Cinco equipos de fútbol profesional colombiano y la Dimayor han sido implicados en un controversia significativa que ha captado la atención de la opinión pública y de las autoridades competentes. Este miércoles, la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia anunció que el ente rector del fútbol en el país, la Dimayor, y cinco equipos profesionales enfrentan multas millonarias por estar involucrados en “prácticas anticompetitivas” referidas a la imposición de restricciones en la contratación de jugadores.
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La investigación reveló que estos grupos, que incluyen equipos de primera división como Boyacá Chicó, Unión Magdalena, Deportivo Pasto, y Envigado, así como el Club de fútbol deportivo atlético, que compite en la segunda categoría, intentaron impedir o dificultar la contratación de jugadores en respuesta a las demandas de los futbolistas que deseaban cambiar de equipo. La superintendencia emitió un comunicado indicando que esta estrategia se llevó a cabo con el “conocimiento” y “apoyo” de la Dimayor.
De acuerdo con la institución reguladora, las multas impuestas ascienden a más de dos millones de dólares en total, una suma que refleja la seriedad de las violaciones cometidas por los involucrados. La Superintendencia de Industria y Comercio ha afirmado que “los investigados lograron desalentar la movilidad de jugadores entre clubes” mediante un esquema de veto que ya había sido denunciado en ocasiones pasadas en el entorno del fútbol colombiano.
Los equipos se referían a este arreglo como un “Acuerdo de Caballeros”, en el cual existía un sistema informal para el intercambio de información relacionada con los jugadores, que incluía aspectos como sanciones disciplinarias y la validez de contratos. Prácticas como estas son contrarias a las normas del deporte, que estipulan que no se debe compartir información entre clubes para asegurar la libre competencia en el mercado laboral.
Ninguno de los equipos, ni la Dimayor, se ha pronunciado públicamente hasta este momento. A pesar de la gravedad de la situación, la falta de reacción podría indicar una estrategia de defensa o un intento de minimizar las declaraciones hasta que se evalúen las posibilidades legales.
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Para más información y actualizaciones sobre esta situación, se puede consultar el portal de AFP y otras fuentes periodísticas en línea.
