Las autoridades locales se han convertido en objetivos para los narcotraficantes en la región

El 1 de febrero, la administración Donald Trump acusó al gobierno de México de mantener una “alianza insoportable” con las organizaciones de drogas, una afirmación que la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, rechazó de inmediato como una calumnia infundada. Trump planteó esta grave acusación sin proporcionar nuevas pruebas que respaldaran sus declaraciones, lo cual es comprensible, dado que tales evidencias son complicadas de reunir. A pesar de que han surgido casos previos de corrupción relacionados con el narcotráfico en administraciones pasadas, como el caso de Genaro García Luna, ex Secretario de Seguridad Federal, quien fue condenado en un tribunal federal estadounidense por su implicación en el tráfico de drogas, carecemos de pruebas contundentes que indiquen que los presidentes mexicanos actuales o recientes están involucrados.

Las afirmaciones del gobierno estadounidense podrían hacer alusión a una larga lista de gobernadores y alcaldes en México que han sido condenados por mantener vínculos con el crimen organizado. En la última década, cinco ex gobernadores han sido encarcelados por estos crímenes, y Estados Unidos ha señalado a otros dos. La realidad es que muchos ex funcionarios están bajo la mirada del escrutinio público por supuestas colaboraciones con grupos criminales.

La verdadera preocupación para Trump, Sheinbaum y otros líderes regionales debería ser la penetración del narcotráfico en las estructuras políticas locales y regionales. Esta situación ha crecido notablemente en los últimos 15 años. En 2010, los grupos criminales en América Latina comprendieron que influir en los alcaldes y gobernadores era más provechoso que intentar controlar los gobiernos u los congresos nacionales. Sin necesidad de convertir países en estados narcos, los grupos delictivos han tomado un papel protagónico en la democracia, socavando el estado de derecho y afectando las condiciones de inversión en vastos territorios.

Según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), los costos directos de la criminalidad y la violencia en América Latina alcanzaron el 3.4% del PIB regional en 2022. Es imperativo que los presidentes prioricen la reducción de la influencia local del crimen organizado, incluso si eso significa enfrentarse a sus propios partidos políticos.

A nivel local

Hasta la década de 1990, los narcotraficantes solían tratar de comprar o intimidar al poder político, apuntando siempre hacia la cima: inyectaban dinero proveniente del narcotráfico en campañas nacionales y asesinaban a ministros y candidatos presidenciales. Aunque en ciertas ocasiones han continuado con esta táctica, como se evidenció con la condena del ex presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, en junio de 2024, por narcotráfico en los Estados Unidos, en muchas partes de América Latina el crimen ha evolucionado sus métodos, enfatizando cada vez más sus tácticas políticas y volviéndose más local.

Durante la década de 2010, el aumento de la demanda global impulsó un auge sin precedentes en el tráfico de cocaína, la minería ilegal de oro y la trata de personas. Este fenómeno, combinado con la represión que ejercen algunos gobiernos, ha dado lugar a lo que se ha denominado “crimen reorganizado”, donde grupos criminales nuevos y tradicionales compiten por el control del mercado y de los territorios.

La “reorganización” del crimen ha encontrado un terreno fértil en el contexto político cada vez más competitivo de América Latina. Con la descentralización política que tuvo lugar entre 1990 y 2000, los alcaldes, gobernadores y concejos locales adquirieron un poder real, incluyendo la posibilidad de controlar la policía local y los lucrativos contratos públicos. Consecuentemente, las campañas para puestos locales se volvieron más costosas, debilitando a los partidos políticos tradicionales, y el crimen organizado ha llenado ese vacío.

Poder paralelo

En algunas regiones de México, Colombia, Brasil, Ecuador y América Central, el crimen se ha convertido en un “poder paralelo” que coexiste con el estado, generando sus propias fuentes de ingresos ilegales y a menudo colaborando con las autoridades locales. Esto puede manifestarse en diferentes formas dependiendo de lo que más convenga al negocio criminal.

De manera similar a los partidos políticos, los grupos criminales en estas áreas establecen sus propias “primarias” de facto, presionando a los candidatos para que se retiren de la contienda electoral o eliminándolos si se niegan. En Chiapas y Michoacán, dos estados severamente afectados por el crimen en México, diez candidatos a cargos locales fueron asesinados durante las elecciones generales de 2024, y muchos más se abstuvieron de participar.

Los grupos organizados también pueden desplazar y reemplazar a miembros de partidos políticos que ejercen su derecho al voto, como ocurrió en 2021 en el estado de Sinaloa, donde decenas de activistas de partidos de oposición fueron secuestrados.

