El registrador Hernán Penagos revela detalles de cómo será el escrutinio de los 13.508 puestos de votación que se instalarán en el país. Dice que 125.000 mesas requerirán especial atención. Y rechaza rotundamente las amenazas de alias Iván Mordisco contra la jornada electoral.
Registrador Penagos, ¿cómo así que ‘Iván Mordisco’ le manda a decir que él iba a dejar hacer elecciones, pero que ahora tal vez no?
Inaceptable. Un cabecilla de una organización al margen de la ley no puede venir a poner en cuestión el Estado de derecho en Colombia, ni más faltaba. Hace meses he venido advirtiendo sobre algunos lugares del país que me inquietan. Por eso nos hemos reunido a instancias del Procurador con el ministro de Defensa y la cúpula militar, revisando el Plan Democracia. Desde la Registraduría tenemos definidos ya 13.508 puestos de votación.
¿Cuántos son especialmente sensibles?
Hay que cuidarlos todos, pero hay especialmente 125.000 mesas que requieren atención especial. El ministro de Defensa habla de 104 municipios de alerta máxima. Hay que ir mostrándole a la sociedad colombiana cómo se van a garantizar las elecciones libres en esos 104 municipios, pero obviamente en todo el territorio nacional.
¿Qué se tiene planeado?
Que en unos puntos haya presencia de la Fuerza Pública con muchos meses de anticipación. Habrá que hacer acompañamiento días o meses previos, para garantizar el voto libre y el traslado de jurados, testigos y material electoral. Una persona al margen de la ley no va a amenazar a más de 50 millones de colombianos con que no va a permitir que se hagan las elecciones.
Otra complicación que se le ha atravesado al sistema electoral es el mecanismo de las consultas interpartidistas. Me llamó la atención la del Pacto Histórico, porque ese partido jurídicamente no existe, pero el logo sí apareció claramente en el tarjetón…
Eso ocurrió por una decisión que en su momento adoptó un magistrado del Tribunal en Bogotá, que ordenó la inscripción de esos términos por una medida cautelar. Con posterioridad fue negada la tutela, pero ya la consulta estaba en camino y ese Pacto estaba integrado por unos partidos que tenían personería. Lo que hicimos fue cumplir con la Ley 1475. Mantener la consulta bajo esos términos fue por circunstancias derivadas de decisiones judiciales, no de decisiones de la Registraduría.
El doctor Iván Cepeda puede volver a presentarse a otra consulta interpartidista en marzo?
Al respecto debo decir que el 8 de diciembre los partidos deben anunciar al Consejo Nacional Electoral si van a participar o no en las consultas de marzo y, a partir de ese momento, el CNE activa su competencia para decidir cuáles de ellos pueden participar o no.
¿Los candidatos también deben manifestarse?
No. Solo los partidos.
¿A qué horas esta democracia se nos volvió por firmas?
Sí, es un tema que no tiene precedente en Colombia, ni siquiera cercano. A esta hora son 91 los candidatos que quieren inscribirse a la Presidencia por firmas.
¿Cuántas calcula que la Registraduría tendrá que revisar?
Entre 35 y 40 millones de firmas, entre el 17 de diciembre y el 21 de enero. Una exigencia monumental, por lo que tendremos que trabajar prácticamente todo diciembre.
La ley le exige un mínimo de firmas a un candidato para poderse inscribir. Pero para hacerse publicidad política, para lucirse, llegarán a la Registraduría candidatos con miles y hasta millones de firmas más de las requeridas. ¿Eso significa trabajo extra e innecesario para la Registraduría?
Será un desafío muy grande porque el Consejo de Estado dice que hay que revisarlas una a una. Afortunadamente, desde el principio del año, veníamos previendo una exigencia de esa magnitud y llevamos todo este tiempo preparándonos para cumplir esa tarea. Por ejemplo, en la revisión de firmas colaborarán funcionarios públicos, servidores y supernumerarios que vamos a contratar. Serán miles los que ayudarán a revisar. También tenemos a un equipo de grafólogos grande. Todo grafólogo que necesite ocuparse, aquí lo recibimos, porque no hay muchos en Colombia; esa profesión, o esa tecnología, ya no existe mucho en el país y los que quedan los tenemos trabajando para nosotros. Y nos va a ayudar inmensamente el desarrollo de un software que permitirá revisar cada una de las hojas que entregan los candidatos y verificar que correspondan el número de la cédula con el nombre. Se mirará la grafía con inteligencia artificial y se revisará si hay nombres o números de cédula duplicados. Con ayuda de ese software depuraremos el número de firmas, que luego entregaremos a los supernumerarios y a los grafólogos para que hagan el resto de la tarea.
