La expansión del aeropuerto internacional de Rafael Núñez, considerado uno de los proyectos de infraestructura más ambiciosos en el Caribe colombiano, ha dejado de ser un símbolo de progreso para convertirse en un epicentro de conflictos urbanos y sociales. En este marco, se enfrenta al gobierno local, encabezado por el alcalde del distrito de Cartagena, así como a la comunidad del tradicional distrito de Crespo.
Las preocupaciones expresadas por los vecinos sobre los impactos sociales, civiles y ambientales de las obras en curso han generado alarma en la administración del alcalde Dumek Turbay. Tras escuchar a los ciudadanos en una reunión celebrada el sábado pasado, el alcalde anunció un cambio en la postura del distrito respecto al proyecto, destacando la necesidad de reforzar la estrategia de defensa legal para garantizar el respeto por la planificación territorial y los derechos de la comunidad.
Cartagena no puede ser tratada como un escenario en el que se imponen decisiones del centro del país, independientemente del material social, la planificación urbana y los valores ambientales que apoyan a nuestra ciudad.
Turbay DumekAlcalde de Cartagena
En este sentido, el alcalde advirtió que se tomarían las acciones necesarias para revisar la legalidad de la expropiación y el uso de la tierra en la zona intermedia.
Comunidad de Crespo Marchó
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El detonante de la controversia fue la construcción de una vivienda en la tierra adyacente a la terminal de aviación, realizada por la licencia Oinac, una firma privada que se encarga del desarrollo del proyecto del aeropuerto. Este proyecto, que pertenece a la aeronáutica civil y está ubicado en un área de alta sensibilidad urbana, fue cercado sin los permisos requeridos de las autoridades regionales, lo que provocó una reacción inmediata de la oficina del alcalde.
El lunes, los funcionarios de la dirección urbana solicitaron la suspensión de las obras. Como explicaron desde la administración, el operador carecía de los permisos necesarios de acuerdo con los estándares de planificación urbana para el desarrollo en esa área.
La situación se volvió aún más grave cuando se supo que la comunidad teme que otras propiedades privadas de la zona también puedan ser objeto de expropiación, según la declaración de servicios públicos emitida por el Ministerio de Transporte.
Seal funciona en el aeropuerto de Cartagena
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Ante esta posibilidad, el alcalde Dumek Turbay recurrió formalmente a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANIA), a la Aeronáutica Civil y a Oinac, solicitando la entrega de un archivo administrativo que contiene la Resolución No. 20232000003805 del 31 de marzo de 2023. Esta resolución declara el proyecto como de utilidad pública para el “aeropuerto de Cartagena”, lo que permitiría, de forma legal, la adquisición forzada de bienes raíces.
“El objetivo es revisar el archivo de manera estricta y técnica y decidir las medidas de control que se tomarán para defender nuestra autonomía territorial y planificar adecuadamente el territorio. Este proyecto parece ignorar el uso del suelo definido y genera estrés colectivo en el distrito tradicional, como Crespo.“, explicó el alcalde.
En el oficio enviado a Óscar Torres Yarzagaray, presidente de Ania; a Carlos Cuartas, gerente de Oinac; y a José Pinto, director de Aeronáutica Civil, Turbay enfatizó que el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Cartagena establece condiciones para el cumplimiento del uso de la tierra y que cada intervención que no respete este marco intenta ir en contra de la planificación del distrito.
Óscar Torres Yarzagaray, presidente de Ania
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Frente a las afirmaciones de la administración local, la Agencia Nacional de Infraestructura subrayó su apoyo al proyecto y reiteró que el trabajo cuenta con todo el respaldo legal. En respuesta a la solicitud regional, Ania pidió a Oinac que proporcionara la documentación necesaria que demuestre el uso razonable de la propiedad en cuestión.
Entre los documentos entregados por la concesión se encuentra la Resolución No. 20232000003805 del Ministerio de Transporte y la Ley de Decretos 019 de 2012, que establece que las extensiones o modificaciones de aeropuertos nacionales e internacionales no requieren licencia municipal, una exención que ha sido seriamente cuestionada por las autoridades locales, considerando que no puede imponerse sobre las decisiones legales municipales.
El gobierno nacional reitera su firme compromiso con la región del Caribe y espera que, tras resolver las dudas del distrito, la reanudación del trabajo se realice sin inconvenientes. Este proyecto potenciará la comunicación, competitividad y desarrollo económico de Cartagena.
Óscar TorresgarayPresidente de ANI
La expansión del aeropuerto Rafael Núñez incluye la construcción de un nuevo edificio para vuelos internacionales que duplicará la capacidad, además de cinco puentes a bordo, nuevas salas de espera, modernización de las carreteras de acceso y la creación de espacios de estacionamiento, junto a otros avances técnicos importantes.
Según las proyecciones de ANIA y el operador OINAC, estas obras generarán más de 400 empleos directos e indirectos en la fase inicial y permitirán a Cartagena recibir un mayor flujo de pasajeros y turistas.
No obstante, para la comunidad de Crespo, la magnitud del proyecto y la falta de consultas cívicas durante su planificación han generado un descontento entre la promesa de desarrollo económico y el derecho a vivir en un entorno planificado y protegido. Los vecinos insisten en que no se oponen al progreso, sino que sostienen que no se puede construir a expensas de su territorio y de sus habitantes.
La disputa entre el alcalde de Cartagena y Ania
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En un intento por encontrar un camino hacia una solución, el 9 de mayo se llevará a cabo una nueva mesa de diálogo entre la oficina del alcalde, la licencia de Oinac, Ania, la Aeronáutica Civil, la Oficina del Defensor del Pueblo y los ciudadanos.
“El objetivo será presentar la documentación necesaria, escuchar a las partes involucradas y definir un marco de acción.“, comentó el presidente de Ania.
Mientras tanto, la oficina del alcalde continúa revisando la legalidad de la declaración pública y evaluando las posibles acciones judiciales necesarias para garantizar la autonomía en la planificación territorial de Cartagena.
“Esta no es una lucha contra el desarrollo. Es una defensa razonable de nuestra ciudad, nuestro territorio y los derechos de los cartageneros”, resumió el alcalde Dumek Turbay en una conversación con este medio.
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