Este proceso millonario ha sido una “obsesión” desde el año pasado para el exdirector del influyente partido, Ludwig Valero. Este último ya había manifestado su intención de mejorar el sistema a través de una subasta pública, viendo la necesidad de mejorar un proceso que históricamente ha sido criticado por la corrupción y la baja calidad en los servicios.
A pesar de los intentos de Valero, el 12 de marzo, mientras se llevaba a cabo un proceso de licitación crucial, fue solicitado a presentar su carta de renuncia. Las razones de su salida no han sido claras, pero diferentes voces, incluido el senador liberal Miguel Ángel Pinto, han insinuado su influencia en su destitución. Pinto, en particular, fue conocido por encabezar la presentación que resultó en el fracaso de una reforma laboral impulsada por el presidente Gustavo Petro.
¿Qué ocurrió con USPEC?
La salida del Ministro de Justicia se enmarca en un trasfondo de quejas impulsadas por la presión ejercida por Armando Benedetti.
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Los servicios penitenciarios son responsables no solo de la salud de los internos, sino también de las condiciones de infraestructura en los centros penitenciarios del país. Siempre ha sido un objetivo garantizar la eficacia en estos servicios y reducir la burocracia innecesaria. Según informes, había posiciones comprometidas de alto riesgo, no solo afectando a Pinto, sino también al senador Fabio Amin, otro miembro del Partido Liberal.
No obstante, existe un gran interés en controlar una unidad que dispondrá este año de un presupuesto cercano a dos mil millones de pesos. Buitrago relata que Benedetti y la actual directora de DAPRE, Angie Rodríguez, presionaron directamente para que Valero dejara su cargo “inmediatamente”.
La destitución de Valero no fue aislada; en poco tiempo, otras dos posiciones clave dentro de la unidad también fueron objeto de cambios. Entre el 9 y el 12 de mayo, se acordó la salida de dos jugadores clave: Juan Carlos Barragán, el director administrativo, y Sergio Andrés Agón, jefe del bufete de abogados.
Según Buitrago, Benedetti lo había presionado para que “inmediatamente” tomara a Valero.
De acuerdo con las resoluciones publicadas por USPEC, Naslly Esperanza Fonseca se mantuvo en el cargo de gestión política y Fabián Alberto Beltrán como jefe del departamento legal. Hasta la redacción de este informe, aún no se han hecho públicas los nombres o detalles de quienes continuarán en sus posiciones.
Contratos millonarios y un presupuesto inflado
Si bien el presupuesto de USPEC no es el más grande del estado, es considerable y merece atención. Solo el acuerdo de alimentación está valorado en 946 mil millones de pesos, lo que equivale al 49 por ciento del total asignado a esta unidad en el presupuesto general de la nación para 2025: 1.9 mil millones de pesos.
Hasta el momento, $USPEC ha presentado un aumento del 16 por ciento en sus costos operativos, lo que refleja un importante gasto en iniciativas de este tipo. Según cifras del Ministerio de Finanzas de la Transparencia Económica, solo los costos laborales ascienden a 40 mil millones de pesos, destinados a cubrir los salarios de 508 funcionarios.
El plan de presupuesto de la Unidad para 2025, como reveló la Unidad de Datos , indica que la nómina de USPEC se compone de 12 personas en la gestión, cuatro consultores, 116 expertos, 70 técnicos y 99 servidores en el nivel operativo. Solo considerando el salario básico, sin incluir primas ni otros beneficios, representan un costo de 183 millones de pesos mensuales.
Los costos laborales de la unidad alcanzan 40 mil millones de pesos este año.
Un enfoque crítico sobre la alimentación
La situación alimentaria en las cárceles afecta el “derecho a la alimentación”, según el defensor del pueblo.
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La cuestión de la alimentación en las penitenciarías ha sido objeto de atención permanente. Las cifras disponibles indican que, solo en 2023, se han firmado contratos por 1.600 millones de pesos y, para 2024, se prevén recursos por 450 mil millones de pesos.
