El escenario se intensificó recientemente cuando un grupo considerable de personas se congregó para manifestarse frente a la sede del Ministerio de igualdad. Esta protesta surgió en respuesta a los delitos reportados relacionados con el plan de paz joven, una iniciativa que fue presentada por el presidente Gustavo Petro en febrero de 2024. Durante la implementación de este plan, la entidad reconoció haber enfrentado “dificultades ocupacionales y de gestión”, lo que ha despertado una ola de preocupaciones entre ciudadanos y organizaciones sociales.
A través de un comunicado de prensa, funcionarios del ministerio expresaron su compromiso, indicando que “Desde el Ministerio de Asuntos Juveniles, estamos trabajando rápidamente para superar estos percances y garantizar la continuidad y la calidad de la atención de los jóvenes que participan en el programa”. Sin embargo, esta afirmación no ha logrado calmar la inquietud en la población, ya que muchos cuestionan la efectividad del plan.
El presidente Gustavo Petro y el vicepresidente Márquez comenzaron el programa en 2024. Foto:Presidente
La respuesta emitida por el ministerio, actualmente liderado por Carlos Rosero, llegó cinco días después de que se informara que el escuadrón costero de Cali detendría operaciones debido a múltiples violaciones en el marco del plan. Estas violaciones incluyen problemas como las transferencias monetarias condicionales y la falta de pagos adecuados para la alimentación de los participantes en el programa. La sobrecarga de trabajo también ha sido mencionada como un factor crítico en esta situación.
“Como creyente de los creyentes sobre el científico del cambio, creemos que el plan de paz joven se ha infiltrado por actores que históricamente se han opuesto a las iniciativas destinadas a atender a los jóvenes vulnerables del país y a la política del gobierno”, se destacó en un comunicado emitido el 7 de mayo. Este documento hace referencia directa al Territorio y la Asociación de Paz (TIC), así como al abogado José Monrroy y al viceministro de juventud, Pablo Zabala, en su papel como principales operadores.
El programa fue lanzado el año pasado por el vicepresidente Francia Márquez. Foto:Ministerio de igualdad
Además, se enfatizó que la suspensión de las acciones permanecería en vigor hasta que se resolvieran las violaciones, incluyendo la regularización de pagos a los profesionales involucrados en el programa y la garantía de condiciones adecuadas para los jóvenes que participan en las cuatro rutas propuestas.
La reacción del Ministerio de Igualdad
A la luz de estas preocupaciones, el Ministerio de Igualdad de Género ha argumentado que, en semanas recientes, han colaborado con sindicatos temporales para avanzar hacia el cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades contractuales. Las autoridades han enfatizado la importancia de establecer condiciones de trabajo óptimas para los colaboradores y proveedores que son responsables de la operación del programa.
“Dada la distribución de la información inexacta, reiteramos que todas las actualizaciones públicas del plan de paz joven se realizarán únicamente a través de nuestras vías institucionales”, aclararon en reacción a los rumores sobre una posible finalización del programa.
Presidente Petro con Armando Benedetti en el Ministro. Foto:Presidencia
El programa Young Peace fue lanzado como uno de los programas emblemáticos del gobierno de Petro, pero a la vez ha sido objeto de controversia. Gran parte de la oposición proviene de la forma en que el presidente anunció el programa, usando la frase “Pagar por no matar” como eslogan inicial. Esta línea ha generado un debate significativo sobre los métodos y enfoques del plan.
Este programa busca principalmente proporcionar subsidios a jóvenes de entre 14 y 28 años que se encuentran en situaciones vulnerables, ya sea por pobreza, violencia o crimen. Sin embargo, el presidente Gustavo Petro subrayó la necesidad de abordar el fracaso en la integración de los jóvenes en el proceso de paz. “Tienes que comenzar a hablar sobre el fracaso de los jóvenes en la paz”, señaló, añadiendo que el programa aún presenta un alcance menor al que se esperaba. La intención de esta política es competir con la mafia en la captación de jóvenes, evitando que se vean envueltos en actividades ilegales. En sus palabras, “los jóvenes proponen pagar a los jóvenes que aprendan (…) El tamaño de este programa hoy es pírrico, porque el derecho lo atacó”, declaró durante un Consejo de Ministros hace una semana.
Camilo A. Castillo
Político
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