Un accidente impactante ocurrió en el sur de Valle del Cauca, donde un autobús repleto de niños y adultos que laboran en una fábrica de azúcar fue interceptado por individuos con una presencia intimidante. Estos hombres, armados y decididos, alteraron por completo la tranquilidad de la región.
Aparecieron hombres en moto
Disinaciones de FARC Foto:Policía
Este incidente se desarrolló el 14 de mayo, un día que se tornó sombrío para los pasajeros. Los desconocidos detuvieron el bus en el bullicioso distrito de Villa Paz, ubicado en la parte alta de la comuna de Jamundí, y ordenaron a todos los adultos y niños que abandonaran el vehículo de inmediato.
Dos hombres en motocicleta fueron vistos quemando varios lugares cercanos. Según informes, las autoridades están investigando la versión de que tenían la intención de incinerar el autobús por completo. En un giro de los acontecimientos, un testigo afirma que cayó al suelo, lo que les impidió realizar su plan de incendio total.
Disinaciones de FARC Foto:Joaquín Sarmiento. AFP
Con el paso de varias horas, las fuerzas de seguridad, acompañadas por soldados del ejército, llegaron para tomar control del autobús y asegurarse de que todos los ocupantes estuvieran a salvo.
Tanto la Policía Metropolitana como la Brigada del Tercer Ejército confirmaron los hechos, indicando que están llevando a cabo una investigación exhaustiva. Aunque esta área tiene una notable presencia de los disidentes del frente “Jaime Martínez”, el ejército está evaluando si estos hombres pertenecen a un grupo criminal distinto.
Los informes también señalaron que el personal militar se encuentra en la región, reiterando que ni los niños ni los adultos sufrieron daños físicos durante el ataque.
Área controvertida para la venta de la fiesta por estafadores
La situación en la región también se complica con la existencia de tierras problemáticas. Un terreno de 152,000 metros cuadrados en las áreas rurales del distrito de Potrerito en Jamundí, que ha estado envuelto en la controversia por estar asociado al narcotráfico, ha podido caer en manos de estafadores. Este terreno fue administrado anteriormente por la Sociedad de Activos Especiales (SAE) y ahora ha sido objeto de ofertas fraudulentas por parte de delincuentes.
La tierra mencionada en Jamundí. Foto:La oficina del alcalde de Jamundí
Estos estafadores han estado vendiendo lotes a precios que oscilan entre 4 y 8 millones de pesos, fomentando así la invasión de terrenos y los nuevos asentamientos ilegales.
Es crucial señalar que la problemática de Jamundí no se limita exclusivamente al narcotráfico perpetrado por grupos armados, como los disidentes del “Jaime Martínez”, quienes están asociados a cárteles mexicanos. También hay una mafia activa que promueve la venta de tierras de manera irregular, lo que aumenta la tensión en la comunidad y altera la seguridad local.
La tierra mencionada en Jamundí. Foto:La oficina del alcalde de Jamundí
La alcaldesa de Jamundí, Paola Castillo, ha expresado su preocupación sobre la situación actual. En un anuncio reciente, destacó que los delincuentes engañan a las personas asegurando que cuentan con autorizaciones de venta falsificadas, las cuales, argumenta, provienen tanto de la administración SAE como de la municipal, lo que ha contribuido a la confusión en la comunidad. Este terreno problemático se conoce como San Isidro.
Felipe Tascón, el director territorial de la Sociedad de Activos Especiales, ha realizado visitas a la propiedad denominada “San Isidro” y ha confirmado que esta es la tierra en Jamundí, que ha sido objeto de ventas fraudulentas a familias de la localidad y de municipios cercanos.
Según Tascón, las transacciones carecen de reconocimiento legal, dado que la tierra está bajo la custodia de la entidad debido a la extinción del dominio.
En respuesta a las quejas sobre esta actividad ilegal, Tascón detalló que se están tomando medidas, y cada procedimiento se inicia tan pronto como la comunidad presenta una denuncia contra los estafadores. Acordaron que en la próxima semana se ofrecerá transporte a quienes deseen acudir a las oficinas de los fiscales a presentar sus quejas de manera legal.
Las familias han llegado a pagar hasta ocho millones de pesos por la compra de terrenos que no son válidos. Las ventas fraudulentas se han llevado a cabo, aparentemente, por una fundación que ha ofrecido la propiedad con documentos falsos durante meses.
Carolina Boorquez
Corresponsal de
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