El gabinete del Presidente Gustavo Petro ha presentado un conjunto de 12 preguntas que se asociarán a una consulta popular programada para el 1 de mayo por el Senado. En una reciente entrevista con , Catherine Juvinao, representante de la comunidad verde, expresó sus opiniones sobre las potenciales repercusiones de las reformas anunciadas y el posible recorrido que estas tendrán en el contexto legislativo.
El pronunciamiento respecto a la consulta tiene implicaciones significativas en el ámbito del empleo y el crecimiento del sector informal en el país. La supuesta mejora laboral, que se anticipaba como un avance, ha terminado por aumentar el acceso a ciertos derechos que se habían debilitado en años previos, tales como los relacionados con el trabajo nocturno y dominical. Aunque la intención es loable y responde a objetivos necesarios, si no se aborda de manera técnica, como por ejemplo diferenciando los efectos para MIPYME, se corre el riesgo de que las medidas también impacten negativamente a las grandes empresas. Esto podría, en última instancia, resultar en una contracción del empleo. Si se evitara hablar sobre un aumento en la tasa de desempleo, aún así se podrían prever escaseces en la creación de nuevos trabajos, tal como ha sido advertido por el Banco de la República, que estima un incremento en el sector informal.
Catherine Juvinao, representante de la comunidad verde. Foto:Catherine Juvinao Press
La consulta plantea preguntas más generales, aunque también se perfilan algunas cuestiones específicas relacionadas con la jornada laboral de 8 horas y las tarifas nocturnas y dominicales. Podría incluso decirse que estas preguntas son las más significativas, dado que otras no tienen el mismo peso. No obstante, no se puede asegurar que la aprobación de una pregunta en la consulta genere, de manera inmediata, un aumento en el desempleo o la informalidad. Es importante recordar que el resultado de una consulta popular sirve, en esencia, como un recordatorio para que el Parlamento aborde la legislación correspondiente. Ya existen dos pequeñas reformas laborales en proceso, una impulsada por los liberales y otra por varios miembros del partido verde, bajo la dirección de la senadora Angélica Lozano, que están enfocadas en los mismos temas relacionados con el trabajo nocturno y dominical.
Si el proceso de estas mini reformas logra avanzar, las medidas pueden ser adaptadas con un enfoque técnico que contemple la gradualidad y distinciones para empresas grandes (que superan los 100 empleados), medianas, pequeñas y microempresas. Esta diferenciación no debería ser objeto de advertencias, ya que la asamblea tendría el tiempo y la oportunidad de agrupar las reformas y corregir lo que fuese necesario.
Si no se logra avanzar en estos proyectos y, en un escenario poco probable, se aprueba la consulta, el Senado emitiría un concepto positivo, procederíamos a la consulta y las preguntas serían presentadas. Sin embargo, es crucial entender que este proceso deberá retornar al Parlamento para establecer controles. Desde esa regulación, el asambleísta podría introducir demoras en la implementación de estas medidas, lo cual genera una cierta confusión al considerar que las cuestiones de la consulta popular son generales y deben ser examinadas por el parlamento, a lo que no concuerdo.
Varios sectores industriales han manifestado que las preguntas planteadas por el gobierno en la consulta popular presentan solo medio panorama de la realidad, y en parte son engañosas. Estoy de acuerdo con esta crítica. La propuesta de mejora laboral del gobierno se limita a una franja mínima de su impacto en el mercado, afectando solo a entre 8 y 10 millones de empleos formales en Colombia. Está claro que esto no abarca las cifras importantes de 12 millones de empleados en el sector informal o casi 3 millones que están desempleados. Las reformas buscan, principalmente, otorgar mayores beneficios y garantías a quienes ya tienen empleo formal, lo cual, aunque es valioso, no se puede criticar.
