Estados Unidos y Panamá incurrieron en graves irregularidades al violar tanto las normas nacionales como las internacionales durante la reciente expulsión de casi 300 migrantes. Este grupo, compuesto por ciudadanos de países terceros, fue enviado a la nación centroamericana en el marco de una política agresiva de deportación impulsada por la administración del ex presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.
Tanto Estados Unidos como Panamá tienen la obligación de garantizar procesos de asilo justo
Este hallazgo se revela en un informe publicado este jueves por la organización estadounidense Human Rights Watch (HRW), que hace un llamado a poner fin a esta práctica inhumana y exhorta a otros gobiernos a no aceptar ciudadanos de países terceros enviados por Estados Unidos. Esta recomendación está condicionada a la existencia de un acuerdo que asegure sus derechos procesales y la posibilidad de solicitar asilo, de acuerdo con los tratados internacionales.
Los venezolanos fueron deportados de los Estados Unidos Foto:Efusión
El mencionado informe, titulado “A NADIE le importó, nos escuchó: Expulsión de ciudadanos a terceros países de Estados Unidos a Panamá”, documenta los abusos que la mayoría de estos migrantes sufrieron y que aún continúan padeciendo, ya que muchos permanecen en un limbo legal dentro de Panamá.
La investigación está fundamentada en entrevistas con 48 de estas personas, un grupo diverso que incluye hombres, mujeres y niños provenientes de Afganistán, Angola, Camerún, China, Eritrea, Etiopía, Irán, Nepal, Pakistán, Rusia, Somalia y Sri Lanka.
Estados Unidos envió a las personas encadenadas a un país desconocido sin darles ninguna oportunidad de solicitar asilo.
Todos estos migrantes, un total de 299, habían ingresado a Estados Unidos y habían presentado solicitudes de asilo al declararse perseguidos en sus países por motivos étnicos, religiosos, de orientación sexual y/o por sus opiniones políticas, entre otros aspectos.
El Salvador también ha recibido migrantes deportados de los Estados Unidos. Foto:Rodrigo Sura. Efusión
Ese mismo día, el nuevo presidente anunció que Estados Unidos estaba enfrentando una situación nacional de emergencia debido a la ‘invasión de migrantes’ y que las solicitudes de asilo estaban prohibidas para quienes cruzaban la frontera de manera irregular.
A pesar de que las leyes estadounidenses y los convenios internacionales afirman el derecho de cualquier persona a solicitar asilo, la administración de Trump continuó con la deportación acelerada de estos individuos, sin garantizarles los procedimientos justos establecidos y alegando que tales procedimientos habían sido anulados por la declaración de emergencia.
“El gobierno de los Estados Unidos mantuvo a estas personas en condiciones deplorables. A menudo eran retenidos en celdas muy frías, se les impedía contactar a sus familiares y abogados, y desconocían constantemente lo que iba a suceder con ellos, incluso cuando estaban encadenados y sometidos a vuelos militares hacia Panamá, según revela el informe.
“No provienen del tren de Aragua”, familias de prisioneros venezolanos. Foto:
Una vez en Panamá, las autoridades los sometieron a un régimen restrictivo, primero albergándolos en un hotel en la ciudad de Panamá y luego, tras una semana, trasladándolos a una estación de recepción de inmigrantes (ERM) en la provincia de Darién, en la frontera con Colombia. Además, se les restringió el uso de sus teléfonos, se evitaron las visitas y se hizo lo posible para cortar su contacto con el mundo exterior.
A principios de marzo, después de que las autoridades panameñas implementaron una “condición humanitaria temporal” que duró 30 días, hasta 90 personas fueron liberadas con la advertencia de que debían aprovechar ese tiempo para gestionar su vuelta a casa o buscar otra ruta de migración.
De los 299 expulsados, 180 optaron por regresar a sus países con el apoyo del programa “Retorno voluntario asistido” de la Organización Internacional de Migración (IOM). Sin embargo, 119 individuos siguen en Panamá, atemorizados de regresar a su patria. Sin embargo, este país centroamericano no les ha proporcionado la oportunidad de solicitar asilo.
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha luchado contra una campaña de deportación intensiva.
