Recientemente, el presidente Gustavo Petro ha tomado la decisión de declarar una emergencia económica y social a nivel nacional. Esta medida se justifica, según su discurso, por la aparición de lo que se ha descrito como una epidemia de fiebre amarilla, la cual ha sido reportada con un total de 74 casos y 32 fallecimientos. Asegura que es fundamental actuar con rapidez ante esta situación y sostiene que la silvicultura y el cambio climático han influido en la propagación de esta enfermedad en los territorios de mayor altitud.
En su anuncio, Petro no dudó en criticar a algunos funcionarios, incluyendo a la gobernadora de Tolima, Adriana Magali Matiz, y al alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galabán, señalando su falta de acción en la vacunación y la prevención de la enfermedad. El presidente enfatizó que es esencial y urgente establecer medidas para enfrentar este problema de salud.
Presidente Gustavo Petro. Foto:Presidencia
Sin embargo, su justificación para la declaración de emergencia ha dejado muchas interrogantes. Petro argumentó que era necesario establecer medidas efectivas antes de que se agotara el presupuesto, asegurando que el gobierno debía contar con los recursos adecuados para abordar la situación con celeridad y determinación. Como parte de sus medidas financieras, anunció que el Ministerio de Finanzas trabajaría en una recaudación de impuestos que esté programada para 2026, sugiriendo que la generación de más fondos se realizará a través de diversas estrategias.
La reacción a su anuncio no ha sido unánime, y diferentes sectores industriales han expresado su desacuerdo, mencionando que la declaración de emergencia no es necesaria, en contraste con las afirmaciones del presidente. Es importante considerar que el estado de emergencia económica y social es una de las excepciones que la Constitución contempla, de forma que permita al gobierno hacer frente a situaciones críticas que puedan impactar seriamente en el ámbito económico y social. También, con esta medida, se abre la puerta para que el gobierno pueda tomar decisiones sobre el manejo de nuevos impuestos o alteraciones en las normas existentes.
Presidente Gustavo Petro. Foto:Presidencia
Del mismo modo, Alejandro Gaviria, ex Ministro de Educación, también se mostró escéptico respecto a la necesidad de esta declaración, sosteniendo que la crisis de salud pública se ha prolongado desde octubre de 2024. En su crítica, apuntó que el gobierno busca culpables para ocultar fracasos en la gestión de lo que debería ser una prioridad: la salud pública.
Presidente Gustavo Petro. Foto:Presidencia
Como se ha señalado, esta es la tercera vez que el gobierno de Gustavo Petro invoca poderes especiales que la Constitución otorga para situaciones excepcionales. La primera ocasión ocurrió el 2 de julio de 2023, cuando se declaró una emergencia económica y social en La Guajira. Sin embargo, esta declaración fue breve, ya que el Tribunal Constitucional desestimó la emergencia en pocos días, al considerar que no había justificación suficiente para tal medida.
Catatumbo completo -56 días en una grave crisis de seguridad. Foto:Cortesía
Además, a principios de este año, el presidente utilizó un hecho excepcional para declarar emergencia en la zona Catatumbo, donde se impusieron nuevas regulaciones y tributaciones para enfrentar el cultivo ilegal. Estas decisiones han sido vistas por algunos como un intento por parte de Petro de pasar por alto la legislación normal y las discusiones en el parlamento, quedando en evidencia una tendencia creciente a emplear estados de emergencia para sortear los procesos legislativos ordinarios.
La tendencia a usar los estados excepcionales
El Senado ha revisado la utilización de estos mecanismos extraordinarios en ocasiones anteriores, después de que el presidente decretó varias emergencias. Sin embargo, muchos sienten que estas medidas han sido llevadas a cabo, en ocasiones, bajo la premisa del alarmismo y no en respuesta a situaciones verdaderamente extraordinarias que ameriten la urgencia. Se ha sugerido que el uso frecuente de estos estados de emergencia podría ser más un intento de controlar situaciones políticas y sociales que una respuesta proactiva a las verdaderas necesidades de la población.
Presidente Petro en La Guajira. Foto:Cortesía
El creciente uso de estos estados excepcionales ha sido objeto de críticas, especialmente siendo que el presidente Petro, en el pasado, criticó con severidad el uso de tales estados por otras administraciones, considerando que este tipo de medidas debilitan la democracia. En este contexto, algunos académicos han recordado el sólido pasado de Colombia, donde episodios de excepción se utilizaron para justificar restricciones a los derechos fundamentales de los ciudadanos.
Se anticipa que estas decisiones serán objeto de un análisis exhaustivo en el futuro próximo, ya que son susceptibles de ser evaluadas por el Tribunal Constitucional, lo cual producirá un impacto significativo sobre cómo el gobierno podría usar o abusar de sus poderes bajo la ley. El debate sobre la necesidad y el impacto de la declaración de emergencia económica y social sigue abierto, y será fundamental para la conducción política y social del país en el futuro.
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