La historia de Medellín no puede contarse sin reconocer su verdad fundamental: la ciudad fue construida, en sus faldas y alrededores, por miles de desplazados del campo, en diferentes etapas de la vida nacional durante el siglo XX, especialmente en su segunda mitad. Los asentamientos no fueron un regalo del Estado, sino el resultado de la acción colectiva y el liderazgo social orgánico, que ladrillo a ladrillo cimentaron el tejido de la comunidad. Sin embargo, hoy esta acumulación social histórica enfrenta una profunda fractura. El liderazgo en las comunas se dividió en dos tipologías antagónicas: aquellos que instrumentalizaron las luchas colectivas para su propio beneficio y aquellos que, fieles a la ética del servicio y el cuidado, fueron reprimidos y marginados tanto en el barrio como por las instituciones estatales.
Hay una casta en los territorios que ha cooptado la etiqueta de “líder social” para vaciarla de contenido social y darle uno más burocrático. Este perfil se caracteriza por la comercialización de las disputas sociales. Para estos actores, las necesidades de la gente no son problemas a resolver, sino activos o monedas que pueden comercializarse en el mercado electoral y en la obtención de recursos, especialmente aquellos provenientes del presupuesto participativo.
Este fenómeno tiene algunas características: tienen una lógica feudal, se esfuerzan por crear parcelas cerradas de poder, viendo a sus vecinos como una simple figura (“número”) para las negociaciones con las élites políticas; Operan bajo un doble rasero: son serviles y complacientes ante quienes tienen el poder burocrático (que buscan validación y estatus), pero actúan como déspotas y tiranos ante una comunidad de base que no les ofrece ningún retorno inmediato; y, finalmente, en periodos electorales su discurso se reduce a una capacidad de movilización transaccional (“yo doy 1.000 o 10.000 votos”), deshumanizando a la gente y convirtiendo las organizaciones vecinales en una subasta al mejor postor.
Estos “mercenarios sociales” representan una extensión del Estado burocrático y corrupto en el territorio. Su función no es transformar, sino contener el descontento y gestionar la pobreza a su favor, bloqueando cualquier intento de relaciones horizontales o de construcción de una autonomía real en el vecindario. Aceptan la lucha de las banderas sociales, pero en el fondo las desprecian porque, cuando se les da la primera oportunidad de actuar y tomar el lugar de los tiranos, lo hacen sin sonrojarse y con todo orgullo.
La relación entre estos liderazgos e instituciones revela una dinámica perversa. Los programas gubernamentales, que en teoría deberían fortalecer la estructura social, a menudo terminan con una pérdida de capacidad de gestión comunitaria. Se impone la lógica de la dependencia financiera y política. El líder está condicionado: para acceder a recursos ridículos debe renunciar a la confrontación directa y a la crítica estructural. Bajo el supuesto de “cuidar la imagen de la institución” (o coloquialmente, “no matar al perro” para no armar escándalo como decía la eminencia institucional), la protesta se domestica y la organización se agota en interminables trámites burocráticos que nunca resuelven los problemas de raíz. Además, colocan a las organizaciones en competencia por estos recursos, aumentando las diferencias y convirtiéndolas en adversarios, desviando así la atención de los verdaderos enemigos de nuestros barrios.
Del otro lado, encontramos la trágica figura de un líder social histórico. Quienes, a pesar de no tener títulos académicos ni cargos públicos, tienen una ética inquebrantable y han antepuesto el bien colectivo a la lógica individualista neoliberal.
Su realidad es devastadora, como dijo un líder comunitario: “Muchos dan su vida para construir su barrio y terminan muriendo en la pobreza absoluta, olvidados por las mismas comunidades que ayudaron a construir y por un Estado que nunca los apreció”.
Este escenario nos obliga a considerar con urgencia la sostenibilidad material de la militancia y las acciones sociales y transformadoras en nuestros barrios, dado que no pueden sostenerse en “buenas intenciones”. En la vida cotidiana, trabajando en el barrio, tienen que buscar medios de vida, duplicación de esfuerzos, dúplex, dinámicas de trabajo que no se pueden combinar porque los limitan y agotan.
Esta misma existencia lleva a la pregunta: ¿qué se puede hacer para superar esta realidad? ¿Será factible implementar un ingreso básico o mínimo de vida para quienes dedican su vida al trabajo comunitario, dado que sin garantías materiales mínimas la autonomía es una utopía? ¿De dónde vendría tal recurso si no se convierte en un instrumento de control y cooperación, una realidad evidente entre los concejales? ¿Qué obligaciones mínimas le daría a la comunidad alguien que reciba tal reconocimiento? ¿Cómo podemos actuar colectivamente para que esos recursos no den lugar a discusiones y tensiones dentro de la propia comunidad? Cualquiera que sea el mecanismo para esto, la verdad es que la inseguridad económica hace que un líder sea vulnerable a la cooptación o lo condena a la miseria.
La cuestión no es fácil de esclarecer, pero hay que afrontarla y resolverla, partiendo de la primera certeza: garantizar el sustento no es un acto de misericordia, sino una condición necesaria para posibilitar un liderazgo independiente, capaz de oponerse al poder sin miedo a morir de hambre, y encaminado a construir “otros barrios” para una vida digna, lejos del clientelismo. Aunque esto ciertamente no significará que dejen de existir los parásitos sociales que instrumentalizan las luchas y anhelan ocupar el lugar del opresor.
En Medellín, los líderes auténticos enfrentan una encrucijada ética, no ajena a la de otras ciudades y territorios, especialmente en este período electoral. Tenemos que decidir qué tipo de liderazgo legitimaremos: el de un comerciante que ve en la comunidad un trampolín para su ascenso personal y que se las arregla con el poder sacrificando la dignidad colectiva, o el de una vida militante, que busca autonomía, justicia y construcción horizontal, pero que hoy necesita urgentemente apoyo material para no morir. La respuesta definirá si nuestros barrios seguirán siendo territorios de control social, de domesticación, granjas de votos para la maquinaria política y el imperio de los Gamonales nada ejemplar, o si recuperarán su vocación histórica de territorios de resistencia y dignidad.
