La jornada de caos y violencia que vivió Río de Janeiro el martes, que dejó al menos 132 muertos, entre ellos cuatro policías, 113 detenidos y un despliegue de 2.500 militares, constituyen una trágica confirmación de lo que advertía a principios de año el informe Riesgo Político América Latina 2025: El crimen organizado se ha convertido en el mayor riesgo político de la región.
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Operativos contra bandas criminales en Río de Janeiro. Foto:AFP
La megaoperación policial, que se convirtió en la operación anticrimen más mortífera de la historia de Brasil, tenía como objetivo capturar a Edgar Alves de Andrade, alias Doca, jefe del Comando Vermelho (CV), el segundo grupo criminal más poderoso de Brasil y el principal de Río de Janeiro con 30.000 hombres en sus filas, que tuvo su origen en una prisión durante el régimen militar.
La acción se concentró en las favelas de Penha y Alemão, donde viven casi 300.000 personas. Pero lo que comenzó como una “operación de contención” acabó derivando en enfrentamientos de una violencia sin precedentes que Provocaron más un conflicto armado que una operación policial en la que los delincuentes utilizaron drones cargados de explosivos de una forma sin precedentes para defenderse.
Pero a pesar de las numerosas detenciones y muertes, Alves de Andrade logró escapar y se temen represalias, ya que la CV advirtió que “reforzarán el ejército narcotraficante” y “vigilarán” los bosques de los complejos de favelas en cuestión.
“Ningún delincuente importante en Brasil vive en una favela” Ricardo Balestreri, exsecretario nacional de seguridad pública de Brasil y que trabaja a nivel federal y estatal en este campo, se pronunció esta semana criticando la lógica de combatir el crimen organizado en las operaciones y advirtió que las facciones se están enriqueciendo y infiltrando en las instituciones.
“Combatir el crimen de esta manera es como hacer masa para un pastel: cada vez será más grande. El discurso de las autoridades es que ‘esto es mejor que no hacer nada’, que no pueden ‘quedarse impasibles’, pero en realidad no hacen más que montar un espectáculo. La única consecuencia es el pánico entre la población humilde y trabajadora.”, añadió Balestreri.
Una mujer llora mientras descargan los cuerpos después de una cirugía en Río de Janeiro. Foto:AFP
Por su parte, Thiago Amancio, consultor senior de riesgos políticos, regulatorios y de seguridad de Control Risks, advirtió que “el verdadero problema de esta operación fue su ejecución: un acto de poca inteligencia y mucha brutalidad que no hace que Río sea más seguro”.
Y la operación fue fuertemente cuestionada por organizaciones de derechos humanos y por el Alto Comisionado de la ONU, Volker Türk, quien pidió una investigación completa sobre las acciones de la policía, ya que los familiares de las víctimas y los residentes de la zona afirman que la policía vino a matar.
El verdadero problema de esta operación fue su ejecución: una operación con poca inteligencia y mucha brutalidad que no hace que Río sea más seguro.
Thiago AmancioConsultor senior de riesgos políticos, regulatorios y de seguridad en Control Risks
La importancia de la seguridad en Brasil
La magnitud de la violencia en Río llega apenas unas semanas después La COP30, que Brasil acogerá en Belém, apenas un año antes de las elecciones parlamentarias de 2026. En este contexto, el gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva buscó desmarcarse de la operación, coordinada sin consulta por el gobernador del estado de Río de Janeiro, el bolsonarista Cláudio Castro, deplorando la brutalidad de los enfrentamientos y subrayando que no había recibido ninguna solicitud de apoyo, al tiempo que recordó que el fuerte nivel de seguridad pública del estado se encuentra entre ambos niveles de gobierno.
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“En ningún estado del país, ya sea de derecha o de izquierda, los gobernadores piden permiso o consultan al presidente antes de realizar una operación policial. Sin embargo, como la seguridad pública es una de las principales preocupaciones de los brasileños, la presión por el fatal desenlace de la operación ejerce presión sobre el poder ejecutivo”, explica Amancio, destacando que, históricamente, Lula -que anunció sus intenciones de presentarse a la reelección- y la izquierda han sido criticados por su supuesta falta de firmeza contra el crimen, mientras que la derecha tiende a capitalizar políticamente el discurso de “mano de hierro”, algo que resuena en una parte del electorado.
Cadáveres en el complejo Penha, en Río de Janeiro, tras la operación contra el Comando Vermelho. Foto:AFP
“Sin embargo, aún es pronto para decir que este episodio tendrá un impacto decisivo en la política nacional. Lo que está claro es que revela la fragilidad del modelo de seguridad pública en Brasil, y es algo que está ganando cada vez más peso en el debate político”, señala el experto.
El crimen organizado pasó de ser un fenómeno criminal a uno político en la región
Pero CV y su principal rival, el Primer Comando de la Capital (PCC), son sólo la punta del iceberg de una tendencia continental.
Desde México hasta Guatemala, Honduras, Costa Rica, Panamá, pasando por Ecuador, Perú, Paraguay, Venezuela o BrasilEl crimen organizado ya no es un fenómeno criminal, sino político: controla territorios, dicta regulaciones locales, imparte “justicia”, recauda “impuestos” (extorsiones) y reemplaza al Estado en la provisión de orden, factores que revelan el grado de erosión del monopolio estatal del poder en grandes áreas urbanas y rurales de América Latina, así como la creciente capacidad de los grupos criminales para actuar como “poderes paralelos del Estado” compitiendo con el Estado legítimo.
