Gobierno y abolición 33

El presidente Gustavo Petro anunció el sábado la confirmación sobre el mantenimiento de la paz y el manejo efectivo de las disidencias del gobierno. Se mencionó que “Deporte de violencia”. es un tema relevante en este proceso, resaltando la necesidad de abordar situaciones de conflicto de manera constructiva.

El documento ratificado este sábado, posterior a una importante reunión celebrada en la ciudad de Cucutá, especifica la creación de un área de ubicación temporal en el municipio de Tuber. Esto se da en el marco de las variables que han sido establecidas en la Ley 2272, conocida como ‘Paz Total’. Según las variables creadas en la Ley 2272.

“Se ha aprobado una zona de paz para facilitar la evacuación de la violencia en los próximos 33 años. Este espacio está diseñado para interactuar tanto con los empleados estatales como con el gobierno actual. En este lugar, se reunirán guerreros y armas durante este periodo. Se dará inicio a la paz en la región de Catatumbo”, expresó el presidente Petro a través de su cuenta en X.

La facción liderada por los alias Jhon Mechas y Richard es parte del bloque de Magdalena Medio conocido como el Gentil Duarte Block, que se integra además con diversos bloques y frentes conocidos como los anti-anhenses ‘Calarcá’.

El acuerdo también estipula que, para definir la zona de ubicación temporal, se evaluarán minuciosamente las propuestas presentadas por las partes involucradas. Esto busca asegurar un proceso efectivo y bien estructurado que permita abordar la situación actual.

“(…) Finalmente, la ubicación se definió tomando en cuenta aspectos críticos como la seguridad, el transporte, la geografía y la gestión administrativa, con el fin de satisfacer las necesidades básicas para la permanencia temporal de sus miembros 33. Frente al FARC-PEP, se participará bajo las condiciones de paz que establece la ley social y ambiental”, se menciona en el documento oficial.

La delegación gubernamental ha garantizado que en los próximos días se estará trabajando en los contratos y protocolos necesarios para establecer estas regiones de acción y su funcionamiento temporal en cada fase del proceso.

Es importante destacar que la directiva sobre la suspensión de acciones abusivas contra esta estructura armada, firmada por el presidente Petro y vigente hasta el 18 de mayo, se acordó en este contexto de subvenciones para facilitar la transición hacia la vida civil.

Este acuerdo se produce en medio de un escenario de intensa violencia, como una respuesta contundente a los conflictos que enfrenta la oposición, específicamente respecto a la FARC y el ELN en Catatumbo. De acuerdo con el último balance del PMU establecido en esa área, hay 65,079 refugiados, 12,740 personas cerradas y al menos 120 asesinatos registrados. Estas cifras generan incertidumbre y cautela sobre la eficacia de la propuesta presentada por la comisión.

¿Qué dicen las leyes generales de paz sobre las áreas de ubicación?

El Párrafo 3 del Artículo 8 de la ley establece que el gobierno o sus representantes reconocidos pueden establecer acuerdos con portavoces o representantes de organizaciones armadas que se encuentran fuera de la ley, dentro del marco del proceso de paz, lo que incluye la definición de su ubicación temporal en áreas determinadas.

Según la legislación vigente, en estas áreas se suspenderá la ejecución de órdenes de arresto, incluso aquellas que hayan sido emitidas por extradición, en contra de los integrantes de grupos armados involucrados en el proceso de paz. Esta disposición puede aplicarse para realizar traslados hacia estas áreas hasta que el gobierno establezca formalmente el marco del proceso.

¿Cómo se definirá el acceso a estas áreas?

En marzo, durante la presentación de un plan de transferencia para los ciudadanos, llevado a cabo por la oficina del secretario general, la delegación gubernamental, representada por Gloria Quiceno, mencionó la importancia de establecer un espacio previo a la instalación. Se discutió la necesidad de garantizar un entorno seguro para los miembros de este grupo armado ilegal.

La ley establece que estas áreas no deben ubicarse en zonas urbanas y que, además, deberán asegurar el mantenimiento del estado de derecho. “El gobierno definirá de qué manera las agencias gubernamentales actuarán para garantizar los derechos de la población”, se indica en el documento.

¿Se trata de una zona de liquidación?

Otros factores que el gobierno tendrá en cuenta, basándose en los acuerdos suscritos en la mesa de negociación, incluirán aspectos como la demarcación geográfica, el papel que jugarán los casos a nivel nacional e internacional en el proceso de desarme, así como la transferencia de legitimidad, condiciones necesarias y obligaciones para la región, y el desarrollo de actividades que varíen en esta área.

En conclusión, el párrafo 3 establece afirmaciones clave que definirán el futuro de este proceso de paz.

Camilo A. Castillo
Político
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