Han pasado nueve años desde la firma del Acuerdo de Paz de La Habana, que terminó con más de 50 años de conflicto entre las Farc y el Estado colombiano. Sin embargo, el resultado es agridulce. El Gobierno enfrenta “problemas críticos” para la implementación de lo pactado, según Gerson Arias, politólogo de la Fundación Acordemos, con trayectoria en escenarios como la Comisión de la Verdad y las negociaciones en Cuba. Destaca que mientras más de 13.000 personas firmaron, la presencia territorial y el pie de fuerza de otros grupos armados, como las disidencias de las Farc, sigue aumentando, y que al Gobierno le hace falta contundencia para impulsar y defender decididamente al acuerdo.
LEA TAMBIÉN
¿Cuáles son los mayores logros del Acuerdo de Paz y qué es lo que falta por implementar?
Por un lado, está el exitoso proceso de desarme y tránsito a la legalidad de las extintas FARC, creo que eso es un proceso sin antecedentes en términos de la relación hombre-arma y de lo que sabíamos de la organización respecto a lo que ellos terminaron presentando. Ellos presentaron un listado cercano a las 14.000. En términos de lo que ha venido pasando, teníamos alrededor de 13.000-13.500 personas que hacían parte. Lo digo porque veníamos de un ejemplo donde existían 12.500 paramilitares y de repente llegaron 30.000. El segundo aspecto positivo es que hubo un arreglo institucional. Es decir, el Estado se comprometió a crear institucionalidad, a crear normas, a crear los procedimientos para la implementación del acuerdo. Durante los dos primeros años se tomó la decisión de que el Estado respondiera a la dimensión de lo que implicaba. Tercero, las comunidades se movilizaron alrededor de una planeación participativa de la paz territorial, y por tanto estuvieron muy comprometidas en todo lo que fueron las acciones y los planes relacionados con los PDET. Cuarto, lo del punto 5, el avance de la Comisión de la Verdad, de la Unidad de Búsqueda, cada día da mejores resultados, y una JEP que ya está dando los primeros resultados. Quinto, después de un periodo de dudas del gobierno Duque, en el de Petro se ha vuelto a recuperar la idea de que implementar el acuerdo es un compromiso de Estado. Por último, la continuidad de la comunidad internacional, que creó una misión vía Consejo de Seguridad para el cese al fuego y el desarme, luego creó otras para acompañar la implementación, tensionadas a partir de la última decisión del Consejo de Seguridad, pero la comunidad internacional ha sido una de las consideraciones exitosas del proceso. Sigue pensando y actuando en términos de que es la mejor noticia que ha ocurrido en los últimos años en el hemisferio occidental.
Acuerdo de Paz con las Farc, 2016. Foto:Héctor Fabio Zamora. Archivo EL TIEMPO
Dice que en este Gobierno ha habido avances con respecto a los anteriores…
Respecto al de Duque. La centralidad del acuerdo estaba en discusión, abiertamente habían manifestado que no lo apoyaban, lo que logra este Gobierno es recuperar la narrativa de lo que implicaba el compromiso del Estado. Sin embargo, hay tres problemas críticos: uno, el arreglo institucional. Pasamos de una consejería para el posconflicto a una unidad de implementación dentro de la consejería del comisionado de paz, ahí hay un desbalance y retroceso, es una figura con muy poco peso político y técnico. Segundo, en la relación acuerdo-‘paz total’ se ha presentado un ‘divorcio’, según dijo el comisionado de paz, Otty Patiño, y ha existido una mayor centralidad en esas mesas respecto al impulso que amerita el acuerdo de paz. Por último, la importancia que le está dando este Gobierno con miras a lo que vaya a pasar en el siguiente no es clara. Hoy existen unos imaginarios imprecisos, incorrectos, que dicen que el acuerdo fue el causante del desborde de expansión de los grupos, mientras nosotros decimos que fue su no implementación. Un gobierno como el de Petro dice respaldar el acuerdo, pero es timorato a la hora de impulsarlo decididamente y defender lo que implica que sea un compromiso del Estado. Como este acuerdo en términos de las disidencias o el Eln no resulta un buen incentivo, el Gobierno ha decidido seguir adelante con las mesas, bajarle el perfil y no darle el lugar adecuado a la implementación, así hay un desbalance entre ‘paz total’ y acuerdo.
