo, Galapa, Juan de Acosta, Piohó y Rurtped en Atlántico, además de Cartagena y Santa Catalina en Bolívar.

La decisión del gobierno de revisar y verificar la capacidad de pago de los propietarios tiene como objetivo ayudar a mitigar el potencial impacto negativo que estas contribuciones pueden causar en la economía de las familias. Esto permitirá que el financiamiento de obras de infraestructura necesarias se realice de manera justa y equitativa, respetando las posibilidades económicas de cada ciudadano.

En las próximas semanas, se espera que sean revelados más detalles acerca del proceso de revisión y el nuevo horario relacionado con la recolección por valorización, lo cual será crucial para que todos los involucrados estén informados y preparados.