¿Qué pasa cuando aparece una persona, con firma y cédula auténticas, firmando en varias consultas?
Se puede. En Colombia no está prohibida la firma en diferentes consultas. Es absurdo, pero la ley lo admite. Una persona puede firmar 90 veces por distintos candidatos. Lo que no puede hacer es firmar varias veces por un mismo candidato.
¿Eso no habrá que regularlo en el futuro?
Claro. Tiene que haber un cambio normativo.
¿Cuándo tendrá qué entregar la Registraduría depuradas las firmas de los candidatos?
El 21 de enero. Es una exigencia muy grande, un desafío enorme, pero tenemos que cumplir la ley.
¿Un partido que manifiesta que va a participar en una consulta se puede correr?
Su intención debe manifestarla a más tardar el 8 de diciembre, pero luego se puede retractar.
¿Y a qué horas imprimen los tarjetones si un partido dice que sí y luego que no?
Como las consultas serán en el mes de marzo, nosotros, a partir del 6 de febrero, haremos todo el proceso de impresión de los tarjetones de consultas. Habrá que correr mucho. Prácticamente toca llamar a todas las empresas que tienen capacidad de impresión, para que le presten ese servicio a la Registraduría. Entenderá que son parte del censo electoral cerca de 41 millones de personas, pueden llegar a 42, luego eso implica 42 millones de tarjetas electorales por cada uno de los estamentos: consultas, Cámara, Senado y Presidencia, en primera y segunda vuelta. Es descomunal. Lo que está ocurriendo hoy en el país, por decir la palabra más tranquila, es novedoso.
Demasiado suave…
Diecinueve elecciones atípicas hemos realizados hasta el día de hoy en dos años. El 14 de diciembre, además del trabajo que tenemos, habrá elecciones en Bucaramanga, para elegir nuevo alcalde. Súmele a eso el número de candidatos que se inscribirá a través de firmas. Y agregue un hecho nuevo, y es que en Colombia hoy hay 31 partidos. En el año 2017 había 16, hoy estamos en el doble. Si todos esos partidos políticos presentan lista al Senado de la República, la tarjeta electoral va a ser de unas dimensiones casi que hasta difícil de gestionar. Son una serie de cosas capaces de afectar el buen suceso de un proceso electoral, porque le generan dificultades logísticas, operativas y administrativas a la Registraduría.
¿Y qué tal al votante?
También, desde luego. Muchas veces no conoce muy bien las coaliciones, ni sabe cuál es su posición ideológica, ni hacia dónde está orientada. En el escenario hay una mezcla de acuerdos políticos muy complejos, tanto para el ciudadano que va a votar como para la autoridad electoral que gerencia el proceso.
¿Habrá fotos en los tarjetones?
En las consultas y para la Presidencia. En Senado y Cámara nunca ha habido.
¿Y hay algún límite, en un tarjetón, de fotos y de nombres?
El límite es el número de puestos a proveer de cada estamento. En Presidencia, pues el número de candidatos que resulte: 3, 4 o 20…
Usted, Registrador, es un funcionario con fama impecable dentro de todas las ‘ías’. Por eso hay como una tendencia a esperar que usted lo vigile todo. ¿Se siente con esa capacidad de garantizar que todo salga bien?
El buen suceso de un proceso electoral es responsabilidad de todas las entidades que hacen parte del Estado colombiano, no solo de la Registraduría o de la autoridad electoral. Mire que la mayoría de los hechos por los que hoy se queja la sociedad en materia de fraude electoral son ajenos a la Registraduría. Le menciono varios ejemplos: la financiación ilegal de las campañas, la participación de servidores públicos en política, el uso de recursos públicos en las campañas, la corrupción al elector, la compra de votos… Los males de la democracia colombiana no le corresponden a la Registraduría, pero nos los cargan como si fueran nuestra responsabilidad.