Gerson Arias, Foto:Cortesía
LEA TAMBIÉN
¿Qué hacer con respecto al incremento en presencia territorial y en personal por parte del Eln y las disidencias de las Farc?
Cuando un grupo armado se sienta y ve un gobierno como el de Duque que dice ‘voy a implementar el acuerdo porque me toca’ y luego el de Petro dice que va a implementarlo, pero no lo hace de manera eficaz, el grupo tiene un espejo difícil que es lo que están diciendo: ‘usted no ha sido capaz de implementar el acuerdo de hace 9 años y me está pidiendo lo mismo’. La escasa implementación en temas críticos como el punto 1 y el punto 4, de drogas, transmiten una mala señal a los grupos armados en términos del compromiso del Estado de validar lo acordado. Lo otro tiene que ver con cuatro líneas específicas: primero, esta expansión y control territorial de las disidencias viene de Duque. Antes de ese Gobierno teníamos aproximadamente 1.000 personas integrando estos grupos, hoy tenemos cerca de 10.000. La estrategia de seguridad es una deuda pendiente, no haber puesto un freno o no controlar la expansión de los grupos disidentes. Segundo, la estrategia no está leyendo el contexto en que se mueven los grupos armados, donde es escasa la presencia de campamentos, andan en pequeñas unidades, hay gobernanza armada. Es decir, tienen la capacidad de dominar territorios no solo con hombres armados sino con redes de apoyo o ‘puntos’, como los llama el ‘clan del Golfo’. Las tácticas o estrategias militares que funcionaron con las Farc no se pueden aplicar de igual manera, venimos en ese rezago de seguir leyendo la dinámica de la violencia y del conflicto a partir de unas mismas respuestas. Tercero, la desconexión entre ‘paz total’ y seguridad, con tres puntos críticos: uno, el lugar de la inteligencia estratégica para conducir doce mesas de negociación: ¿cuál es su lugar para prevenir y orientar las decisiones de una política de paz? Desde el primer comisionado notamos que a este Gobierno y a su consejería de paz no les gusta hablar de inteligencia y tienen una distancia enorme sobre lo que significa hacer uso de eso. Dos, hay observadores policiales y militares en las mesas, pero hay una desconexión sobre cómo debe operar la Fuerza Pública en este contexto. Eso se debe a que no han hecho un esfuerzo por comprender a plenitud las mesas ni la oficina del consejero comisionado ha entendido cómo hacerle pedagogía u orientar su actividad. Tres, el hecho de tenerlos sentados, tener un cese al fuego o suspender una ejecución de órdenes de captura, no lleva a un grado de inmovilidad de las fuerzas. En los primeros años de ‘paz total’ vimos inmovilidad, incertidumbre para actuar. Cuando no hay ese diálogo, los grupos se expanden. Por último, la no existencia de líneas rojas de la política de paz respecto a qué es posible hacer o no en un proceso y cuáles son las condiciones (…) las disidencias están instrumentalizando la ‘paz total’ para avanzar, cuando eso pasa los grupos agregan gente a sus estructuras, incluyendo niños, y aumentan el poder sobre comunidades.
Disidencias de las Farc. Foto:AFP
¿Cómo valora la participación de Comunes en el Congreso? ¿Qué tipo de rol van a cumplir, ya que ahora tienen que buscar sus votos si quieren tener representación?
Ese tránsito de parte de los integrantes de las extintas Farc hacia el hoy partido Comunes es un éxito de lo que significa un acuerdo de paz: dejar la lucha armada para hacer tránsito a vías más institucionales. La creación del partido en sí es una puesta en práctica de lo que significaba el deber ser de un proceso. Segundo, lo que ha encontrado Comunes es que había una desconexión entre su imaginario de cómo era hacer política en el siglo XXI y se han estrellado con la falta de credibilidad y de confianza de muchos ciudadanos no solo en sus zonas de dominio, sino en la ciudad, sobre lo que significan ellos y su legado de violencia. A los ‘trancazos’ se han dado cuenta de que hacer política bajo este contexto debió haberse hecho con mejores herramientas, pensando en un panorama de la socialdemocracia. Pero siguieron apostándole a su mismo nicho de la izquierda tradicional y no supieron adaptar las condiciones. La situación de lo que sigue es crítica. Sus votaciones han mostrado que su capital electoral es muy bajo, y por tanto tendrán que hacer una apuesta a un frente amplio de partidos en el que pueden diluirse. Por último, Comunes está apoyando esta idea del progresismo, pero tienen muchas inquietudes o dudas con el compromiso del gobierno Petro, a pesar de que lo apoyan con la implementación del acuerdo. Ahora, en lo que debe cambiarse de la cultura política, sienten que a medida que se llega a otro escenario electoral, el hecho mismo de su pasado empieza a pesar en la izquierda democrática con la cuestión de qué tan útil sería acogerlos. Al final tendrán que hacer una apuesta pragmática de que las personas que tienen curules permanezcan en el escenario; deberían hacer una revisión para garantizar un nuevo aire al escenario regional, porque en el nacional su presencia será limitada.