Catherine Juvinao, representante. Foto:Red social
Se ha criticado que estas mejoras laborales no abarcan todas las intervenciones necesarias en el mercado laboral, sobre todo para abordar los graves problemas de desempleo e informalidad. Lo que ocurre es que las reformas no se enfrentan de raíz a estos problemas, lo que podría hacer que la consulta popular se perciba como una versión diluida de lo que realmente se debería considerar en la reforma laboral. Aquí, se plantea que esta consulta no es más que un esbozo de un enfoque más integral que debería ser más robusto y que permita una mayor participación ciudadana sin llegar a agobiar al parlamento.
Desde la asamblea, ha habido comentarios que tachan la consulta de populista, costosa y como parte de una campaña. Si analizamos un sentido estricto de las definiciones de populismo, puede que se enmarque dentro de esas definiciones. Al ser una consulta popular, debe apelar a los votantes de manera efectiva, involucrando al ciudadano de forma directa. No veo justificación para criticar la naturaleza popular de la consulta, pues esa es precisamente la finalidad.
Existen argumentos por parte de algunos sectores económicos que aseguran que la actual política fiscal del país no se alinea con los costos de la consulta y la financiación de las propuestas. Creo que emplear este argumento es arriesgado. A pesar de los problemas de financiamiento que son evidentes, este no es un argumento válido para cuestionar la consulta en sí, ya que existen razones que permiten justificar los costos democráticos y la participación ciudadana.
Por ejemplo, hay preguntas dentro de la consulta que ya se consideran en la legislación actual. Preguntar si se debería tener derecho a un permiso de trabajo durante incapacidades no parece coherente, dado que ya está abordado en las regulaciones laborales existentes. Por otro lado, hay propuestas que no requieren -y que no deberían requerir- una regulación nueva para llevarse a cabo, como ofrecer bonos de pensión a los agricultores, que podría resolverse a través de un simple presupuesto.
Catherine Juvinao, representante. Foto:@Cathyjuvinao
En mi opinión, de las 12 preguntas planteadas, solamente dos o tres justifican plenamente su inclusión. La referente a la jornada laboral de 8 horas, así como algunas que involucran recargos, pueden ser válidas, pero el resto realmente no aporta. Si revisamos las propuestas ya existentes, como las de Angélica Lozano y las del Partido Liberal, nos encontraríamos con que las preguntas ya fueron abordadas.
El Senado podría considerar que ya existen dos proyectos en curso que abordan estas cuestiones, argumentando que no es necesario gastar 700,000 millones de pesos en una consulta popular.
Todo puede suceder, pero no creo que haya suficiente fuerza o motivación en este momento para organizar consultas populares constructivas. Por lo tanto, muchos de los temas propuestos pueden no ser relevantes, y aquellos que sí lo son, es probable que el Senado se oponga a ellos.
No puedo posicionarme respecto a si la consulta es un mecanismo ideal o no; sin embargo, creo firmemente en la importancia de la participación ciudadana. Siempre defenderé la necesidad de que los ciudadanos puedan contribuir al debate público. En este caso particular, la justificación de una consulta popular debe ser evaluada cuidadosamente.
Una razón podría ser si la Asamblea presenta reformas laborales sin el espacio necesario para discusión. Los ciudadanos deben sentir que tienen la oportunidad de escuchar argumentos a favor y en contra de las propuestas. En contraste, la reforma de salud, por ejemplo, tuvo una discusión exhaustiva durante tres años, por lo que no veo el mismo esfuerzo en este caso.
El debate es fundamental para la formación de opinión pública. Debatir temas legislativos tiene un carácter educativo. La reforma laboral, sin embargo, ha sido bautizada como una labores más débiles, que aparentemente se introducen sin el debido debate y que, claramente, no deberían generar este sentimiento de desconfianza entre la ciudadanía.
No se justifican. Si el gobierno hubiese presentado una mayor calidad y profundidad en sus preguntas, habría estado dispuesto a respaldarlo. Sin embargo, muchas ya están contempladas en la ley o podrían abordarse con sencillez. Por lo tanto, creo que la consulta con estas 12 preguntas carece de justificación.
Catherine Juvinao, representante. Foto:@Cathyjuvinao
La regulación establece que se necesita una mayoría simple, lo que significa que será suficiente contar con la mitad más uno de los presentes en el Senado en ese momento.
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Política
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