Esta subasta ha levantado interrogantes. Organizaciones y ONGs, como la Corporación Internacional Anti-Corrupción (Coraci), han denunciado que los procesos penitenciarios tienden a favorecer a los mismos participantes de mercado, así como a grupos que, sin habilidades claras para el proceso, han monopolizado históricamente las contrataciones.
Es sorprendente observar que, para 2025, varios de los mismos contratistas que habían participado en 2024 continuarán involucrados, incluyendo empresas como Unión MacSol y Ardiko A&S.
El Defensor del Pueblo ha reiterado la necesidad de mejorar los servicios, que han sido calificados como “inhumanos”. En promedio, el costo de alimentación se sitúa en 16,626 pesos, que es notablemente inferior al costo de un almuerzo en Bogotá, que incluye desayuno, almuerzo, cena y bocadillos para los internos.
Desde la perspectiva del defensor, esto representa una “violación flagrante del derecho fundamental a la alimentación” para aquellos privados de libertad. Se señala que “la seguridad alimentaria no está garantizada” debido a la falta de infraestructura adecuada para el mantenimiento de los alimentos y su distribución.
Aún queda por determinar si este nuevo contrato logrará mejorar, de alguna manera, las condiciones del servicio.
Una unidad con presupuesto “al alcance”
La unidad, que trabaja en colaboración con el Ministerio de Justicia, fue creada mediante el nombramiento 4150 de 2011, con el objetivo de administrar los servicios penitenciarios y supervisar la labor de INPEC, como se detalla en el documento original.
Desde su creación, el sector penitenciario del país ha estado marcado por problemas de corrupción que han llevado a la implementación de medidas de gestión más rigurosas. En este contexto, se ha sancionado a figuras como Luis Enrique Murallas Gutiérrez, un teniente de INPEC que fue condenado a 22 años por fraude.
Creatividad de USPEC.
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Iván Unigarro Dorado, especialista en gestión pública y máster en Derecho Público, explicó a El Panorama las implicaciones recientes sobre USPEC y sus contratos, considerando el papel de la unidad en el sistema penitenciario.
Señaló que “la atención que brinda la unidad es un ciclo económico que se repite cada dos o tres años, debido a las mismas razones que llevaron a la creación de USPEC”, enfatizando que la creación de esta unidad buscó separar el trabajo de INPEC.
Entre los activos que gestiona USPEC se encuentran alimentos, colchones y ropa, entre otros elementos esenciales. Esta medida tiene como objetivo que la gestión centralizada de adquisiciones sea más efectiva.
“Los sectores que manejan mayores recursos son los ejecutivos. Una unidad como USPEC, que gestiona miles de millones de pesos, es interesante, puesto que sus recursos son líquidos”, menciona el especialista, haciendo una distinción con otras unidades administrativas que no cuentan con un presupuesto similar.
No obstante, advierte sobre las complejidades involucradas en la provisión de servicios de alimentación, lo que justifica los altos costos en el presupuesto administrativo. Estas complicaciones derivan de las particularidades de cada establecimiento penitenciario.
Finalmente, el caso continúa suscitando tensiones entre el exministro de Justicia y Armando Benedetti, el actual ministro del Interior, dejando al descubierto diversos problemas de transparencia dentro del gobierno. Las consecuencias legales potenciales podrían incluir quejas penales y disciplinarias por conductas presuntamente indebidas, así como acusaciones de corrupción.
Desde la óptica de la ética pública y la lucha contra la corrupción, es evidente que las revelaciones públicas generan debates sobre los posibles actos de corrupción, junto con la dinámica política que rodea a estas instituciones.
Este contexto continúa alimentando el debate público, resaltando las dificultades del sistema penitenciario y la urgente necesidad de reformas que garanticen derechos fundamentales.
