El condado de Los Ángeles se encuentra en estado de emergencia este miércoles declaró tras las redadas de inmigración de la administración Donald Trump, la última acción en respuesta a la línea dura del presidente republicano en este ámbito.
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Protestas en Los Ángeles contra las redadas de inmigración. Foto:Getty Images vía AFP
La declaración, que suele reservarse para los desastres naturales, libera recursos que pueden usarse para ayudar a las personas afectadas en el condado de Californiadonde vive un número importante de inmigrantes indocumentados, y uno de los más diversos demográficamente de Estados Unidos.
Quienes apoyan la acción creen que las redadas realizadas por agentes enmascarados apuntan directamente a personas que hablan español o que parecen hispanas.
Afirman que estos allanamientos aterrorizan a la población e impiden a muchos salir a trabajar, dificultando la situación económica de los inmigrantes, cuyos ingresos semanales disminuyeron un 60%según una nueva encuesta.
El condado votó 4-1 a favor de la declaración el martes.
Janice Hahn, una de las supervisoras del condado que apoyó la acción, dijo que era necesaria en respuesta “al miedo, dolor y desorden que… estas redadas causan en nuestra comunidad”.
“Tenemos familias enteras indefensas porque sus padres o madres fueron desarraigados de sus lugares de trabajo”, afirmó.
Las redadas suelen realizarse en los lugares de trabajo. Foto:X: Christopher Sudor
“Quiero que nuestras comunidades de inmigrantes sepan que estamos con ellos en esta emergencia, los vemos y entendemos por lo que están pasando”, añadió.
Las redadas de agosto por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) y otras agencias del Departamento de Seguridad Nacional federal generaron preocupación en Los Ángeles.
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La población respondió con protestas que se prolongaron durante semanas, mientras Trump respondió enviando tropas a las calles de la segunda ciudad más grande del país.una acción considerada innecesaria e incendiaria por los detractores.
Las redadas se extendieron por ciudades gobernadas en gran medida por demócratas, como Chicago y Portland, donde la Casa Blanca también ha intentado enviar a la Guardia Nacional.
El fallo del martes en Los Ángeles sienta las bases para proteger a los inquilinos que se atrasan en el pago del alquiler debido a ejecuciones hipotecarias.
Kathryn Barger, la única voz disidente de la junta de supervisores, dijo que no apoyaba la proclamación porque temía que llevaría a costosas acciones legales por parte del gobierno federal.
Policía antidisturbios en Los Ángeles. Foto:EFE
“Necesitamos soluciones reales, no gestos simbólicos”, afirmó en un comunicado tras la votación.
“Continuaré apoyando programas comunitarios específicos como Asistencia Legal y Asistencia para Inquilinos, que brindan asistencia significativa a familias vulnerables, respetando al mismo tiempo los límites legales, protegiendo los recursos del condado y preservando la confianza pública”, agregó.
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