A pesar de que se asumía como un hecho que el gobierno de Gustavo Petro tenía la intención de implementar un shock de 90 días en Catatumbo, Cucuta y en dos municipios de Cesar, el Secretario General optó por levantar esta medida. En vez de eso, decidió extender la vigencia de 11 decisiones legislativas ya existentes.
El fallo 0467, emitido el 23 de abril, establece en su primer artículo que se debe “obtener el estado de trauma interno declarado conforme a la Directiva 0062, del 24 de enero de 2025, hasta el 24 de abril de 2025”. Sin embargo, es claro que los Decretos Legislativos 106, 107, 108, 117, 118, 120, 121, 134, 137, 180 y 433 de 2025 continuarán vigentes durante 90 días más.
Según el análisis del comando, “las medidas atípicas que se han implementado han sido fundamentales para conjurar las causas que motivaron la declaración de trauma interno, evitando la expansión de sus efectos”. De este modo, se enfatiza que la decisión ha sido tomada, pero las decisiones legislativas extendidas son esenciales para continuar los esfuerzos en la región y prevenir males mayores.
El gobierno de Petro ha manifestado que tiene la facultad de prorrogar los efectos de los mandatos basándose en el Artículo 41 de la Ley 137 de 1994: “El fallo legislativo que el gobierno emita durante la vigencia de un shock interno cesará de tener control tan pronto como se declare la regla general; no obstante, dicho valor puede prorrogarse hasta por 90 días adicionales”.
Así, el gobierno experimentará durante tres meses más, es decir, hasta julio, una continuidad significativa de las órdenes pertinentes a los residentes de dichas áreas, junto con acciones de Landvernd, Foundation y otras iniciativas que seguirán implementándose a pesar de la expiración de la excepción.
Las decisiones que se mantienen en vigor
La primera decisión que se mantendrá vigente es el Decreto 106, que ofrece a los residentes de la zona acceso a créditos, financiamiento, deuda y suspensión de acciones judiciales, con el objetivo de “garantizar los medios de vida y la producción de alimentos”.
Este decreto justifica que el “Banco Agrícola de Colombia (BAC) y el Fondo para la Financiación del Sector Agrícola (Finagro) deben ejercer poderes especiales para gestionar la comunicación, los acuerdos de recuperación y el financiamiento masivo de la cartera regional, dado que el marco regulatorio normal no resulta suficiente en este contexto.
Una segunda medida que se extenderá es la decisión 107, que entrega medidas de protección a las áreas agrícolas, las cadenas de abastecimiento de alto rendimiento y otros sectores vinculados a la alimentación.
La Comisión ha asegurado que se debe sostener la capacidad de contratación y protección de estas cadenas, con incentivos sobre la protección de parafiscales y semillas, ya que la violencia sigue afectando a los productores de la región.
Además, se han prorrogado las medidas del Decreto 108, que buscan prevenir la acumulación y el almacenamiento en el sector agrícola, lo que refleja la necesidad de salvaguardar la producción en esta región. Para la Comisión, las “condiciones normales en el contexto general” no implican que las personas regresarán inmediatamente a la normalidad, por lo que sus fuentes de ingresos deben ser protegidas mientras perduren estas circunstancias.
El Decreto 117 también fue prorrogado; este había permitido exenciones fiscales para fomentar el sector turístico y ofrece un descuento temporal en el impuesto sobre la renta a los negocios del sector. Esta prórroga se justifica al observar que la ocupación hotelera sigue afectada por el temor de un posible resurgimiento de la violencia y la atención negativa que esto ha traído a la zona.
Siguiendo esta línea, el Decreto 118 también ha sido prorrogado, especialmente en el caso de Catatumbo y otras áreas impactadas por el conflicto. Esta extensión se argumentó basándose en que la violencia contra los residentes y el público en general sigue ocurriendo con frecuencia.
El documento señala: “La violencia persiste y se han reportado ataques que han resultado en la muerte de 9 individuos en uniforme y 14 homicidios intencionales, así como 5 secuestros y 79 casos de extorsión, lo que pone de manifiesto la gravedad de la situación y la inestabilidad del orden público”.
Finalmente, la Directiva 120 establece condiciones especiales para el transporte en la región, manteniendo la seguridad ciudadana al permitir únicamente el funcionamiento de transporte público bajo “planes de seguro”.
