La niebla estratégica es una buena solución para interferir (economistas)
Los aranceles, las deportaciones, las anexiones territoriales, y el control sobre los recursos minerales y energéticos están diseñados en un contexto que no siempre representa los intereses de la élite en el poder. En este sentido, la instalación de multimillonarios dentro del gobierno no funciona necesariamente como un mecanismo de representación del poder, sino como un reflejo de cómo las estructuras corporativas buscan consolidar su influencia de manera global, incluso a expensas de sus propios principios.
Para entender los aranceles impuestos por Trump, es esencial analizar la lucha de grandes corporaciones estadounidenses por el control de recursos minerales, energía y rutas estratégicas en el mundo. La política estadounidense se manifiesta a través de enclaves como Groenlandia, el Canal de Panamá, Ucrania y la República Democrática del Congo. No es casualidad que China controle el 60% de las reservas de tierras raras y el 85% de su procesamiento a nivel mundial; esto explica en gran medida la dinámica geoeconómica actual.
Estados Unidos ha dejado claro que su objetivo no se limita a la asistencia militar a Ucrania, sino que busca Cobrar tanto como sea posible por esa ayuda. La manera en la que esta cobranza se realiza está vinculada a la asignación de recursos naturales, tales como el litio, el titanio, el grafito, el oro, el zinc, el plomo, el níquel y otros minerales raros. A esto se suman los terrenos fértiles en Europa y las reservas de carbón, que aunque no son el foco principal de Washington, han convertido a la Unión Europea en un actor atrapado en un conflicto imperial por el control del territorio ucraniano.
La estrategia es sencilla: intercambio de recursos por supervivencia política. Esto se ha visto en varias ocasiones en África, donde el presidente de la República Democrática del Congo, Félix Tshisekedi, ha ofrecido acceso estadounidense a minerales críticos para la industria tecnológica a cambio de un “Pacto de Seguridad Formal“, lo que representa un trueque de recursos esenciales. En este contexto, el grupo M23, que opera en áreas ricas en oro, cobalto y tantalio, actúa como un jugador estratégico en esta dinámica. La negociación, en términos de oferta dirigida a Trump, se asemeja a un llamado que podría atraer la atención de gigantes tecnológicos como Apple o Intel, que buscan maximizar sus intereses en el mercado.
Similares transacciones están ocurriendo en Argentina, donde se entregan recursos naturales en un intento por sostener un modelo de dependencia, bajo la dirección actual de Javier Milei. Esta lógica se repite, disfrazada de acuerdos bilaterales, subrayando una transferencia estructural de soberanía a intereses corporativos externos.
El acuerdo firmado el 30 de abril entre Estados Unidos y Ucrania, descripto como un pacto de renovación, es en realidad un instrumento corporativo que incluye cláusulas blindadas a 20 años. En este pacto, Ucrania otorga derechos sobre sus recursos naturales a cambio de “beneficios mutuos y tarifas del autor”, asegurando a las empresas estadounidenses la obtención de ganancias en dólares, mientras que Kiev queda con una responsabilidad nebulosa en el camino.
A pesar de que los medios lo presentan como una alianza estratégica, el documento en cuestión dista de ser un acuerdo formal. Se materializa como un Memorando de Comprensión, evitando así la necesidad de ratificación por parte del parlamento ucraniano y eludiendo cualquier discusión interna sobre el tema.
La ministra ucraniana de Cooperación, Julia Svydenko, en declaraciones al Financial Times, apuntó que había poco margen de maniobra: “Esté preparado para firmar todos los acuerdos o regresar a casa“. Esta forma de “diplomacia” orquestada por el Departamento del Tesoro pone de manifiesto una relación asimétrica, donde las decisiones se toman en un juego que recuerda a la tradicional piedra, papel o tijeras.
Los objetivos detrás de estas negociaciones son claros: obtener recursos, controlar su explotación y excluir a competidores. Estados Unidos, de esta forma, logra varios objetivos simultáneamente:
- Acceso a importantes depósitos de tierras raras (el segundo más grande en Europa).
- Reemplazar el combustible nuclear ruso con tecnología de Westinghouse.
- Exclusión de empresas chinas en el ámbito de tierras raras y otros sectores estratégicos.
- Consolidación de su dominio comercial a través de contratos sellados hasta 2040.
Dicho esto, no se ofrecen garantías explícitas de seguridad. Ucrania está obligada a cumplir con el acuerdo, independientemente de la existencia de un pacto de paz con Rusia.
