La Oficina del Fiscal General solicitó a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANIA) un informe exhaustivo que detalle el estado actual del proceso de licencia relacionado con un proyecto de restaurantes que enfrenta la degradación de los ecosistemas en el Canal de muelle. Esta iniciativa se posiciona como una de las propuestas ambientales más ambiciosas en la historia del país, buscando equilibrar el desarrollo con la conservación del entorno natural.
Este requerimiento se enmarca dentro del monitoreo constante realizado por la agencia de control preventivo desde el año 2020. La situación se ha intensificado tras una reciente decisión emitida por la Oficina Nacional de Licencia Ambiental (ANLA), la cual se negó a transferir el instrumento ambiental actual. En su lugar, ordenó que se lleve a cabo una nueva investigación sobre el impacto ambiental (EOA), estableciendo esta evaluación como una condición necesaria para avanzar en el desarrollo y la implementación del proyecto.
El trabajo en el canal del dique tiene un impacto económico estimado en 3,2 mil millones de pesos.Foto:O
Además de la información solicitada, la Oficina del Fiscal General ha pedido determinar si, como resultado de este proceso, se ha activado el procedimiento de información del evento despedido. También se desea aclarar si la decisión de la ANLA ha generado alguna suposición acerca del riesgo contractual que debería asumir tanto el concesionario como la entidad responsable del proyecto.
En términos adicionales, la unidad de control ha requisitado una copia actualizada del Plan de procedimientos ambientales, abarcando todas las modificaciones necesarias que resulten de la obligación de gestionar una nueva licencia ambiental para el proyecto en cuestión.
Finalmente, el delegado encargado de asuntos relacionados con el medio ambiente, así como la extracción de energía y las agrograrias, han recordado la necesidad de cumplir con la obligación legal de publicar todos los documentos contractuales presentados durante el desarrollo del proyecto en el Sistema electrónico de contratación pública (Secop). Este requisito está alineado con el artículo 13 de la Ley 1150 de 2007.
Hasta el momento, según lo declarado por la Oficina del Fiscal General, solo se ha alcanzado la firma del No. 1 Iniciar acción. Esta declaración se produce en un contexto donde crecen las preocupaciones sobre la transparencia y el desarrollo sostenible del megaproyecto que abarca 400 kilómetros de ecosistemas degradados entre Atlántico y Bolívar.
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