Este miércoles, la Corte Suprema emitió una orden que ha impactado significativamente el ámbito político del país. En virtud de esta decisión, el ex presidente de la Asamblea, Nombre de Iván (Green Alliance) y Andrés Calle (Partido Liberal), fueron apresados y se les ha proporcionado una medida de aseguramiento en el contexto de una investigación más amplia llamada Unidad nacional para el control de desastres (Descuento). Esta acción ha generado una avalancha de reacciones y discusiones en diversos sectores de la sociedad.
Los mencionados parlamentarios son los primeros funcionarios en ser involucrados en este escándalo, que ha levantado un mar de críticas. Según los testimonios aportados por Olmedo López y Sneyder Pinilla, director y ex subconector de la UNGRD, se ha afirmado que recibieron un total de 4,000 millones de pesos: 3,000 millones para el nombre de Iván y 1,000 millones para Andrés Calle. Estos pagos fueron hechos supuestamente a cambio de promover una agenda gubernamental durante su proceso legislativo.
El proceso judicial en torno a Agoras surge por el presunto soborno y corrupción, que llevó a un colapso en los presupuestos a tercera parte. Este caso no solo ha manchado la imagen de los implicados, sino que también ha traído a la luz la gravedad de los actos irregulares que pueden ocurrir en el seno del poder político.
Olmedo López y Sneyder Pinilla, quienes participaron en el escándalo de corrupción de Agrd.
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Curulas futuras de Nombre de Iván y Calle
Las regulaciones sobre la participación de parlamentarios en casos penales son bastante estrictas. Según lo estipulado en la Constitución Política y en la Ley 1475 de 2011, cuando un miembro del parlamento se ve formalmente vinculado a casos penales por delitos de corrupción o relacionados con el control público, se activa la figura conocida como “silla vacía”, lo que impide que su lugar sea ocupado por un colega del mismo partido. Esto garantiza que no haya reemplazo en caso de condenas relacionadas con la corrupción.
Es fundamental destacar que “en ningún caso, aquellas personas condenadas por delitos comunes relacionados con vínculos, promoción o financiación de grupos armados ilegales, tráfico de drogas, o cualquier actividad ilícita que socave la administración pública, podrán ser sustituidas”, reafirma la ley.
El Partido Liberal ha enfrentado pérdidas significativas, incluido el escaño del fallecido diputado del Senado Mario Castaño.
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La Magna Carta estipula además que “no pueden ser reemplazados aquellos que estén formalmente vinculados a casos penales por la comisión de tales crímenes”, lo que incluye cualquier acción que atente contra los derechos humanos.
En consecuencia, el Partido de la Alianza Green es ahora responsable de asumir las consecuencias de acciones de sus miembros como el Sr. Iván y la Sra. Sandra Ortiz, además de otros involucrados en este escándalo. Se ha recomendado enfáticamente que no acepte a familiares en las listas para las próximas elecciones en el Parlamento. (…) En este escenario, ya se está proyectando la creación de una “silla vacía” tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes, como mencionó el diputado del Senado, Ariel Avil, al hablar de la situación actual.
Por lo tanto, el Senado se verá disminuido a 104 escaños (incluyendo los costos del fallecido Rodolfo Hernández) mientras que la Cámara queda con 187 representantes.
El nombre de Iván y Andrés Calle fueron tomados para casos jóvenes.
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Camilo A. Castillo
Político
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