El acuerdo centraliza su actividad en un llamado Fondo de Inversión para la Reconstrucción de Ucrania, que se establecerá en conjunto entre la Corporación Internacional de Desarrollo de Estados Unidos y la Agencia para Apoyar las Asociaciones Públicas-Privadas de Ucrania, con un capital inicial de $5,000 millones (50% EE.UU., 50% Ucrania + UE).
Contribución de Estados Unidos:
- 1,700 millones de dólares para ayuda directa a Ucrania (2024-2025).
- 800 millones de dólares en préstamos asignados a empresas estadounidenses trabajando en Ucrania.
Contribuciones de Ucrania:
- 900 millones de dólares para la privatización de propiedad estatal.
- 600 millones de dólares mediante bonos de recuperación 2030.
- 1,000 millones de dólares de la UE.
La Junta Directiva de este fondo se conformará por tres representantes de cada país, incluyendo miembros del departamento estatal, de comercio y privado de EE.UU. Un sector específico de negocios seleccionará a su representante: James Litsky, director de materiales de MP, que ya ha obtenido un 20% de las reservas de tierras raras de Zhytomyr sin una licitación pública y con inmunidad regulatoria hasta 2040, lo que plantea serias preocupaciones sobre posibles conflictos de interés.
A pesar de que el acuerdo estipula que los recursos siguen siendo “soberanos” de Ucrania, no se han establecido mecanismos claros para la explotación y comercialización de dichos recursos a través de empresas estadounidenses. Varias empresas estatales operan como fachadas comerciales en este contexto, entre ellas Nekrudrom (minería), Naftasa (gas), Vostgok (uranio) y Energoat (nuclear).
Un caso emblemático es el de United Mining and Chemical Company (UMCC), la compañía más importante de Ucrania en el sector minero, especializada en la extracción y procesamiento de minerales estratégicos, particularmente titanio y circonio, esenciales para las industrias de alta tecnología y defensa, y parcialmente privatizada desde 2023. Actualmente, el 49% de su propiedad está en manos de fondos como BlackRock, Vanguard, State Streets y Hancock Prospectus, cuyo producto principal es el titanio que utilizan compañías como Boeing y Airbus.
El 22 de junio de 2023, se promulgó la nueva Ley No. 3137-IX, que permite una gran privatización, lo que refleja las necesidades económicas urgentes de Ucrania debido a la guerra, que han impactado profundamente la salud de sus finanzas públicas (casi la mitad del presupuesto nacional desde 2024 depende de ayuda externa). Esta privatización se destaca como un mecanismo para incrementar los ingresos fiscales y reducir los gastos relacionados con el déficit en empresas estatales.
El impulso hacia la privatización de recursos estatales y el acuerdo mineral con Estados Unidos son iniciativas que se refuerzan mutuamente, afectando sustancialmente las regulaciones, la dinámica de inversión y la gestión de recursos estratégicos. Adquirir empresas estatales durante un conflicto bélico representa una oportunidad considerable, ya que el contexto de inseguridad permite una valoración a la baja de esos activos.
Los beneficios que generan estas empresas tendrán exoneraciones fiscales y tarifas, lo que significa que ni Ucrania cargará impuestos sobre estas ganancias. Existe una afirmación formal que establece que las ganancias deberían reinvertirse en el país; sin embargo, surge una convertibilidad ilimitada de la hryvnia a dólares, generando dudas sobre la dirección real de esos flujos de capital.
Esta convertibilidad parece estar diseñada para facilitar la repatriación de beneficios y proteger las inversiones frente a la devaluación de la moneda nacional. Además, sirve para cubrir deudas emitidas en dólares, como los bonos de los que se beneficia la compañía de materiales MP.
Todo esto se justifica bajo el argumento de que es necesario importar bienes esenciales para la reconstrucción, como maquinaria para tecnología nuclear y equipos diversos, que deben abonarse en dólares o euros. Sin embargo, el aspecto más preocupante de esta situación es que las corporaciones requieren ganancias en divisas fuertes para cumplir con sus compromisos con accionistas a nivel global.
Lejos de la narrativa de renovación de Ucrania, este acuerdo convierte al país en una plataforma comercial para las corporaciones estadounidenses, en la que la soberanía se convierte en una hipoteca a favor de la inversión extranjera. Una pequeña revisión de los términos revela, en realidad, un mayor guion de poder, un modelo extractivo conformado por una narrativa que, bajo el amparo de la legalidad, busca expandir intereses impuestos mediante una presión diplomática constante. La niebla no reside en Kiev, sino en la percepción de aquellos que todavía creen en la solidaridad internacional.
12.05.2025