Foto:AFP
Los perfiles de los migrantes que permanecen en Panamá porque tienen miedo de sus vidas
Entre los que todavía permanecen en Panamá hay una mujer iraní de 27 años que huyó después de convertirse al cristianismo, otra mujer afgana que escapó de un matrimonio forzado, y un hombre gay ruso de 28 años que se vio obligado a abandonar su país debido a la persecución por su orientación sexual.
Según HRW, todos ellos intentaron comunicarse con las autoridades estadounidenses para solicitar asilo, pero sus peticiones fueron ignoradas.
“Estados Unidos envió a las personas encadenadas a un país desconocido sin ofrecerles ninguna oportunidad de solicitar asilo. Tanto Estados Unidos como Panamá tienen la obligación de garantizar procesos de asilo justos: nadie debería ser devuelto por la fuerza a un lugar donde pudiera estar en peligro, y esto sin llevar a cabo una evaluación completa y justa de su solicitud de refugio”, aseveró Bill Frelick, director de derechos de refugiados y migrantes de HRW.
Frelick sostuvo que la expulsión de estos migrantes fue indudablemente injusta y urgió a que se tomen las medidas adecuadas para remediar los abusos que sufrieron. En la actualidad, puntualizó, Panamá debe asumir la responsabilidad de proteger a estos migrantes, comenzando por asegurar un proceso adecuado y justo para examinar sus solicitudes para convertirse en refugiados. “
HRW acusa al gobierno de Mulino de violar las reglas nacionales e internacionales junto con los Estados Unidos. Foto:Presidencia de la república
Panamá y El Salvador, casos comparables de deportaciones por Estados Unidos
Aunque HRW no lo menciona explicitamente, la situación de los migrantes enviados a Panamá se asemeja a la de otros 300 venezolanos deportados a El Salvador, donde se encuentran recluidos en una prisión de máxima seguridad.
La administración Trump, acusándolos de ser parte del violento grupo criminal El Tren de Aragua, los expulsó basándose en una legislación antiquísima que le permite expulsar a ciudadanos de países en guerra o que esté bajo amenaza de invasión.
No obstante, recientemente, la Corte Suprema de EE. UU. solicitó que se ponga fin a este tipo de deportaciones, defendiendo previamente un proceso adecuado antes de realizar cualquier expulsión.
Además, mientras otros países como Colombia negocian con Estados Unidos la posibilidad de recibir a extranjeros que han sido deportados por la administración Trump.
Estados Unidos ha deportado a cientos de migrantes de diversas nacionalidades a terceros países. Foto:AFP
Las recomendaciones de HRW a Estados Unidos y Panamá
En el informe, HRW también presenta un conjunto de recomendaciones dirigidas tanto a Estados Unidos como a Panamá y a otros países que contemplan acuerdos similares.
Estados Unidos debería cesar las expulsiones forzadas o transferencias de personas a terceros países donde no existan vínculos reales, salvo que haya un acuerdo formal que garantice el acceso a procedimientos justos de solicitud de asilo o protección equivalente, además de asegurar la protección efectiva a quienes verdaderamente la necesiten.
Tanto Estados Unidos como Panamá tienen la obligación de garantizar procesos de asilo justos: nadie debe ser devuelto a un país donde podrían enfrentar peligro y sin que se realice una evaluación completa y justa de su solicitud de refugio
Asimismo, se sugiere otorgar permisos temporales por razones humanitarias o de interés general a cualquier de las 299 personas que fueron injustamente expulsadas, para que puedan solicitar asilo en los Estados Unidos. Las leyes vigentes en Estados Unidos establecen que cualquier persona que se encuentre físicamente en ese país tiene derecho a solicitar asilo, independientemente de cómo haya ingresado, ya sea por un puerto oficial o no.
En cuanto al gobierno panameño, se le insta a no recibir ciudadanos de otros países a menos que haya un acuerdo formal con Estados Unidos que asegure los derechos procesales, la oportunidad de solicitar asilo, y un firme respeto al principio de no retorno.
También se les pide que se abstengan de detener a ciudadanos de otros países en cárceles o centros de detención, favoreciendo en su lugar la reunificación familiar o el retorno voluntario, así como garantizando que aquellos expulsados por los Estados Unidos tengan acceso a servicios médicos, psicosociales y de salud mental necesarios.
Sergio Gómez Maseri
Corresponsal de
Washington
@Sergom68
