Los usuarios pueden elegir si pagan una tasa de seguridad impuesta por el gobierno del Atlántico; ¿Cómo?

Con la llegada del martes 6 de mayo, los usuarios de servicios energéticos en el Atlántico se enfrentarán a un cambio significativo en sus facturas: ahora tendrán la posibilidad de elegir si cancelan o no una tasa de seguridad impuesta por el gobierno del Atlántico. Esta decisión ha generado bastante controversia, ya que Air-E sostiene que esto incrementa el total de las facturas, lo que ha sido motivo de discusión y controversia entre los ciudadanos.

Esta decisión fue anunciada oficialmente por Air-E, que actualmente se encuentra bajo intervención en sus servicios domésticos. La empresa ha declarado que el nuevo formato de factura busca otorgar al usuario mayor transparencia y autonomía, especialmente en medio de la polémica que ha escalado tanto en las calles como en los tribunales.

Tres opciones de pago: el poder del usuario

De ahora en adelante, cada factura incluirá tres cupones separados que el usuario podrá elegir al momento de realizar sus pagos. El cambio más significativo ocurre en el primero: opción de pago sin la tasa de seguridad, lo que representa una forma directa de protesta económica contra la cobranza de impuestos seleccionada por el gobierno del departamento.

Organizaciones en defensa del consumidor han enfatizado que este nuevo programa responde a la presión ciudadana y a numerosas quejas sobre lo que se percibe como una cobranza arbitraria sin una justificación clara de su propósito o los mecanismos de control adecuados para su gestión.

El gobernador se mantiene firme: Air-E

Diana Bustamante, agente especial de Air-E, ha explicado que la empresa intentó llegar a un acuerdo con el gobierno del Atlántico para eliminar o reducir la recolección de un indicador de seguridad, pero lamentablemente esos esfuerzos no tuvieron éxito.

La tasa de seguridad ha sido establecida por la regulación departamental con el argumento de supervisar aspectos financieros y favorecer la convivencia ciudadana; sin embargo, su implementación y manejo han sido objeto de críticas por la falta de transparencia, escaso presupuesto aplicado y una responsabilidad poco clara, como advirtió la diputada Isabella Pulgar recientemente.

Air-E también supervisa la iluminación y la limpieza pública

Paralelamente, Air-E se encuentra organizando reuniones con los alcaldes de la ciudad para revisar el consumo público del impuesto de iluminación, otro aspecto que figura en las facturas y que ha generado dudas en relación con las cantidades cobradas y su proporcionalidad respecto al servicio recibido.

En cuanto a los servicios de limpieza, la controladora aclaró que Air-E no es responsable de este servicio, sino que actúa como agente de facturación y cobranza de deudas para empresas que han firmado contratos con la entidad. Por lo tanto, la inclusión de este cargo en la factura responde a decisiones de terceros y no a la compañía de energía.

Los usuarios exigen claridad y justicia tarifaria

De diversos sectores sociales se ha planteado que no se debe pagar la tasa de seguridad para avanzar en temas relacionados con los derechos de los consumidores. Sin embargo, señalan que todavía existe una falta de soluciones estructurales: la eliminación definitiva de esta tasa o, al menos, una revisión desde una perspectiva técnica y social.

Organizaciones de usuarios han convocado nuevas protestas y acciones legales para demandar la eliminación de esta recaudación, mientras el gobierno del Atlántico insiste en que los recursos obtenidos son esenciales para financiar la seguridad en los municipios.

Por el momento, la implementación del nuevo programa de facturación vendrá acompañada de una campaña pedagógica a través de Air-E, para que los ciudadanos comprendan cómo elegir la opción de pago, evitando así generar confusión o resistencia.

Por ahora, esta medida solo se aplicará en el Departamento del Atlántico, aunque se contempla la posibilidad de su expansión a otros territorios donde la empresa está presente, dependiendo del contexto regulatorio y las decisiones de las autoridades locales.

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