Algunos de los dirigentes del partido Comunes durante un encuentro con la Comisión de la Verdad. Foto:Archivo EL TIEMPO
Van casi 500 excombatientes asesinados desde la firma del acuerdo ¿A qué se debe esto y cómo evitar que siga ocurriendo?
El dato que hoy existe son 478, es el dato que tiene Comunes. Tiene que ver con tres cosas, lo respondo en línea de lo que dijo la Comisión de la Verdad. Uno, es una organización que estuvo 50 años en la ilegalidad y tuvo vínculos con muchos sectores para los que la paz no es un buen negocio. Muchas de las personas que trabajaban con ellos desde la ilegalidad quisieron cooptarlos y eso generó fricciones con quienes querían cambiar de vida. Dos, la permanencia de factores en los territorios que han generado que grupos armados de diferente índole empiecen a crecer en esos territorios. Si los firmantes de paz no atienden eso, se convierten en objetivo. Tres, la falta de una estrategia para copar institucionalmente los territorios que ellos dejaron. Por eso en buena parte de ella entraron otros grupos o se consolidaron disidencias. Además, en las antiguas zonas veredales o ETCR estaba claro que cada firmante era libre de hacer lo que quisiera. La estrategia de seguridad se pensó para cuidar a quienes fueran a quedarse allí, pero la realidad decía que muchos harían sus proyectos de vida; faltó una estrategia de control territorial para que se movieran en un ambiente seguro. Finalmente, la existencia de las disidencias hace que los busquen y los amenacen, responsables de más del 50% de esos asesinatos.
Asesinato de firmantes de paz. Foto:Joaquín Sarmiento. AFP y Jaiver Nieto. EL TIEMPO
¿Cómo evitar que la búsqueda de la verdad y la reparación de las víctimas se pierda en medio de los escándalos recientes?
Primero, por la polarización a la que se llegó por responsabilidad del Centro Democrático sobre el Acuerdo de Paz creó un imaginario donde buena parte de la sociedad colombiana aún no entiende las dimensiones de un proceso del fin del conflicto y de búsqueda de verdad, justicia, reparación y no repetición. Sigue haciendo falta pedagogía y conversación (…) es fácil llegar a conclusiones erradas como decir que el acuerdo es el causante de las disidencias, cuando es su no implementación. Segundo, mejores medidas de alistamiento del Gobierno para asumir sus compromisos respecto a la implementación. Tercero, el cómo acelerarla: uno, con una hoja de ruta para responder al problema de los cultivos de uso ilícito, que al menos se detenga el crecimiento. Dos, debemos poner énfasis en la reforma política que está consagrada en el acuerdo. La misión electoral hizo unas consideraciones y vemos que hay muchas dudas de si el sector político que dirige el país es consciente de lo que está pasando en términos de violencia. Tres, garantías de seguridad. Hay una política de desmantelamiento, pero no hay una conexión entre lo que está ocurriendo en la práctica y la estrategia que tiene la Fuerza Pública y la justicia para llegar allí; ese vacío debe empezar por lo obvio, que al menos haya control territorial institucional. Por último, la discusión los derechos de las víctimas la línea de base para ella. El proceso puso una línea alta, legítima para las víctimas. Hay que dar el debate con respecto a grupos políticos y no políticos, como las bandas en las ciudades sobre las que se está hablando de paz urbana.
ESTEBAN MEJÍA SERRANO
ESCUELA DE PERIODISMO MULTIMEDIA EL TIEMPO
REDACCIÓN POLÍTICA
LEA TAMBIÉN