¿Tampoco son responsabilidad de la Registraduría los delitos electorales que se cometen ‘in situ’, por mencionar la compra de votos y la corrupción al elector?
No. Lo que hace la Registraduría es proveer todo el proceso electoral y gerenciarlo. La compra de votos es un delito que deben perseguir los cuerpos de investigación, los órganos judiciales. Nosotros no tenemos ni siquiera competencias. Lo único que podemos hacer es denunciar esos delitos.
¿Tampoco tiene competencia la Registraduría para impedir delitos como la trashumancia electoral (o trasteo de votantes)?
Eso le corresponde al Consejo Nacional Electoral.
Pero la Registraduría debe alertar…
Claro, pero quien verifica la trashumancia electoral en Colombia es el CNE. La Registraduría recibe todas las inscripciones de ciudadanos, se las envía al CNE para que revise si hay o no posible trashumancia. El otro tema complejo es la participación política de servidores públicos. Pero la Registraduría no puede hacer nada, salvo recibir una denuncia y darle el traslado al órgano que corresponde. Y otro delito que ocurre es la presión al elector a través de fuerzas oscuras, y ahí tiene que entrar a actuar la seguridad del Estado a través de la fuerza pública para impedirlo y asegurar que la gente vote libremente.
¿Se puede falsificar una votación, el resultado de una mesa, un acta de jurado?
No hay forma alguna de que haya fraude electoral derivado del procesamiento de mesa, o de lo que se llama escrutinio de mesa. Tampoco derivado del escrutinio general que hacen los jueces, y mucho menos derivado del procesamiento de consolidación y divulgación de los resultados.
¿Seguro que no?
Se lo explico. El conteo de mesa no lo hace la Registraduría, lo hacen 700.000 personas que son jurados de votación, ciudadanas y ciudadanos que se eligen aleatoriamente, la mayoría del sector privado. El escrutinio general no lo hace la Registraduría, lo hacen los jueces de Colombia y funcionarios de la Rama Judicial, que evalúan las actas electorales y validan los resultados. Las actas electorales las diligencian los jurados; hacen lo más importante del proceso electoral que es contar los votos, y diligencian a mano las actas electorales.
¿Hay alguna posibilidad de que en Colombia nos ocurra lo que pasó en Venezuela, donde se robaron las elecciones?
No hay ninguna posibilidad, porque en Colombia en las próximas elecciones vamos a publicar todas las actas electorales de cada una de las mesas de este país. De Leticia, de Vichada, de Chocó o de Guajira. Y las vamos a publicar como nunca se han publicado. En Colombia son tres actas electorales por cada mesa de votación, es decir, por cada una de 125.000 mesas. Siempre se ha publicado una, que se llama E-14 Delegados; en esta oportunidad vamos a publicar las tres actas. Serán 770.000 actas en el caso de Senado y Cámara de Representantes, porque son dos estamentos, digitalizadas y publicadas. Y serán 375.000 actas en el caso de Presidencia de la República. A medida que la Registraduría vaya promulgando, difundiendo los resultados de preconteo, que son muy ágiles en Colombia, la ciudadanía puede ir comparando los datos que le presente la Registraduría con el acta electoral de cada mesa del rincón más apartado de Colombia.
En Venezuela no publicaron las actas de votación…
Sí, lo que ocurrió en Venezuela fue precisamente la falta de publicación de las actas. Aquí las publicaremos todas. Tenemos biometría facial. La auditoría electoral la vamos a contratar. Habrá observadores internacionales. Y con la parte técnica, administrativa y operativa que maneja la Registraduría no habrá manera de que se pueda siquiera pensar en una posible circunstancia que vaya en contravía de los resultados de las mayorías. Yo necesito que la gente entienda eso. El papel de los jurados de votación es muy importante. Por eso necesitamos que el sector privado presente listas de las personas que trabajan para ellos, igual el sector público, para hacer un sorteo aleatorio que permita tener jurados que den garantía, como estoy seguro de que va a ser. De manera que si su pregunta es acerca de la posibilidad de que en las próximas elecciones ocurra en Colombia lo mismo que en Venezuela, la respuesta es ninguna.
MARÍA ISABEL RUEDA
Especial para EL TIEMPO
