¿Qué futuro tiene en el Senado?

12 Las preguntas sobre la consulta popular que el gobierno busca revivir parte de su reforma laboral, tras la reciente derrota en la Comisión del Senado, se centrarán en el primero de mayo, en el contexto del Día del Trabajo. Este evento tendrá lugar en la Plaza de Bolívar de Bogotá, donde el presidente Gustavo Petro dará un discurso y presentará el texto que acompaña la consulta.

Este desarrollo marca el inicio de un nuevo pulso en el ámbito político y legal que se convertirá en el primer tema de la agenda nacional. En un plazo máximo de 30 días, el Senado deberá decidir si están de acuerdo con que el pago del trabajo en domingo, así como las vacaciones, sea del 100% y el tiempo de trabajo nocturno a partir de las 6 de la tarde.

No hay votos para aceptar la consulta popular o para negarla

La primera ronda de debates tendrá lugar en el Senado, donde el cuerpo legislativo solo podrá decidir si el pedido de consulta se lleva a cabo o no, sin tener la capacidad de modificar el contenido de las preguntas presentadas. Este proceso es prioritario para el gobierno, que actualmente cuenta con un capital político significativo ligado a esta consulta, especialmente considerando que las reformas de salud están en un estado crítico, con solo un tercio de las discusiones avanzadas. El gobierno necesita al menos 53 votos para lograr una aprobación, una tarea que no parece sencilla. En este momento, la situación es delicada y tanto la oposición como los aliados del gobierno carecen de los votos necesarios, lo que implica semanas de maniobras y estrategias políticas.

A pesar de que el gobierno sostiene que el Senado no puede rechazar el derecho del pueblo a exigir sus derechos laborales, los opositores y miembros de la propia comisión resaltan que no es un proceso adecuado en el contexto actual del Senado.

“En todas las plazas públicas del país, el 1 de mayo, millones de personas estarán demandando mejoras para la fuerza laboral, esperando que el Senado apruebe la consulta popular. Esto se convierte en una espada de Bolívar para la ciudad,” manifestó el presidente Petro en una publicación reciente.

El Ministro del Interior, Armando Benedetti, también se pronunció sobre el tema, cuestionando quién en el Senado podría atreverse a否 denegar al pueblo la oportunidad de opinar sobre ciertas leyes.

Por otro lado, Cepeda, entre otros, argumenta que es más eficaz y económico implementar proyectos de ley que conduzcan a mejoras para los empleados, como los que ha propuesto el Partido Liberal.

“Este camino es más corto, apresurado y menos costoso. Recordemos que la consulta tiene un costo estimado de 700,000 millones de pesos, recursos que actualmente no están disponibles,” señaló el presidente del Senado.

Algunas voces críticas, como la del exministro Juan Camilo Restrepo, señalan que la solución para recuperar las condiciones laborales no es a través de una consulta, dado que otros métodos de participación han fracasado en el pasado. “No veo un futuro claro para esta consulta, especialmente considerando los costos exorbitantes involucrados,” afirmó Restrepo.

“Aunque la consulta popular es un mecanismo válido según la Constitución, no parece prudente llevarla a cabo en un contexto electoral. La proximidad de las elecciones puede restarle seriedad a la consulta popular y a su implementación,” advirtió el cardenal Luis José Rueda Aparicio, líder de la jerarquía eclesiástica en Colombia, en una entrevista reciente.

Dudas sobre preguntas populares sobre consultas

Las diez preguntas planteadas la semana pasada por los ministros del Interior, Armando Benedetti, y el de Trabajo, Antonio Sanguino, podrían sufrir modificaciones. Por ejemplo, se menciona a los jóvenes en relación con los acuerdos de aprendizaje de tránsito, pero se ha señalado que también se debe considerar a las personas mayores.

Sin embargo, más allá de estos detalles, existe una preocupación generalizada sobre cómo están formuladas las preguntas, dado que, según la información actual, parece que estarán orientadas a que el voto sea favorable.

“En esencia, la propuesta del gobierno presenta mejoras muy limitadas en términos de su impacto en el mercado laboral. Afecta a un segmento entre 8 y 10 millones de empleos formales en Colombia, dejando de lado a 12 millones de trabajadores informales y cerca de 3 millones de desempleados. Las reformas están diseñadas para que aquellos ya empleados formales obtengan más beneficios y garantías,” expresó la representante de la Cámara Catherine Juvinao del partido Verde Alianza.

En la misma línea, el ex presidente del Tribunal Constitucional, Alejandro Linares, comentó: “No es el caso de que los votantes deban elegir entre opciones equivalentes, sino que se trata de un llamado para que los votantes respalden las propuestas que el gobierno ha presentado con fuerza y que pretende continuar adelante.”

A medida que las semanas avanzan, se desarrollará un debate intenso en el Senado. Aunque tiene el poder de aprobar la consulta, también tiene el derecho como uno de los cuerpos públicos de negarla.

En caso de que el Senado rechace la consulta, el gobierno tendría tres meses para convocar a la ciudadanía. Para que la consulta sea válida, necesitarían salir a buscar la participación de 13’600,000 ciudadanos, un número superior a los votantes que apoyaron al presidente Petro en 2022.

Mateo García

Centro

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