¿Por qué los exámenes médicos rechazan el empleo?

Ocho días se han cumplido desde el martes, marcando un periodo de protestas realizadas por empleados, asistentes, analgésicos, técnicos, soldadores, electricistas y empleados generales en el sector de hidrocarburos. Estas manifestaciones han llevado al bloqueo de las vías en Chichimene, Akacías y Castilla, que se localizan en líneas Meli.

Los bloqueos, que comenzaron el 21 de abril, están afectando el derecho al trabajo de aproximadamente 3,741 individuos, según Ecopetrol, como se reportó en . Estas personas laboran para los contratistas y la reconocida compañía petrolera colombiana.

Además, la compañía ha subrayado que estas acciones dañan a las empresas que proporcionan servicios, cuyas finanzas dependen de la continuidad en la operación de la industria. De acuerdo con la Cámara de Petróleo, Gas y Energía Colombiana (Campetrol), la situación se torna insostenible.

Posición de Ecopetrol ante las protestas

Ecopetrol ha manifestado que los bloqueos obstaculizan el desarrollo normal de sus operaciones y la implementación de los proyectos vitales que la empresa lleva a cabo en la región afectada.

De igual forma, estas manifestaciones están generando consecuencias económicas significativas para las localidades de Acacías, Guamal y Castilla la Nueva. Esto se extiende no solo al departamento del Meta, sino también a nivel nacional, puesto que la reducción en la producción conlleva un descenso en los ingresos derivados de las tarifas por licencias.

Origen de las protestas: exámenes médicos

El director de la Asociación de Empleados (Uso) en El Meta, Camilo Acero, ha señalado que la raíz de estas protestas se debe a que las empresas contratistas requieren que los empleados se sometan a una serie de exámenes previos a su empleo, entre los cuales dos son fundamentales: las tomografías computarizadas (CT) y las imágenes de resonancia magnética.

Acero explicó que, dado que los contratos suelen tener una duración de dos a tres meses, los empleados se ven expuestos a esta radiación en múltiples ocasiones a lo largo del año. Anegados por estos exámenes, muchas veces, los trabajadores no son empleados y, por ende, deben volver a realizarse estos análisis de salud. De este modo, la seguridad laboral parece convertirse en una incertidumbre constante.

Asimismo, Acero condenó que los empleados se ven forzados a la situación de que “si los resultados de los exámenes o las imágenes de resonancia magnética no son óptimos, son contactados por la institución de salud que los atiende (IPS) y se les exige un pago que oscila entre dos y cuatro millones de pesos para cambiar el concepto.”

En resumen, según un abogado de Acero, los empleados han expresado su agotamiento ante la exposición continua a la radiación y la extorsión de la que son víctimas: “Por esta razón, se necesita crear un espacio para el diálogo y la voluntad, que permita regular estos exámenes para garantizar la conexión adecuada entre los empleados y las compañías petroleras.”

Desde Ecopetrol, han aclarado que estos exámenes son fundamentales para evaluar la salud y las competencias de los empleados, y asegurar la integridad no solo de ellos, sino también de terceros en el cumplimiento de sus actividades laborales, conforme a lo dictado por el artículo 4 de la Resolución 2346 de 2007 del Ministerio de Protección Social, así como a otros estándares pertinentes.

Por otro lado, Ecopetrol ha explicado que cada contratista tiene autonomía técnica y administrativa para llevar a cabo sus propios procesos de selección.

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