Recientemente se llevó a cabo la presentación de cuestiones relacionadas con una consulta popular enfocada en la mejora de las condiciones laborales. Sin embargo, este evento no logró alterar la postura del Senado, una entidad encargada de decidir si se debería proceder o no con el llamado a las urnas que fue solicitado por el presidente Gustavo Petro. El panorama en cuanto a las votaciones es bastante similar al anterior, lo que sugiere que el plebiscito podría resultar en un resultado sumamente reñido, ya que no se prevén resultados concluyentes y claros.
Desde la oposición, se siguen escuchando voces que abogan por que el pueblo no se manifieste de forma afirmativa a favor de las encuestas. En este sentido, el partido de la Radical del Centro Democrático, mantiene una postura firme en contra de la propuesta del gobierno, incluso después de que se expusieran las distintas preguntas o inquietudes. “Advertimos que algunas de las preguntas son obvias y pueden resultar engañosas, muchas de las cuales ya están contempladas en la legislación laboral actual, como la exigencia de un contrato de trabajo para los trabajadores domésticos o la confirmación de la prohibición de la subcontratación”, afirmó el senador Carlos Fernando Motoa.
El Centro Democrático ha calificado esta iniciativa como populista. Así lo mencionó la senadora Maria Fernanda Cabal, quien alegó que “Hay 12 preguntas de carácter populista cuya respuesta sería un ‘sí’ universal; es como si nos preguntaran si deseamos ser altos, delgados, hermosos y millonarios”. También hizo énfasis en que muchos de los temas tratados, como la gestión menstrual, ya están incluidos en la legislación laboral, considerándolos inadecuados.
Las posiciones dentro de la Alianza Verde no se han modificado de forma significativa. Desde el comienzo, la postura del Banco Central ha sido favorable hacia la propuesta, recordando la intervención de León Freddy Muñoz, quien abogó en el Séptimo Gobierno del Senado por el beneficio de la reforma y por esta consulta que finalmente naufragó, una situación que indicó que el sector sigue expresando su descontento.
El presidente del Senado, Efrain Cepeda, habló en nombre del Partido Conservador. “Es fundamental escuchar tanto a empleados como a empresarios”, indicó, al tiempo que destacaba que ya existen proyectos que abordan algunas de las inquietudes planteadas y otros aspectos que “podrían resultar contraproducentes y que requieren un debate más profundo”. En este contexto, sugería que, en lugar de optar por una consulta, sería mejor canalizar estas inquietudes dentro del camino legislativo.
“Hay cinco proyectos de ley que ya han sido presentados en el Parlamento, yo creo que es mejor abrir el debate en este sentido; es un proceso más corto y efectivo”, enfatizaron los parlamentarios del Senado azul, quienes también han señalado el alto costo que implicaría realizar dicho plebiscito, que rondaría los 700,000 millones de pesos. “¿Por qué vamos a centrarnos en este asunto durante tres meses en plena temporada electoral si podemos alcanzar un consenso dentro del Senado?”, se cuestionó. Por lo tanto, sugirieron que su comunidad debería establecer un posicionamiento unificado para enfrentar el asunto.
Desde la categoría U, la senadora Norma Hurtado hizo énfasis en que muchas de las preguntas planteadas carecían de sentido. En contraste, el senador Juan Felipe Lemos se mostró mucho más crítico hacia la propuesta, considerándola “innecesaria y con muchos costes económicos asociados”. En su opinión, se trataba exclusivamente de “herramientas políticas”. Sin embargo, dentro del entorno gubernamental, también hay quienes seguramente votarán a favor de la propuesta.
En el partido liberal, hay un ambiente de expectación en torno a la posibilidad de que la propuesta obtenga al menos seis votos que la apoyen. Aun así, el senador Alejandro Carlos Chacón, autor de una iniciativa que podría servir como alternativa a la propuesta presentada por el gobierno, se encuentra en una situación compleja: no les convenía respaldar la consulta cuando tienen una propuesta similar dentro de su partido y sin necesidad de pasar por un plebiscito.
En este sentido, Chacón informó a que le preocupa la naturaleza de las preguntas contenidas en la consulta. Las consideró muy sesgadas y recordó que el Tribunal Constitucional ha indicado que la libertad de los votantes debe ser preservada. En su opinión, los errores señalados por el Tribunal Constitucional y el Consejo de Estado a lo largo de este proceso han dejado claro que las preguntas deben tener en cuenta ciertas consideraciones psicológicas.
Ponderación de un pacto histórico
A su vez, los representantes del gobierno han dado su visto bueno a la propuesta, manifestando que “Estas son preguntas claras que resumen los principios de las mejoras laborales.” María José Pizarro expresó que la falta de aprobación por parte del Parlamento es un reflejo de la necesidad de renovación para el año 2026.
Las cuentas finales
Al revisar las diferentes posturas sobre este asunto, se puede concluir que el hecho de que las preguntas hayan sido presentadas no ha llevado a una modificación significativa en la forma de votar. Existen claros apoyos y oposiciones, lo que sugiere que el resultado será muy apretado. La cuestión ahora gira en torno a cuántos votos necesitarán y en qué sentido será la decisión, de acuerdo con la interpretación de las leyes.
Si se establece una mayoría absoluta, se requeriría contar con 53 votos, lo que podría hacer que la votación sea extremadamente cerrada, ya sea para rechazarla o aceptarla. En cambio, si se opta por una mayoría simple, la situación podría tornarse más clara, ya que los senadores se quedarían en la capital. No obstante, las leyes no son del todo precisas, solo establecen que será “La mayoría de sus miembros”. Esto ha ocasionado distintas interpretaciones sobre si realmente se está requiriendo una mayoría simple o una calificada, siendo esta última la que se mostró en el plebiscito contra la corrupción, liderado por Claudia López, que fue aceptado por una mayoría calificada.
Juan Sebastián Lombo Delgado
Político