Antes y después de las elecciones, estos delincuentes negocian acuerdos clandestinos con los ganadores, muchas veces a través de actos de violencia manifiesta. Cuando se mantienen esos pactos, los grupos delictivos utilizan la administración pública como un medio para gestionar sus operaciones ilegales. Los contratos públicos se transforman en canales para el lavado de dinero, y la compra de bienes raíces se convierte en una forma de legitimación de activos ilícitos. A menudo recurren a la policía local para lograr sus objetivos. Según informes locales, dos de las bandas más prominentes de Brasil, el Primer Comando de la Capital (PCC) y el Comando Vermelho (CV), dominan estas actividades.

Costos de control local

La influencia criminal en la política local es, quizás, menos evidente, pero actúa como un anestésico que facilita a los presidentes ignorar este problema creciente. En Colombia, por ejemplo, los asesinatos y amenazas violentas contra líderes políticos casi han triplicado desde 2015 hasta 2023. Se han observado aumentos similares en México y Brasil, donde las víctimas, en su mayoría, son funcionarios gubernamentales a nivel municipal o estatal.

Esa criminalidad local socava tanto la democracia como el estado de derecho. En muchas ciudades y regiones donde los grupos criminales tienen un peso político considerable, los votantes no pueden estar seguros de quién eligen realmente porque los candidatos podrían estar vinculados al crimen. Asimismo, la competencia equitativa entre candidatos puede estar comprometida, y la libertad de prensa se ve amenazada por la presión ejercida sobre los periodistas.

En estos contextos, confiar en el sistema judicial local se convierte en una tarea difícil. En el estado mexicano de Guerrero, por ejemplo, donde la relación entre el crimen y la política es compleja, más de la mitad de los empleados de la oficina del fiscal estatal enfrentan verificaciones de antecedentes que se niegan a realizar o no superan. Un número significativo de fiscales y ex-fiscales han sido asesinados desde 2023.

Al mismo tiempo, tanto la economía como las inversiones legales sufren. En Sinaloa, Morelos y Tamaulipas, tres estados mexicanos con una fuerte presencia del crimen, la inversión extranjera directa ha descendido por debajo de los niveles que se registraron previamente a la pandemia de COVID-19.

Un claro ejemplo de las consecuencias de la actividad criminal es la compañía de distribución de energía en el estado de Río de Janeiro, Light, que se declaró en bancarrota el 12 de mayo de 2023, a raíz de robos perpetrados por milicias y grupos armados descritos por el Ministro de Justicia, Flávio Dino, que “protegían a políticos locales”.

En las ciudades brasileñas, donde la violencia ha aumentado, las empresas están invirtiendo menos en infraestructura para sus empleados, así como también en investigación y desarrollo. Un reciente estudio del Fondo Monetario Internacional (FMI) sugiere que la reducción de los niveles de homicidio en municipios con alta violencia podría incrementar su producción económica en un 30%. Combatir el control criminal sobre la política local podría ser la clave para impulsarle progreso.

Debes tomar medidas

Para abordar este desafío, los presidentes y fiscales en la región deben investigar a los gobernadores y alcaldes que colaboran con el crimen organizado, demandar responsabilidad y ofrecer la protección necesaria a quienes se resisten a este fenómeno. Actualmente, Brasil se está esforzando en esta dirección, aunque la penetración del crimen en la política local sigue siendo un obstáculo significativo. En 2023, la Policía Federal desmanteló un complot criminal destinado a secuestrar y asesinar a funcionarios en cinco estados, y el año anterior, las autoridades congelaron fondos de organizaciones criminales que iban a ser utilizados para financiar candidatos en elecciones municipales y estatales.

Sin embargo, la política suele poner obstáculos en este camino. Los presidentes temen perder apoyo legislativo y fracturas en sus propios partidos si optan por perseguir a funcionarios corruptos estatales y locales. En México, las filtraciones de documentos militares proporcionadas por los piratas informáticos de Guacamaya han revelado que la inteligencia militar creía que, al menos, tres gobernadores del actual partido en el poder, Morena, estaban involucrados en prácticas de complicidad con el crimen organizado. Sin embargo, el fiscal federal de México no ha llevado a cabo investigaciones adicionales. Todos los gobernadores han negado estas acusaciones.

El crimen organizado no requiere de un estado narco para florecer; basta con mantener estrictamente su lucha por el poder local. Si Trump, Sheinbaum y otros líderes realmente quieren debilitar estos lazos, deben concentrarse en desmantelar su influencia política a nivel local.

Will Freeman

America’s Quarterly