En los primeros meses de 2025, el panorama del conflicto en Colombia se ha vuelto extremadamente preocupante, especialmente debido al incremento en el uso de drones por parte de grupos armados ilegales. Estos dispositivos no solo han revolucionado la forma en que se realizan los ataques, sino que también han elevado el nivel de riesgo para la población civil. Según un informe operativo del comando conjunto de las fuerzas armadas, se han llevado a cabo más de 60 ataques utilizando drones a lo largo del país. Los grupos armados están intensificando su estrategia de ataque mediante el uso de estos dispositivos voladores.
El uso de drones, en su forma más preocupante, ha sido documentado en varias regiones como Cauca, Huila, Nariño y el Catatumbo. Grupos como los disidentes de las FARC y el ELN han adaptado esta táctica para llevar a cabo ataques contra estaciones de policía y bases militares, lo que, en varios casos, ha tenido un impacto negativo directo en la vida de los civiles. La peligrosidad de esta tecnología radica en su capacidad para atacar objetivos específicos de manera precisa.
Uno de los ataques más impresionantes ocurrió el 13 de abril de 2025. En esta ocasión, tres estaciones de policía ubicadas en Cajibío, Morales y Pendamó (todas en Cauca) fueron asaltadas casi al mismo tiempo con drones explosivos. Mayores preocupaciones surgieron al no registrarse heridos, aunque las autoridades fueron sorprendidas por el alto nivel de coordinación que demostraron los atacantes. En otro incidente en Theorama, Norte de Santander, un dron resultó en la muerte de un soldado, José de la Cruz Berrio Palacios, e hirió a otros siete, lo que evidencia el grave peligro que representan estos dispositivos.
La facilidad de acceso a la tecnología avanzada ha permitido a estos grupos ilegales adquirir drones sin complicaciones. Las intercepciones de comunicaciones han indicado que pueden comprar los drones en línea a precios que oscilan entre 600,000 y 12 millones de dólares estadounidenses. Uno de los modelos más utilizados es el DJI Mini 4 Pro, que se ha adquirido comúnmente a través de plataformas de comercio electrónico como Amazon.
Estos drones poseen una notable autonomía de vuelo de hasta 60 minutos y son capaces de cargar aproximadamente un kilo de explosivo. La forma en que se utilizan varía; las granadas improvisadas pueden ser liberadas de forma remota o a través de un método Kamikaze que implica el autoconfinamiento en el objetivo. Las fuerzas del orden han logrado confiscar varios de estos dispositivos y también han encontrado evidencia que sugiere que los grupos armados están recibiendo capacitación especializada para su uso.
El 17 de abril, también se registró un ataque en Mondomo, Cauca, donde se utilizó un coche-bomba. Este ataque resultó en la muerte de una persona y dejó a 20 más heridas, lo que propició graves daños en la infraestructura local. Esta tendencia de violencia demuestra que los grupos armados están combinando tácticas tradicionales de combate con la modernidad de la tecnología.
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Ante esta situación alarmante, el gobierno colombiano ha comenzado a implementar diversas medidas. Las fuerzas militares están recibiendo entrenamiento específico para reconocer y neutralizar drones, especialmente en operaciones que se desarrollan en áreas rurales. El Ministerio de Defensa ha anunciado un plan que incluye la adquisición de tecnología especializada para contrarrestar el uso de drones, posicionándola en lugares estratégicos a lo largo del país.
A pesar de las medidas adoptadas, expertos advierten que la interceptación de drones en áreas selváticas resulta ser un desafío significativo. “Los dispositivos sofisticados pueden interferir con los sistemas de navegación, y esto puede no estar disponible en muchas de las regiones afectadas”, explica Julián Mauricio Arenen, un ingeniero aeroespacial que ha estudiado el fenómeno.
Recientemente, también fue capturado el alias “Flaco Carvajal”, quien es presuntamente un operador de drones asociado con el frente de Franco Benavides. Este individuo está siendo investigado por su posible involucramiento en casos de secuestro, extorsión y asesinato, y se cree que lideraba una estructura especializada en el uso de drones para llevar a cabo ataques específicos.
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