¿Qué decisiones legislativas caerían de acuerdo con la decisión del Tribunal Constitucional?

Tres meses han transcurrido desde que se emitió la orden interna, y el tribunal constitucional ha tomado la decisión de restringir su alcance. Este enfoque se centra en confirmar exclusivamente las medidas relacionadas con la situación humanitaria inmediata y la reciente violencia que afecta el conflicto entre el Eln y la oposición de las FARC. Antes de que se tomara esta decisión, algunas de las ordenes emitidas por el gobierno, que buscaban extender las medidas temporales, podrían perder su relevancia.

El tribunal ha desestimado todas las medidas que se basan en problemas estructurales de largo plazo, tales como la presencia de cultivos que no pueden ser habitados, las necesidades básicas insatisfechas de la población ocasionadas por políticas sociales insuficientes y la falta de energía e infraestructura en las carreteras.

Es importante mencionar que la administración de Gustavo Petro no tomó la decisión de expandir el alcance a 90 días en relación con 11 decisiones legislativas emitidas dentro del marco de su gobierno; sin embargo, esto establece un contexto más amplio sobre las acciones empresariales y legislativas aplicadas en este ámbito.

Algunas de las decisiones prolongadas por el gobierno incluyen las implementadas por un solo oficial para Catatumbo, un plan permanente destinado a mitigar el choque, así como una prohibición del transporte terrestre en la región y otros asuntos relacionados con la emergencia causada por la presencia del Eln, lo cual ha llevado a la transferencia de hasta 60,000 personas afectadas por la crisis.

¿Qué medidas se derogarán?

Sin conocer la sentencia que emitirá el tribunal constitucional, y en virtud de lo que se ha discutido en la Corte Suprema, parece casi seguro que la Orden legislativa 180 será una de las que se verán afectadas. Esta habla sobre medidas específicas para fortalecer las economías legítimas relacionadas con el intercambio voluntario de cultivos ilegales, lo que, según el gobierno, ha permitido que 2,701 núcleos familiares se beneficien de pagos humanitarios condicionados.

Dentro de este paquete legislativo, la decisión 134 también podría ser afectada, ya que confirma la restricción sobre el mercado y distribución de sustancias con el fin de evitar su empleo en la producción de clorhidrato de cocaína. El argumentario del gobierno se basa en que “la persistencia de las acciones por parte de las agencias armadas ilegales, junto con el uso de economías ilícitas como método de financiación, requiere la continuación de las medidas establecidas”.

La decisión contenida en el decreto legislativo 121 también podría influir. Este decreto otorga al Ministerio de Vivienda, al de Ciudad y Territorio, la responsabilidad de manejar proyectos de acceso a agua potable y sanamiento básico (APSB), para garantizar la continuidad de la provisión de estos servicios. La Comisión ha señalado la necesidad de sustentar estas medidas debido a que las dificultades para acceder a estos servicios persisten, en gran parte debido a cambios en las regulaciones públicas en diversas áreas.

La perspectiva del gobierno

La Ministra de Justicia, Angela María Buitrago, considera que al analizar el planteamiento expuesto por el tribunal en su declaración, es fundamental observar que se deben atender las demandantes necesidades energéticas provocadas por la violencia en los municipios donde se está implementando el shock, así como financiar adecuadamente las necesidades humanas y de seguridad que se requieren.

Sin embargo, Buitrago también enfatiza que esto implica la necesidad de “eliminar la economía ilegal que manejan las organizaciones criminales” y mantener la “prohibición de precursores o gasolina utilizados para la producción de drogas”.

Según Buitrago, si no se logran abordar estos puntos, las comunidades afectadas no tendrán la oportunidad de regresar a sus tierras “debido a que la decisión de ciertas organizaciones criminales es permanecer en áreas donde la violencia ha traído consigo beneficios”, comentó en una entrevista en Blu Radio.

“No entendería esto como una simple declaración. En el fondo de lo que expresa el tribunal están las razones relevantes para decidir sobre la rebelión interna y las razones de carácter compartido. El Tribunal sostiene que la conmoción debe ser considerada desde los derechos institucionales y por eso se busca la paz en un contexto de violencia persistente. Tendríamos que esperar a que la sentencia conceda más claridad en el futuro”, concluyó.

¿Qué sucederá con las medidas fiscales?

Otro aspecto que suscita preocupación es el futuro de los efectos fiscales asociados con el shock. En particular, se evalúa el impuesto al valor agregado (IVA), que se sitúa alrededor del 19 por ciento, para actividades relacionadas con juegos y azar, así como un impuesto especial aplicado en Catatumbo a los productos derivados de carbohidratos y carbón que se establece en un 1%, ya sea en la primera venta o en la exportación, entre otros impuestos.

De acuerdo con el exdirector Carlos Alberto Zambrano, las regulaciones fiscales continuarán vigentes, mientras no haya interferencias por parte de grupos armados ilegales. Esto incluye posibles ataques contra poblaciones civiles y las dificultades humanitarias que surgen de estas situaciones.

“Considero que estas decisiones son válidas y están a la espera del pronunciamiento del Tribunal Constitucional, dado que están directamente relacionadas con la necesidad de asegurar condiciones favorables para los residentes afectados y la necesidad de ejercer una mayor autoridad gubernamental en áreas que han sido declaradas como traumáticas desde el punto de vista interno.”, manifestó.

De acuerdo con las autoridades fiscales nacionales y el Director de Aduanas (DIAN), las medidas fiscales que se implementaron bajo el nombramiento 175 de 2025, en el contexto del shock interno del estado en la región de Catatumbo, permanecerán vigentes hasta el 31 de diciembre de 2025, garantizando su continuidad durante el año.

Sumado a esto, se ha reportado que la recaudación de impuestos alcanzó un total de 108,933 millones de pesos en los dos primeros meses tras la declaración.

A pesar de que el gobierno no ha precisado cuánto espera aumentar con estas medidas, fuentes del Museo Económico estiman que podrían generar alrededor de 3 mil millones de pesos en el marco fiscal vigente.

Juan Pablo Penagos Ramírez

Político