Estas bandas criminales combinan el tráfico de drogas, el contrabando de armas, la extorsión, el transporte ilegal, la trata de personas y cada vez más una “gobernanza criminal”: mediación de conflictos, castigo, seguridad privada y control social.
En consecuencia, ya no se trata de grupos improvisados, sino más bien organizaciones que tienen alta sofisticación militar y tecnológica, Estructuras empresariales criminales con jerarquías, franquicias, sistemas contables y presencia transnacional.
De México a Guatemala, Honduras, Costa Rica, Panamá, pasando por Ecuador, Perú, Paraguay, Venezuela o Brasil, el crimen organizado ya no es un fenómeno criminal, sino un fenómeno político.
Según InSight Crime, Colombia, con una tasa de homicidios del 25,4% –equivalente a 13.393 asesinatos en 2024, la cifra más baja de los últimos cuatro años– no es inmune a esta grave amenaza. Pese a la disminución del total nacional, en varias regiones se registra un aumento de los asesinatos vinculados al crimen organizado. A esto se suma la reactivación de los enfrentamientos entre grupos armados en el Catatumbo, zona estratégica en la frontera con Venezuela y uno de los principales centros de producción de cocaína del país, que ha vuelto a incrementar la violencia y las víctimas. Asimismo, el país no escapa a los tentáculos de las organizaciones brasileñas.
¿Qué vínculos tiene Comando Vermelho en Colombia? Foto:
Niveles muy altos de violencia interna azotan a los países latinoamericanos
América Latina tiene una característica paradójica: combina un bajo nivel de conflicto interestatal con altos niveles de violencia intraestatal. Según InSigth Crime, en 2024, 121.695 personas fueron asesinadas en la región, lo que eleva la tasa promedio de homicidios a alrededor de 20,2 por 100.000 habitantes, casi tres veces y media más que el promedio mundial.
Esta violencia estructural no se explica únicamente por la desigualdad o la pobreza: también responde a una disputa directa sobre control del territorio y de ingresos ilegales, contra estados débiles, divididos o capturados por intereses mafiosos.
Y aquí es importante señalar que cuando un grupo criminal puede desafiar abiertamente al Estado con armas pesadas, coordinación táctica y capacidades de comunicación en tiempo real, lo que estamos enfrentando es una amenaza política y estratégica, muy alejada del modus operandi del crimen común, donde la línea entre la seguridad pública y la seguridad nacional se vuelve borrosa.
El crimen organizado amenaza la gobernabilidad democrática
El crimen organizado amenaza no sólo la seguridad de los ciudadanos, sino también la gobernabilidad democrática, la competitividad económica y la imagen internacional de los países latinoamericanos. Asimismo, socava la legitimidad del Estado al dejar a las comunidades más pobres en la incredulidad y el abandono; desgarra el tejido social, donde el miedo y el chantaje se vuelven parte de la rutina; y ahuyenta el turismo y la inversión y desvía recursos públicos hacia la seguridad reactiva en lugar de políticas de desarrollo.
A esto se suma la creciente infiltración de dinero del narcotráfico en la política y las campañas electorales.
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El resultado es un círculo vicioso de colapso institucional: Estados que no controlan su territorio, policías infiltradas, sistemas de justicia amenazados y sociedades atrapadas entre la violencia y la impunidad. Una auténtica metástasis que, según estimaciones del BID, puede reducir el crecimiento económico de los países hasta un 3,4%.
La sangrienta tragedia que vivió Río de Janeiro esta semana confirma que el crimen organizado se ha consolidado como el principal riesgo político y la mayor amenaza a la gobernabilidad democrática en América Latina. Hoy en día, esta gobernanza ya no se cuestiona sólo en los colegios electorales o dentro de las instituciones, sino también en las calles y barrios de las ciudades y regiones más grandes, donde el Estado se ve cada vez más desafiado por organizaciones criminales con un alto poder de fuego y estructuras cada vez más sofisticadas.
Por tanto, esta tragedia no debe verse como un drama exclusivamente brasileño, sino como una campana de alerta para toda América Latina. Refleja el avance de “poderes paralelos” que operan con poder de veto sobre el Estado, control territorial e influencia institucional.
La estrategia policial de Río de Janeiro para la “Operación Contención”. Foto:Cortesía de O Globe
Millones de ciudadanos viven bajo su dominio y pagan el precio máximo: la ausencia del Estado, la decadencia social, el debilitamiento de la democracia y la peligrosa normalización de la violencia como parte del paisaje cotidiano.
La sangrienta tragedia que vivió Río de Janeiro esta semana confirma que el crimen organizado se ha consolidado como el mayor riesgo político y la mayor amenaza para la gobernabilidad democrática en América Latina.
Por lo tanto, las democracias latinoamericanas enfrentan una encrucijada crucial: o son capaces de responder a esta gran amenaza -con respeto irrestricto a los derechos humanos y el estado de derecho, a través de políticas integrales que articulen seguridad, inteligencia, justicia social e integración económica-, o la región permanecerá atrapada en un ciclo de guerra urbana que erosiona su legitimidad, Destruye su cohesión social y pone en riesgo su futuro democrático.
DANIEL ZOVATTO
Especial para EL TIEMPO
* Director y editor de Radar Latam 360
