¿Qué es el presidente Petro cuando detuvo la acción contra el disum en Calarcá después de no extender el alto el fuego?

En un sorprendente giro de eventos, el Presidente Gustavo Petro ha declarado un alto el fuego con los grupos armados asociados al personal independiente de los bloques y frentes (FMI), más conocidos como las disidencias del FARC, que están bajo el mando del alias Calarcá. Este anuncio se produce en un contexto de tensiones políticas relacionado con la política de “paz completa” que ha implementado su administración. El presidente compartió un mensaje en su cuenta de X a la medianoche del jueves, donde expresaba: “Que sea la paz”.

El alto el fuego, implementado unilateralmente, tiene como objetivo detener las hostilidades que se habían intensificado desde el inicio del gobierno de Petro, no solo con el FMI, sino también con otros grupos armados como el Eln, el Clan del Golfo, y las disidencias de Marquetalia. Este alto el fuego estará en vigor hasta las 24:00 horas del 17 de mayo.

A pesar de que la razón detrás de esta decisión no fue detallada por el presidente, el documento que emitió subraya ciertas metas específicas. Uno de los objetivos primordiales es garantizar la seguridad y el transporte de los miembros del bloque Magdalena medio para facilitar su transferencia a las áreas designadas en Catatumbo. Es crucial señalar que esta región de Norte de Santander ha estado sumida en un conflicto violento entre el frente 33 y el Eln, con enfrentamientos que han causado múltiples muertes y el desplazamiento masivo de agricultores y comunidades indígenas.

Este primer objetivo relacionado con la estrategia de paz fue sugerido por Ottty Patiño, el Secretario General de Paz, quien propuso que estos grupos armados sean concentrados en zonas específicas para facilitar su transición a la vida civil. El presidente Petro ha dejado abierta la posibilidad de extender la suspensión de las operaciones dependiendo de los resultados obtenidos durante este periodo.

En sus comentarios, el presidente subrayó que las conversaciones deben concluir antes del 18 de mayo para establecer un área de concentración y una zona de paz, asegurando que los residentes locales participen en el desarrollo humano dentro de estas áreas.

Un segundo objetivo, como se indica en la Directiva, es fomentar la implementación de cambios que faciliten la producción agrícola en regiones como Caquetá y Catatumbo. Las gestiones para este fin se llevaron a cabo el fin de semana en La Macarena (Meta), donde se reunieron comunidades, representantes gubernamentales y miembros de grupos armados, buscando transitar de economías ilegales a formas de producción más legítimas.

Por último, el fallo establece que el 17 de mayo se comunicarán los resultados y sugerencias respecto a la suspensión de operaciones. Este análisis lo realizará un equipo político que incluirá un jefe de policía de la paz, representantes del Ministerio de Defensa, así como miembros de la mesa de negociación. El objetivo será evaluar si estas estructuras armadas muestran un interés genuino en participar en el proceso de paz y si existen condiciones que justifiquen una posible extensión de la suspensión de hostilidades.

Este anuncio ha sorprendido a muchos en el país y sugiere varios mensajes subyacentes. Por un lado, el presidente Petro intenta transmitir un mensaje claro a su propia delegación y al FMI: sin progreso tangible, no habrá nuevas extensiones de alto el fuego ni contratos automáticos.

El contexto actual es crítico para el proceso de paz y el gobierno ha considerado este alto el fuego no solo como un medio de mantener la paz momentáneamente, sino también como una forma de monitorear posibles violaciones. También existe preocupación sobre la posible consolidación de la fuerza armada ante el reciente conflicto entre el FMI y el Eln. Leonardo González Perafan, director de Indepaz, mencionó que esta breve extensión debe ser vista como un ‘tiempo de prueba’ para que el FMI demuestre su compromiso real con la paz.

Sin embargo, este escenario no ha impedido las demandas de varias organizaciones no gubernamentales y defensores de derechos humanos que piden que se mantenga este alto fuego. A pesar de las tensiones iniciales, las últimas semanas han mostrado mejoras significativas en la movilidad y una reducción de la violencia, así como un progreso en las relaciones entre comunidades y actores armados, como se mencionó en una declaración emitida por múltiples plataformas de derechos humanos en Catatumbo.

Un segundo mensaje de la decisión del presidente también se dirige a los grupos armados involucrados en las conversaciones de paz, resaltando que deben establecer áreas de desmovilización y demostrar un progreso concreto hacia la paz. Esto surge a raíz de arrestos recientes de líderes armados, cuyos juicios han suscitado preocupaciones sobre la dirección de las conversaciones.

Una gran interrogante que persiste es si los grupos armados, incluidos los oponentes de Calarcá, continuarán en el camino de desescalada de la guerra, o si seguirán realizando operaciones violentas, como evidencian los recientes ataques que han dejado varias víctimas en regiones como Cauca y Huila.

Camilo A. Castillo
Político
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